¿Tenemos los recursos necesarios para enfrentar la crisis de desapariciones en México?

Ante la crisis de desapariciones que se vive en México desde hace casi dos décadas, una de las preguntas principales que se hace es sobre la voluntad de Estado para enfrentarla. Sin negar que la voluntad política es necesaria, una pregunta más urgente es si el Estado tiene la capacidad para hacer frente a las más de 127 mil personas desaparecidas y para lograr que los más de 70 mil cuerpos sin identificar vuelvan a casa.

Precisar la pregunta sobre la capacidad del Estado es cuestionarnos, en primera instancia, sobre las herramientas y los recursos que se tienen, para después de ello evaluar si estos están utilizándose del modo adecuado.

¿Tenemos los recursos necesarios para enfrentar la crisis de desapariciones? La respuesta no es sencilla, pues tiene varias aristas. La primera es saber hasta dónde abarca el sentido de enfrentar la crisis de desapariciones; es decir si se refiere a atender el fenómeno actual -encontrar a todas las personas, dar identidad y devolver a casa a los cuerpos sin nombre que son buscados por alguien, lograr justicia y verdad- o si quiere decir prevenir que más desapariciones ocurran.

Las respuestas son relevantes y existen vasos comunicantes entre ellas. Por ejemplo, uno de los mandatos del informe para México del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas fue el de contar con una política de prevención de las desapariciones. La definición de qué implica prevenir las desapariciones se encara a la disyuntiva antes expuesta, pues no es lo mismo diseñar una política pensando en espacios de cuidado locales o difusión de información sobre qué hacer ante una desaparición, a diseñarla pensando en la impunidad como un factor que genera incentivos para desaparecer personas, o incluso en cómo el modelo de seguridad da un marco para que los delitos como la desaparición puedan suceder más.

Volvamos a la pregunta: ¿tenemos los recursos necesarios para enfrentar la crisis de desapariciones en México? La respuesta más precisa es que tenemos recursos -limitados y no del todo bien distribuidos- para tres labores: 1) buscar a las personas desaparecidas, 2) investigar los delitos de desaparición y 3) para labores de identificación humana de los cuerpos sin identificar en el país.

Estos recursos están distribuidos en dos tipos de instituciones: comisiones de Búsqueda y fiscalías, las cuales tendrían que coordinarse para poder encontrar a todas las personas que nos faltan y lograr justicia y verdad sobre por qué nos hicieron falta. Esta precisión es relevante porque discutir sobre cuántos recursos hay para las personas desaparecidas está -según el diseño actual de la política que familiares y organizaciones lograron exigir al Estado en su conjunto- pensado en las labores más urgentes y relevantes de localización, justicia y verdad, no de todo lo que tendría que ser una política de Estado para la prevención y atención de las desapariciones en México.

Con todas estas limitaciones políticas, los recursos aún son insuficientes. Las instituciones de búsqueda no existían antes de la Ley General en materia de Desaparición (1), y si bien en términos históricos han tenido un alza relevante -con aumentos del rango del 70 poer ciento de 2019 a 2020- en los últimos cinco años estos presupuestos se han estabilizado a la baja, con aumentos y disminuciones de alrededor del 5-10 por ciento y con una clara pauta: los recursos para las Comisiones de Búsqueda locales se mantienen, mientras que la labor federal de búsqueda se reduce paulatinamente.

Antes del decreto del Ejecutivo federal para adecuar el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda, su presupuesto iba a ser -8 por ciento que el del 2024, con un total de 97 millones de pesos. Tendremos que esperar para ver cómo esas tendencias se revierten a lo largo del año, debido al decreto antes mencionado. Las otras fuentes presupuestarias -en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el presupuesto de la Fiscalía General de la República en la materia- mostraron ligeras, pero sentidas disminuciones (de alrededor del -1 por ciento en ambos casos) de cara a 2025.

El problema técnico-presupuestario estriba aquí en los recursos del FASP y buena parte del presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda es el que dota de recursos a las entidades federativas, donde la mayor parte de los casos de desaparición tiene competencia. Y -como mostramos en nuestra más reciente investigación sobre presupuesto forense en los estados- estos recursos son difícilmente utilizados en proyectos estatales que miren a un proceso completo de búsqueda, identificación, notificación y restitución sin una claridad política entre las entidades y la Federación (2).

Entonces, ¿faltan recursos para atender la crisis de desapariciones y forense en México? Sí, muchos recursos, pues estos no aumentan al nivel que aumentan los fenómenos que quieren atender. También faltan instrumentos de política pública -como un programa presupuestario forense que alinee infraestructura, recursos, objetivos y resultados entre Federación y entidades- y, sobre todo, una rectoría política que muestre la prioridad del Estado mexicano para que encontremos a las personas desaparecidas y que todos los cuerpos vuelvan a casa. Estos esfuerzos deben estar informados por la escucha de las familias de personas desaparecidas, quienes tienen las respuestas a muchas de las preguntas que no se han hecho desde los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal y estatales.

La disyuntiva existe: administrar la ocurrencia de las desapariciones y a las víctimas, o bien volver a fijar el rumbo en una apuesta decidida por elevar la rectoría política para encontrar a todas las personas que nos faltan. Los signos sobre qué rumbo tomará la actual administración son contradictorios.

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El autor es Ángel Ruiz Tovar, investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

1. Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, expedida en 2017 y reformada en 2022 para incluir el componente forense.

2. Crisis forense en México: presupuesto forense para entidades federativas, disponible aquí: https://fundar.org.mx/publicaciones/crisis-forense-en-mexico-presupuesto-para-entidades-federativas/