Una herramienta desde la experiencia de las familias de las víctimas

El 20 de enero de 2016, Raquel Hernández Puente recibió la llamada de su hijo Antonio, quien le comentó que unas personas se llevaron en una camioneta a su papá, Jorge Humberto Labastida García, cuando se encontraban esperando el camión para regresar a casa. Raquel inmediatamente habló a la policía, pero le dijeron que tenía que poner una denuncia por la desaparición de su esposo. Más tarde Raquel y su hijo acudieron a la Fiscalía a hacer la denuncia, ahí les dijeron que si tenían alguna información, les hablarían, y les pidieron que los dejaran trabajar.

En ese entonces, Raquel se encontraba recibiendo quimioterapia, seis meses antes le habían detectado cáncer. Ella recibía atención médica en una clínica del IMSS, pues él era empleado de la embotelladora “La Favorita”, desde hacía 19 años, y contaba con esa prestación. Cuando Raquel regresó a la clínica a los dos meses de la desaparición de su esposo para continuar con su tratamiento, le comentaron que ya no estaba vigente la prestación y no podía seguir recibiendo el tratamiento. Raquel buscó a las personas de recursos humanos del trabajo de Jorge y le comentaron que debido a que él dejó de presentarse, lo dieron de baja. Esto implicó que Raquel tuvo que pedir ayuda a familiares y amigos para poder seguir recibiendo su tratamiento.

La desaparición de personas en México es un tema cada vez más preocupante, que adquiere relevancia por el aumento en las cifras: se desconoce el paradero de más de 100 mil hombres y mujeres, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPEDNO).

Esta situación implica un desafío para las diferentes autoridades, quienes deben enfocarse en la búsqueda, la investigación, el acompañamiento y la identificación. De manera simultánea, la desaparición abre otras necesidades y procesos relacionados con las familias de las víctimas -como lo ilustra el caso de Raquel- en los ámbitos de su vida cotidiana, tanto civiles, mercantiles, fiscales y laborales, como otros que tienen que ver con la seguridad social.

A finales de 2017 se publicó la Ley General de Desaparición y en 2018 la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, con el objetivo establecer competencias, coordinación entre autoridades, obligaciones, acciones, responsabilidades, registros, participación de las familias y protección de los derechos de la persona desaparecida, entre otros elementos. Dichas leyes responden a las necesidades no solo de búsqueda e investigación en los casos de desaparición, sino además a las relacionadas con otros ámbitos.

Para resolver estos procesos, que pueden afectar todavía más a las familias de las víctimas, ellas, junto con las y los legisladores de Jalisco, personas especialistas en derecho, organismos de la sociedad civil y universidades como el ITESO, promovieron la expedición de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco (https://bit.ly/3HBhkqz). La ley se publicó el 22 de febrero de 2021 y conserva muchos derechos esenciales de las personas cercanas a las y los desaparecidos.

Con el fin de contribuir a la difusión de esta ley, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” (CUDJ) del ITESO elaboró, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la guía ciudadana Declaración especial de ausencia por desaparición de personas: qué es y cómo solicitarla. El documento tiene el propósito de proporcionar información sencilla, clara y útil sobre ese procedimiento.

A dos años de que se publicó la ley, y después de varias experiencias de acompañamiento, observamos que existen muchas dudas sobre la figura jurídica de la declaración especial de ausencia por desaparición. ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante solicitarla? ¿Para qué sirve y cuáles son sus efectos? ¿Qué requisitos exige y a partir de cuándo y dónde puede solicitarse? La solicitud, ¿tiene costo? Estas y otras preguntas son las que la guía ciudadana puede responder.

Esta guía contiene información sobre quiénes pueden solicitar la declaración de ausencia por desaparición, qué documentos son necesarios, los plazos y los pasos durante el proceso, los casos de excepción, las responsabilidades de las autoridades, la figura del representante legal y las medidas cautelares, entre otros temas. En sus anexos hay un formato de demanda para solicitar la declaración especial de ausencia por desaparición y también está la ley completa.

Toda la información se presenta con un lenguaje común. Creemos que esto le brindará a quienes la necesitan las certezas sobre esta figura jurídica, que durante varios años ha sido una exigencia de las familias de personas desaparecidas, quienes tuvieron una participación en la construcción de la ley.

Es importante destacar que, a pesar de la complejidad de este procedimiento, la declaración especial de ausencia por desaparición es una herramienta legal muy útil para proteger los derechos y los bienes de las personas que han sido desaparecidas, pues respeta la presunción de vida. Además, es un mecanismo que debe brindar a las familias de las víctimas la máxima protección y seguridad jurídica.

Esta guía será de gran utilidad para todas aquellas personas que padecen la desaparición de un o una familiar y necesiten información clara y precisa sobre la declaración. Es posible descargarla, de manera gratuita, en la página del CUDJ (https://derechoshumanos.iteso.mx), o desde la siguiente liga:

https://ite.so/declaracioneausencia.

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* La autora Alejandra Cartegena es Académica del Programa de Investigación sobre desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO de Guadalajara. Es abogada y maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO. Defensora de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, desde el año 2000 se ha especializado en el acompañamiento y litigio estratégico de casos de víctimas de desaparición, feminicidios, y violencias contra las mujeres, así como en la actualización y armonización de reglamentos, leyes y protocolos en estos temas. Ha sido integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y coordinadora del Programa de Acompañamiento de Víctimas de Violencia Sexual en Jalisco.