Tijerazos a la Ley Orgánica de la UAS
Le cortan la no reelección y Tribunal
Antes de irse, en una sesión secreta que se realizó fuera del Palacio Legislativo, la 64 Legislatura le suprimió a la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el mismo día que la aprobó, los artículos que eliminaban la reelección de Rector, creaban el Tribunal Universitario y también trasquiló los requisitos de idoneidad para quien aspire a ocupar el máximo cargo de gobierno de la casa de estudios. La extraña osadía desconcertó a activistas y estudiantes impulsores de la reforma, que se sintieron utilizados y traicionados.
Lo más sorprendente es que ninguno de los diputados que participó en aquella encerrona del 20 de septiembre, donde se improvisó el salón de eventos Figlostase como sede del Congreso, le explicó a la opinión pública qué criterio, presión o interés medió para la reculada súbita en temas que le son a la Universidad como el agua al río. ¿De quién provino la idea de cercenar la Ley Orgánica mutilándole también gran parte de la expectativa en reformas de fondo?
Podría ser lo más grave el giro sorpresivo a una ley que parecía consensuada en sus términos originales, pero tampoco es menos alevoso el hecho de que el Congreso se haya apartado de las aspiraciones del movimiento estudiantil y académico que libró largas jornadas para que la UAS contara con la norma interior que fortaleciera la educación de mejor calidad, el respeto a las libertades, la transparencia en el manejo de recursos públicos y paridad de género de los órganos de dirección.
¿Qué fue lo que pasó aquel día donde los asambleístas salieron de la sede parlamentaria huyendo de la presión que ejercían el encargado del despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, y sus huestes pasistas para tronar la nueva Ley Orgánica? Es la incógnita que refiere no el resultado aprobatorio sino lo que se manejó tras el telón al dar marcha atrás en preceptos cruciales y aparte celebrar con bombo y platillo que salió adelante el correspondiente decreto.
Lo único que está claro es que fue el Diputado José Manuel Luque quien al presidir la Comisión de Educación Pública y Cultura presentó en lo particular modificaciones al dictamen que suprimieron al Tribunal Universitario que la haría de contrapeso frente a conductas abusivas que, tal como ocurre hoy, atentan contra los derechos fundamentales de trabajadores y estudiantes uaseños, así como la reelección por una sola vez del Rector en funciones. ¿En qué sustentó esto o a quién se le ocurrió el madruguete a dicha parte sustancial de la nueva Ley Orgánica?
Casi dos semanas después nadie lo sabe, pues el silencio en lugar de clarificar los propósitos viene a recalcar las sospechas. Poca atención se le está poniendo al daño colateral de dejar en situación de vulnerabilidad a quienes impulsaban los preceptos claves que resultaron ignorados, dejando a los estudiantes y maestros activistas a merced de la persecución contra trabajadores y alumnos que arreció de parte del área jurídica de la UAS por el ajuste de cuentas que instrumenta Robespierre Lizárraga.
Sin demérito de lo logrado con la nueva Ley en materia de paridad de género; paridad universitaria; gradualidad en la gratuidad de la educación superior; elección democrática de autoridades universitarias por voto libre, secreto y directo, y eliminación de los elementos que constituyan discriminación hacia las mujeres, sustituyéndolos por sustantivos colectivos y lenguaje incluyente, entre otros avances, de cualquier forma prevalece el desperdicio de la oportunidad para eliminar la reelección siendo que es el germen de cacicazgos cuya prolongación le significan mayor afectación académica, económica y moral a la UAS.
O la desconcertante decisión de impedir la existencia del Tribunal Universitario que sea contrapeso del Consejo Universitario cuando opere en contra de principios y valores que son la razón de ser de la Universidad, o defienda de ataques de funcionarios a estudiantes y trabajadores porque en ejercicio de sus derechos exhiben o le echan a perder negocios a la corrupción organizada enquistada en el espacio rosalino. El Congreso remarcó la vulnerabilidad en que se halla ahora la comunidad universitaria que sufre la represión y prepotencia de quienes se resisten a reinstalar el modelo de Universidad democrática, crítica y popular.
La premeditada operación para frustrar la no reelección e impedir la implementación del Tribunal Universitario requiere de la justificación convincente de quienes la operaron. Dejar pasar tan enorme omisión constituye burla para la comunidad universitaria que imaginó una reforma a la Ley Orgánica de la UAS completa y por lo tanto a salvo de tijerazos de última hora que delatan quién sabe cuáles apetitos.
Las diputadas y los diputados que la aprobaron están obligados a limpiar las huellas de aquel aquelarre sórdido del 20 de septiembre.
La reforma universitaria,
Fue un ejercicio muy bonito,
Que la tijera parlamentaria,
Lo tradujo en el ya merito.
Cuando el 27 de septiembre el Gobernador Rubén Rocha Moya regresó al Congreso del Estado con observaciones el decreto de Ley Orgánica de la UAS, que una semana antes había aprobado la 64 Legislatura, alentó la expectativa de que las correcciones serían sobre las omisiones de la Cámara al permitir la reelección de Rector y frenar la creación del Tribunal Universitario, sin embargo, centró las adecuaciones en aspectos de alternancia, no restringir el derecho a aspirar a ser titular de Rectoría y no empatar las fechas para la elección de consejeros universitario y de Rector. Es decir, no intervino en cuanto al insólita recorte que los asambleístas le hicieron al proyecto originario. Y ahí vino un segundo golpe de frustración en los universitarios pro reforma.
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