Estamos a las puertas de la transición gubernamental en Sinaloa y ya se han definido varios de los puestos claves en el gabinete del Gobernador entrante, Rubén Rocha Moya. En función de ese proceso de transferencia se adelantó la concertada renuncia del Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, aprobada por los representantes del Poder Legislativo el martes más reciente

    Los hechos gloriosos demandan reconocimiento y celebración, pero también los avatares aciagos reclaman perpetuarse en la memoria ciudadana como una forma de evitar que se repitan en la historia de una nación o de una comunidad. Así se explica que en Culiacán se conmemore el 29 de septiembre, fecha de su fundación, pero también se justifica que se recuerde cada 17 de octubre como “el día que perdimos la ciudad”, tristemente estigmatizado como “el jueves negro”, o “el día del culiacanazo”.

    Me tocó escuchar algún comentario desaprobatorio en torno a los actos y referencias que tuvieron lugar esta semana en recordatorio de aquel día cuando los culiacanenses, incluyendo a las fuerzas policiales y armadas, fueron rehenes de los sicarios del crimen organizado. La objeción apuntó en el sentido de que no tenía caso incrementar la “mala vibra” que priva en el ánimo citadino ante una violencia que parece empoderarse en el país, y ante la cual Sinaloa y Culiacán no son inmunes.

    Como consta en los registros, aquel trágico y azaroso trance fue originado por un atropellado operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, y que tuvo como colofón el sometimiento de la suprema autoridad del país, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso la liberación incondicional del detenido, lo cual se consideró como una humillante resolución, pero que se justificó por ser la única alternativa para apaciguar la plaza y evitar un “baño de sangre”.

    Fue el tributo causado por un craso error policial que sacó a luz el envolvente poder del Cártel de Sinaloa, y dejó la impresión de que esa organización se mantiene aparentemente serena porque tal vez se encuentra satisfecha en sus ilícitos requerimientos, pero que al defender sus intereses muestra los recursos bélicos y logísticos para someter en cuestión de minutos a una ciudad como Culiacán.

    Acaso esa aparente serenidad se traduce como un estado de paz condicionada a conveniencia del crimen organizado, pero el caso es que, en los registros del Inegi, publicitados esta semana, la capital sinaloense no figura entre las ciudades cuyos habitantes se declaran atribulados por la violencia. Esta revelación no deja de ser alentadora, sin embargo, el recuerdo de aquel “jueves negro” debe mantenerse latente en la memoria como un timbre de reflexión para evitar errores como el que detonó aquella que fue una de las experiencias más aciagas para los culiacanenses.

    Estamos a las puertas de la transición gubernamental en Sinaloa y ya se han definido varios de los puestos claves en el gabinete del Gobernador entrante, Rubén Rocha Moya. En función de ese proceso de transferencia se adelantó la concertada renuncia del Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, aprobada por los representantes del Poder Legislativo el martes más reciente.

    Ayer se publicó la convocatoria a la presentación de solicitudes de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, el cual podría ser asumido por una mujer, y en ese caso se advierte como viable la posible propuesta de Sara Bruna Quiñónez, acreditada como la “Jueza de hierro” por su determinante actitud en contra de los delitos presuntamente cometidos por funcionarios de la administración de Mario López Valdez, y los cuales fueron exonerados mediante el pago de ínfimas cantidades de dinero a título de reparación de daños.

    Los hechos registrados anteayer en la sindicatura de Tepuche revelan que en el municipio de Culiacán la situación actual dista de ser uniforme en el área urbana y en la rural, pues mientras la percepción ciudadana en Culiacán no acusa una consuetudinaria y alarmante presencia de la violencia, las comunidades del campo y de la sierra se encuentran atosigadas por la extorsión de los grupos criminales que están provocando una patética emigración poblacional, lo cual se constata en la aparición de pueblos fantasmas.

    Este ominoso panorama mueve a esperar que la inminente designación del Fiscal General corresponda a la persona más identificada con la idoneidad para un puesto de tal trascendencia.

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