¿Tiene Sinaloa una policía informática? Parece que no: crecen los ciberdelitos

A Sinaloa le hace falta una verdadera y eficaz policía cibernética que actúe contra el catálogo de delitos cometidos a través de plataformas y aplicaciones digitales, con tal perfección el modus operandi criminal que las víctimas siguen cayendo en redes de extorsión y fraudes. Bueno, se supone que ya existe, pero pocos la conocen en su existencia y resultados, más allá del número telefónico que solamente ofrece orientación de cómo denunciar estos ilícitos ante el Ministerio Público.

Poco mencionados en los indicadores de incidencia criminal, los delitos informáticos están a la orden del día y aquellos que los cometen van muchos pasos adelante de las instituciones responsables de investigarlos y castigarlos. Los ciberinfractores cazan en Internet a sus presas, los meten en esquemas de manipulación mental o beneficios subliminales, soltándolos hasta que quedan atrapados en el espacio virtual y los atracos son consumados.

La preocupación por este modo de delincuencia sin rostro o rastro se puso sobre la mesa del Congreso del Estado desde 2017 por el entonces presidente de la Comisión de Seguridad, Marco Antonio Osuna Moreno, que propuso crear la Unidad de Prevención Cibernética argumentando que el 68 por ciento de ciudadanos que tienen acceso a Internet han padecido algún daño por suplantación o robo de identidad.

Pero luego nada sucedió, excepto que el cuerpo de investigación y acción ministerial haya nacido en tal secrecía que ni los altos mandos de seguridad pública fueran enterados. A lo que se sabe, el resto de las bancadas de la 63 Legislatura echaron abajo la propuesta alegando que no había recursos públicos disponibles para nuevas áreas de seguridad pública.

Este desdén a crear la policía cibernética en Sinaloa, o en caso de existir fortalecerla como la incidencia de los delitos se robustece, beneficia a las bandas cada día más organizadas y de consecuencias para la población que crecen al mismo ritmo que las omisiones gubernamentales. De momento la percepción generalizada es que los maleantes del ciberespacio disponen de permisibilidad e impunidad para operar sin barreras jurídicas de contención.

Van algunos casos de este mes de septiembre: El supuesto servicio de taxi Uber llegó a las puertas de su casa a recoger la computadora que el joven había anunciado en venta a través de Facebook y que un sujeto ofreció adquirirla sin hacer el pago correspondiente. “Vengo por el equipo y no me muevo de aquí hasta que me la entregues”, dijo el mensajero mientras el presunto comprador presionaba mediante llamada telefónica: “ya dimos con tu domicilio, más vale que obedezcas o atente a las consecuencias”. La víctima les pidió ayuda a vecinos e hicieron que el “enviado” se fuera cuando llamaron a la policía y que el otro extorsionador diera por terminada la llamada.

En pleno viernes de fiestas patrias la mujer se quedó sin un centavo de efectivo en la bolsa y acudió a la banca electrónica para retirar los 9 mil pesos que la aplicación le autorizaba a disponer en un día. Ella permaneció en las instalaciones de la institución crediticia hasta que guardó 6 mil pesos en una parte de su pantalón y los 3 mil restantes los echó al bolso de mano. La operación transcurrió sin contratiempos, hasta que un sujeto se le emparejó al salir del banco ubicado casi en la contraesquina de plaza Cinépolis en Culiacán para exigirle, con un arma disimulada tras la ropa deportiva, que le entregara el dinero. Ella le dio los billetes que guardó en el bolso, pero el asaltante le mostró una copia del comprobante digital de la disposición de la cantidad completa. Le habían hackeado la aplicación y no tuvo de otra: entregó todo el dinero.

El vendedor anunciaba en su perfil de Instagram mesas de jardín hechas con herrería y trozos de azulejos que le daban el toque vintage, y establecía los mensajes de texto como forma de contacto. “Se verían muy bonitas en el patio de atrás”, le comentó el jefe de familia a su esposa y los dos acordaron comprarlas. El “fabricante” les pidió un anticipo por la mitad de los 5 mil 500 pesos, ofreció la entrega en una semana y les dijo que tenía el taller por la carretera a Navolato, antes de llegar a San Pedro. Todo bien hasta que a los tres días el “artesano” les habló de un gasto familiar imprevisto que le evitó comprar todos los insumos. “¿Me puede ayudar con otros mil 500 pesos de anticipo? No pude comprar el azulejo”, le rogó a la pareja que accedió a la petición y que nunca más volvió a saber de los muebles, del proveedor y ni localizaron la ubicación que les proporcionó.

Así están las cosas y es cuestión de seguridad estatal la concatenación de elementos humanos, recursos tecnológicos, voluntad política y Estado de derecho para evitar que la delincuencia informática prosiga enganchando a incautos que con todo y la campaña preventiva desplegada caen, como moscas en la miel, en estas redes criminales de incalculables confabulaciones y alcances. Y otra vez: si acaso la policía cibernética ya existe, hay que sacarla de donde está escondida, ponerla a trabajar y que dé a conocer sus resultados.

Criminales inundan la red,

Con sus virus maliciosos,

Que se esconden tras la pared,

De gobiernos perniciosos.

La red que deberíamos armar los maestros, padres de familia y ciudadanos es aquella que localice a alumnos de educación básica que abandonaron la escuela a medio proceso educativo, porque la emergencia sanitaria por la Covid-19 los colocó en el dilema de continuar o desertar. El tema lo llevó el lunes el periodista especializado en educación pública, Alejandro Luna Ibarra, a la conferencia de prensa semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya. Regresemos a los niños y adolescentes al plantel del que sólo pueden egresar una vez graduados.