Tal como habían anticipado las comunidades yucatecas que se oponen legítimamente al megaproyecto Tren Maya, el Presidente Andrés Manuel López Obrador echó mano del acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre de 2021, para decretar la obra ferroviaria como “asunto de seguridad nacional” con lo cual se saltarán diversas disposiciones legales, ambientales y de derechos de los pueblos y comunidades que se verán afectadas con este proyecto.
Con el decreto del pasado 21 de julio, el Presidente López Obrador considera que el “Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio” e invoca el Artículo 28 de la Constitución para declararlo de seguridad nacional y justificar así la expropiación de los terrenos por donde se construye este megaproyecto: “el Artículo 28 constitucional, en su párrafo cuarto, señala expresamente que ‘...los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación’”.
Con estas decisiones tomadas desde lo más alto del Poder Ejecutivo, el actual gobierno considera cumplidos todos los trámites por lo que acelerarán la obra. El gobierno de la Cuarta Transformación, y en especial el Presidente, ha desestimado y estigmatizado a quienes se han opuesto a este megaproyecto, bajo el argumento de que el Tren Maya llevará progreso y crecimiento a la Península de Yucatán.
Como asentó en el decreto que declara el Tren Maya asunto de seguridad nacional: “El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región”.
Y empeñado en que tiene la razón, el Presidente y su Gobierno han desestimado todas las críticas y cuestionamientos a este megaproyecto y ha descalificado a los opositores tildándolos como “pseudo ambientalistas”. “Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudo ambientalistas, financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera del pasado 31 de mayo.
Con estas descalificaciones, López Obrador pone en el mismo saco a opositores sistemáticos a su proyecto como el empresario Claudio X. González, críticos de ocasión como el comediante Eugenio Derbez, organizaciones ambientalistas profesionales y a las comunidades y pueblos que residen y reproducen su vida en el territorio de la Península de Yucatán.
Una de estas organizaciones es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, que se define a sí misma como “mujeres y hombres mayas de diferentes comunidades de la Península de Yucatán, mayormente ejidatarios y campesinos que ven afectados el territorio Peninsular por megaproyectos implementados por empresas que al clásico modo conquistador llegan a arrebatar nuestras tierras para desarrollar su negocio”.
En ningún modo se les puede descalificar como “pseudo ambientalistas”, como hace el Presidente, y mucho menos ponerlos en el mismo costal de los “conservadores” que se oponen a su proyecto por motivos políticos y económicos.
Las mujeres y hombres mayas de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y otras comunidades que se organizan por su cuenta, cuestionan y se movilizan legítimamente por la defensa de su territorio. Mientras que para el presidente el Tren Maya “llevará” progreso y desarrollo económico a la Península, para los defensores del territorio implica un riesgoso megaproyecto que les puede acarrear despojo de sus tierras y medios de reproducción de la vida.
Así lo proclama la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch´ Xíinbal: “No luchamos por alguna negociación por el precio de la tierra, nuestra tierra no es negociable, no queremos ser despojados de ella porque es la fuente de nuestra vida, de nuestra alimentación, de nuestro aprendizaje, de nuestra lengua y cultura, por eso no podemos estar fuera de ella ni permitir que sea lastimada”.
En un pronunciamiento contra el Tren Maya, los integrantes de esta asamblea cuestionaron el megaproyecto: “Exigimos al Gobierno federal que respete nuestro territorio y los recursos naturales que lo integran, que no se continúe con la destrucción de las selvas desplazando animales de su hábitat con el pretexto de desarrollar el sur del país, un falso desarrollo que nos quieren vender como bienestar y justicia social, pero que solo traerá destrucción y más pobreza en las comunidades mayas, ya que este megaproyecto insignia del presente sexenio incluye la construcción de 19 polos de desarrollo, que utilizará grandes cantidades de tierras ejidales y que ya está generando problemas entre los habitantes de las comunidades, ya que utilizan la estrategia de dividir y enfrentar a los ejidatarios entre sí, para facilitar el despojo legal” (https://bit.ly/3BMcV25).
Desde la academia solidaria con las comunidades se han estudiado las implicaciones que podrían acarrear un megaproyecto como el Tren Maya.
Giovanna Gasparello, antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), planteó: “Los ejes del megaproyecto Tren Maya consisten en ‘ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible’ (Sectur y Fonatur, 2020). Más allá de ser un servicio de transporte férreo y corredor turístico, el proyecto contempla ‘reordenar’ el territorio que atravesará e integrar a otras regiones a partir del impulso a la industria energética, la agroindustria y el desarrollo tecnológico, en especial en función de la industria turística. A lo largo de la vía férrea está planeada la construcción de 12 paraderos y 19 estaciones, que ‘formarán parte de polos de desarrollo’ de hasta mil hectáreas, lo cual implica la creación de nuevos núcleos urbanos o expansión de las urbes ya existentes”.
Es decir, para las comunidades que viven en la Península de Yucatán, este megaproyecto implica el reordenamiento total de la región, con nuevos asentamientos poblacionales que implican una presión sobre los bienes comunes como agua, tierra, alimentos y servicios, y la llegada de dinámicas de acumulación de capital que trastornarán sus modos independientes de reproducción de la vida. Estas transformaciones auguran, además, la llegada de las redes de criminalidad, como ya lo hacen en otros centros turísticos del país. Por eso, las críticas y rechazo a este proyecto no puede ser juzgado sólo como “politiquerías de pseudo ambientalistas”, como alude el Presidente. Se trata de los pueblos que han defendido y protegido esas tierras ancestralmente, es decir, los auténticos ambientalistas.
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