Transparencia arruinada; los OIC también
Iniciativa Sinaloa: una lupa sobre lo opaco
Cuando más exánime se torna la transparencia en México por la aniquilación de las instituciones que la garantizaban, los Órganos Internos de Control tendrían que entrar al quite para que los golpes asestados a la rendición de cuentas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no acaben institucionalizando la corrupción. Pero no, porque un estudio realizado por el centro de investigación ciudadana Iniciativa Sinaloa exhibe a los OIC con la debilidad crónica que se traduce en impunidad a perpetradores de delitos cometidos contra las finanzas públicas.
Estos no son los tiempos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información en el País ni en Sinaloa pues, al contrario, todos los factores y actores que están obligados a garantizar tales derechos se alinean en torno a la impunidad para los atracadores, en réplica de cómo los senadores y diputados federales, y congresos locales, se confabularon para facilitar vía libre a ilícitos como peculado, cohecho y desvío de recursos.
Es importante que haya mayor toma de conciencia en la sociedad respecto a lo grave del empañamiento abusivo de la lupa cívica que vigilaba, ya no, el gasto del dinero que todos aportamos vía pagos de un extenso catálogo de impuestos. Los Órganos Internos de Control apuntan a ser las próximas víctimas del carcomido Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, aunque éstos por inacción más que por demolición. Estamos por acercarnos al punto muerto donde los desfalcadores de erarios hasta lo hacían a la vista de todos, y lo presumían, sabiéndose parte de cleptocracias intocada por la Ley.
Los hallazgos de la investigación “Órganos Internos de Control, el eslabón débil de la lucha anticorrupción en Sinaloa”, arroja evidencias interesantes y sobre todo importantes. Se sustenta en la revisión de datos sobre denuncias y quejas recibidas del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2024 de un total de 58 entidades públicas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de los órganos autónomos del Estado, las universidades públicas autónomas y 18 ayuntamientos, a través de 457 solicitudes de información.
¿Qué resultó? Entre los descubrimientos relevantes están: sólo 6 de cada 100 reportes recibidos en los OIC concluyó en alguna sanción aplicada; el 0.63 por ciento de los reportes resultó en informes de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal de Justicia Administrativa; la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TJA ha impuesto sólo dos sanciones de 2019 a la fecha por faltas graves; un total de 5 mil 19 reportes fueron archivados por acuerdo de conclusión sin encontrar faltas administrativas, lo que significa el 30.4 por ciento, y además únicamente 10 denuncias (0.06 por ciento de los reportes) fueron turnados a la Fiscalía Anticorrupción para investigación de un presunto delito.
Sorprende también la omisión en que incurren el 23 por ciento de las dependencias integradas en la muestra por carecer del OIC y provoca perplejidad el caso de que de las 14 secretarías del Ejecutivo estatal nomás cuentan con dicha instancia las de Educación, Transparencia y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. “Llama la atención que secretarías tan importantes como Administración y Finanzas, Obras Públicas, Bienestar y Salud que hacen uso de recursos públicos, firman contratos y realizan convenios con otras entidades públicas y privadas por sumas millonarias, ninguna de ellas cuenta con Órgano Interno de Control para la fiscalización de sus recursos y procesos administrativos”.
Concluye la indagación de IS que una de las principales debilidades del Sistema Anticorrupción en Sinaloa son los Órganos Internos de Control tanto en su operatividad por baja eficiencia como por la falta de integración de varios de ellos. Y hace recomendaciones para que el Congreso del Estado y las demás entidades reanuden los procesos de designación pendientes, así como presenten reformas en la legislación respectiva para garantizar procesos de designación más abiertos y transparentes que garanticen los perfiles aptos de integridad y honestidad para llevar a cabo esta importante función de poner límites a faltas administrativas y posibles actos de corrupción.
También resuelve la necesidad de “elaborar un diagnóstico integral para conocer las causas de los altos niveles de impunidad administrativa que se reflejan en esta investigación, a fin de proponer los ajustes necesarios a la política anticorrupción en nuestro estado y podamos aspirar a contar con mejores instituciones públicas al servicio de los ciudadanos”.
Vale la pena leer el informe completo de este esfuerzo de Iniciativa Sinaloa que llega cuando más se necesita para despertar a los sinaloenses del letargo en que permanecen en cuanto a la defensa de sus atalayas cívicas. El derribamiento del edificio de rendición de cuentas que inició con el marrazo autoritario de la Cuarta Transformación contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, será una de las deudas que la historia hará pagar al régimen morenista. Si no, al tiempo.
Ahí está la consecuencia,
De malos Órganos de Control,
Que al morir la transparencia,
Ni siquiera sirven de farol.
Que justifiquen en el Congreso del Estado los diputados del Movimiento Regeneración Nacional y aliados por qué tiene que desaparecer la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública cuando con vida, ley y autonomía propia pondría la muestra de cómo Sinaloa siga en la ruta de la transparencia y combate a la corrupción. ¿Matar a la CEAIP sólo porque es moda federal el exterminio de estas trincheras ciudadanas que postulan la rendición de cuentas? Ya tenemos muchas convicciones cívicas muertas hoy, como para aniquilar otras.
