"Una Ley General de Educación de todos y para todos"

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La autoridad federal tiene hasta septiembre del presente año para publicar en el Diario Oficial de la Federación la legislación secundaria correspondiente en materia educativa, tras la reforma constitucional al artículo tercero en el pasado mes de mayo.

En ese sentido, es fundamental que la nueva Ley General de Educación (LGE) contenga todos los elementos necesarios para el sistema educativo incluyente al que aspiramos, pero esta ocasión, abordaré concretamente uno: garantizar una participación efectiva de todas y todos.

Para ello, la autoridad debe de promover la participación no sólo de pueblos y comunidades indígenas, como establece la ley actual, sino también de afromexicanos, docentes, familias, niñas, niños y jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y todos los actores sociales para la construcción de los modelos educativos, con el objetivo de reconocer la composición pluricultural de la nación.

De igual manera, es importante que la opinión de las niñas, niños y jóvenes sean consideradas y tomadas en cuenta para la realización de los planes y programas de estudio de los respectivos niveles educativos, así como de las adecuaciones curriculares que se efectúen, pues es su derecho ser parte de la educación que recibirán.

Otro aspecto que debe de considerarse es incluir la participación en el Sistema Educativo Nacional (SEN) de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil cuyo trabajo sea a favor del derecho a la educación, esto con el fin de que el SEN sea más participativo e incluyente.

Por último, se debe de fortalecer y mejorar la figura de los Consejos Escolares, Municipales y Estatales de Participación Social, pues son instancias que han empoderado a las familias y les ha permitido involucrarse de manera activa en los asuntos de las escuelas. La participación de las familias es crucial y genera múltiples beneficios para la comunidad escolar. Entre estos destacan un sentido de pertenencia, impulso de una cultura más democrática, la capacidad de enfrentar abusos, la discriminación y prevenir la violencia escolar, así como ayudar a la seguridad de las escuelas.

La educación es un proyecto social que debe construirse de manera colectiva, por lo tanto, requiere de una participación efectiva de todos los agentes de cambio, es decir, tanto de autoridades educativas, así como de niñas, niños, jóvenes, familias, docentes, personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores sociales.

La participación es un derecho y una necesidad democrática. Es, a la vez, una corresponsabilidad en la que todas y todos debemos de trabajar en conjunto, basados en el respeto y la comunicación para lograr objetivos comunes que impulsen el derecho a aprender y juntos lograr un sistema educativo equitativo e incluyente para las y los mexicanos.