"Telón de olvido en el caso Atilano"

Secrecía que apesta a impunidad

 

 

 

Llama la atención que la Fiscalía General de Sinaloa mantenga la reserva que desde octubre de 2014 ordenó la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre la carpeta de investigación del asesinato de Atilano Román Tirado, líder del movimiento rural de desplazados de la presa Picachos. Ya no debiera ser secreto de Estado sino emblema de la voluntad por castigar crímenes con probable móvil político.

 

Es de pensarse que al anterior gobierno estatal le convenía ocultar el expediente al tratarse de un luchador social que le significó no la piedra sino la roca en el zapato, pero cuál sería la justificación ahora del ostracismo extendido del Ministerio Público sobre ese hecho de alto impacto que apuntó la anatema de la duda hacia el Palacio de Gobierno.

 

Clasificar bajo reserva la indagatoria, si es que en realidad existe, alimenta la conjetura social de la justicia a la medida de cada quien, según sea el tamaño político, económico o criminal del que contraviene la ley. La opinión pública sabe que las fiscalías se han convertido en antesala de la impunidad sin que sea necesario agregar evidencias que apuntalen dicha percepción.

 

Atilano Román se confrontó en varias ocasiones con el gobierno estatal, debido a que rechazó las soluciones que le ofrecía Mario López Valdez para finiquitar las protestas de los desalojados del polígono en que se asentó la presa Picachos. Incluso el primero de abril fue encarcelado como parte de la represión a campesinos que bloqueaban la carretera México 15.

 

Desde el momento que encabezó el movimiento por liquidaciones justas a los desalojados de la Picachos se supo que su vida corría peligro. Una amalgama de riesgos de tipo criminal y político le estaba midiendo la bala en la frente. Además, la resonancia del crimen fue mayor por ocurrir mientras transmitía al aire un programa radiofónico.

 

El defensor de los desplazados dejó testimonio en una entrevista grabada, la cual concedió como parte de una tarea dejada a estudiantes, de que el gobierno en turno había buscado la intervención de una célula del crimen organizado para que lo asesinara, azuzándolos con el argumento de que Atilano quería que entrara el Ejército a la sierra del sur de Sinaloa.

 

“Hace aproximadamente cinco años que el gobierno ha utilizado a la delincuencia organizada, y eso que el mismo gobierno me lo ha reconocido, o sea, hay una comunicación permanente entre gobierno y delincuencia organizada, a mí me ha tocado vivir esa comunicación... La delincuencia organizada, por intrigas del mismo gobierno, nos ha querido arrebatar la vida a los principales líderes de los pobladores, diciendo que los líderes estábamos pidiendo la intervención del Ejército en contra de la delincuencia organizada. Bendito sea Dios, siempre en ese tipo de gente, siempre hay... Investigaron antes, y se dan cuenta que estaban siendo engañados por el gobierno con el fin de perjudicarnos”, plasmó en el audio.

 

Hoy encriptada en los sótanos de la Fiscalía, la causa penal refrenda la misma apreciación ciudadana que dominó hace cuatro años. La impunidad alienta la teoría del crimen de Estado y si el órgano de procuración de justicia quisiera desvanecer tal vox populi tendría que esclarecer el caso en vez de sepultarlo junto a la víctima.

 

Pero no. Reservar la información relativa a la investigación solo es un aviso de la impunidad garantizada por una o más décadas. Es lo que sucede cuando matan a actores sociales relevantes: primero el estruendo de las balas y después el trueno de la indiferencia que aniquila toda ilusión de justicia.

 

A ver qué día el Fiscal Juan José Ríos Estavillo decide quitarle el candado a las pesquisas del caso Atilano Román. O a revelar por qué el secreto sin que medien las circunstancias legales que respaldan la reserva. A ver cuándo.

 

Re-verso

Sinaloa se queja en vano,

Cuando la sangre desborda;

Gritos que no oye, de plano,

La justicia ciega y sorda.

 

Circo gratis

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alexsicairos@hotmail.com