Una ley pesquera sin dientes
El sector pesquero mexicano enfrenta un panorama incierto. La estabilidad de la pesca, actividad esencial para la seguridad alimentaria nacional, se ve comprometida por vacíos legales, la enorme discrecionalidad de las autoridades —que priorizan agendas particulares sobre procedimientos oficiales—, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, focos de corrupción y la incertidumbre de la crisis climática.
Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS), contrarió a unos de sus mandatos principales: contar con un reglamento específico que permitiera su correcta implementación en temas relevantes como el combate a la pesca ilegal, el ordenamiento de las actividades pesqueras, la restauración y recuperación de especies deterioradas y la mejora en el uso de artes de pesca, por mencionar algunos.
Una ley sin reglamento es un mandato sin reglas ni condiciones que garanticen su aplicación. Algo parecido a “tener que hacer algo, sin saber cómo hacerlo”. La falta de un reglamento no es un tema trivial, pues instrumentos de la política pesquera fundamentales para asegurar la sustentabilidad de la pesca no cuentan con directrices ni procedimientos para su realización y puesta en marcha, relegando su elaboración e implementación a la discrecionalidad de las autoridades pesqueras del gobierno federal.
La autoridad pesquera sigue aplicando el Reglamento de la Ley de Pesca — una ley derogada—, que, en consecuencia, no considera elementos ni instrumentos de la “nueva ley” (LGPAS) creada hace dos décadas. Es decir, se aplica el reglamento de una ley que ya no existe.
Tal es el caso de los Programas de Ordenamiento Pesquero concebidos en la LGPAS como el “conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos pesqueros, información histórica de niveles de extracción, usos y potencialidades de desarrollo de actividades, capacidad pesquera o acuícola, puntos de referencia para el manejo de las pesquerías y en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio”, que a pesar de su relevancia, no es posible aplicarlos ante la ausencia de un reglamento actualizado, pues el anterior ni siquiera los contempla.
Algo similar ocurre con la protección y recuperación de especies pesqueras. Mientras la LGPAS considera a las pesquerías en recuperación como aquellas que se “encuentran en deterioro y sujetas a un conjunto de medidas con el propósito de su recuperación”, limitando el otorgamiento de permisos y concesiones de especies en esta situación, la falta de un reglamento no especifica a quién corresponde, ni cómo se debe realizar, ni los plazos, metas y evaluaciones que se deben establecer para recuperar las pesquerías en malas condiciones.
En resumen, mientras el Gobierno federal no elabore y expida un nuevo reglamento a la LGPAS, la gestión de la pesca se alejará de la meta de sustentabilidad, mermando la importancia de la pesca para la seguridad alimentaria nacional, y seguirá sujeta a los intereses de la autoridad federal en turno, como ha ocurrido los últimos 19 años.
¿Qué tal si celebramos el 20 aniversario de la ley con nuevo reglamento?
