Un cadalso premeditado para la Auditora.
Quirino y Salinas Pliego, ¿pero AMLO qué?

De antemano, la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, acudió el lunes a la cita con el Congreso del Estado como el sentenciado que sin posibilidad alguna de defensa propia enfrenta el juicio inapelable que le impone la máxima condena: la renuncia al cargo. Es que la bancada del Movimiento Regeneración Nacional necesita trofeos de caza política para ofrendarlos a su candidato a Gobernador, sin importar que esté en juego la indispensable neutralidad del Legislativo.

Despierta suspicacias el hecho de que en pleno proceso electoral se retome el tema viejo de la ASE distanciada de la auténtica rendición de cuentas. Podría ser inclusive que tenga razón el segmento parlamentario que quiere colgar en la plaza la cabeza de la Auditora como carnada que atrape votos, sin embargo, la coyuntura comicial pervierte todo reclamo al órgano fiscalizador y nada les costaba a los súbditos inquisidores esperar a que las aguas futuristas volvieran a sus cauces.

La Diputada Graciela Domínguez Nava, presidente de la Junta de Coordinación Política, simpatizante franca de Rubén Rocha Moya, encabezó la acometida que más que la intención de que clarifique el destino de recursos públicos parece contener el propósito del ajuste de cuentas. Félix Rivera, dijo la morenista, ha resultado poco objetiva y responsable, ha sobrepasado sus atribuciones, ha tratado en los hechos de ignorar la subordinación legal que debe por ley al Congreso y ha pasado por encima de la Cámara.

Desde que se instaló la 63 Legislatura el primer día de octubre de 2018, Morena puso en la mira a la ASE porque desde entonces necesita a dicha instancia como un ente servicial a la mayoría abrumadora que obtuvo el 1 de julio de ese mismo año, misma que se le ha ido diluyendo al paso del tiempo. Le quedan pocas semanas para concretar tal objetivo ya que en la votación del 6 de junio se definirá la integración del nuevo Congreso y el vaivén del sufragio no le garantiza continuidad en el control parlamentario.

Pero ahora es el momento oportuno de culpar a la Auditora de asuntos que el Congreso dejó pasar porque en tiempos no electores así convenía a sus intereses. Es el caso del estadio de futbol de Mazatlán cuya franquicia le entregó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel a Ricardo Salinas Pliego, el empresario consentido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que se dieron cuenta oportunamente del ventajoso beneficio al dueño de Grupo Azteca. ¿Y?

El trato privilegiado a Salinas Pliego sirve, ahora, sólo para el escándalo electoral. En todo caso tendría que ventilarse cómo el empresario reporta un crecimiento de sus ganancias del 30 por ciento en todos sus negocios en los años que van del sexenio de AMLO, con la infinita secuencia de interrogantes que lindan en la sospecha. Un caso emblemático que acaba de ventilar el diario estadounidense The Wall Street Journal denuncia cómo el magnate mexicano utilizó firmas fantasmas para obtener el control de Fertinal, la fábrica de fertilizantes que en 2016 fue vendida a Pemex a precios estratosféricos.

Con todo y que debe investigarse para detectar posibles actos de corrupción en la concesión del estadio de futbol de Mazatlán a Salinas Pliego, el expediente pasa obligadamente por la intervención del Gobierno federal avalando el trato. ¿O no fue López Obrador el que le entregó al propietario de Banco Azteca, mediante adjudicación directa, la administración de más de 25 millones de nuevas cuentas bancarias para manejar 300 mil millones de pesos de ciudadanos que reciben apoyo de los programas sociales del Gobierno federal?

Estos “detallitos” que Morena minimiza al apuntar el dedo acusador contra la titular de la ASE son los que conducen a conjeturar que más que una vocación por la transparencia y rendición de cuentas, se trata de una artimaña para que el tema del manejo irregular de las finanzas públicas, que le pega a Quirino Ordaz, sea arsenal político en beneficio de la campaña de Rubén Rocha Moya.

“Es muy preocupante, considera Graciela Domínguez, que asuntos que aunque sean verdaderos escándalos de la actual administración estatal, no tengan la correspondencia debida en los informes de cuenta pública”. Es verdad, pero ¿por qué acordarse de esto en pleno proceso electoral siendo que antes la bancada entera de Morena guardó silencio porque el benefactor es el empresario favorito del Presidente? ¿Acaso no es culpable también, por omisión, la complaciente Comisión de Fiscalización del Congreso que en su momento tampoco “vio nada, no detectó nada, ni escuchó nada?

Son preguntas que tendría que hacerse a sí misma la Santa Inquisición legislativa que ve a la Auditora Superior del Estado como merecedora de la hoguera política atizada por Morena para darle calor a la campaña de su candidato.

¿Quién por su buena voluntad,

Aceptaría la invitación,

De esa perversa inquisición,

Conociéndoles la maldad?

Mientras tanto, en el mismo tema de rendición de cuentas la coalición Va por Sinaloa presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral la queja por la Tahoe modelo 2021, valuada en más de un millón de pesos, que utiliza el candidato Rubén Rocha Moya para su campaña y que aparece a nombre de otra persona. La exigencia consiste en saber de dónde provino el dinero para comprar la camioneta. ¿Cómo pudo adquirir al contado el empleado de la empresa Housesin el costoso vehículo de lujo?