Gustavo Rojas / Ángel Leyva
Director general y director de investigación de Mexicanos Primero Sinaloa, respectivamente
@Mexicanos1oSin
www.mexicanosprimerosinaloa.org
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En Sinaloa el dinosaurio de la corrupción nos acaba de demostrar que sigue allí. La crisis se hizo pública con el anuncio de destitución de varios funcionarios de la SEPyC, al que se sumó la reciente renuncia del Subsecretario de Educación Básica, Horacio Lora. La causa de estas desvinculaciones es tan clara como lamentable. Las personas involucradas en esta red utilizaron sus cargos públicos para acceder a información privilegiada y manipular la entrega de plazas y horas a discreción y beneficio propio.
La rápida y enérgica respuesta del Gobernador Rubén Rocha confirió a este episodio una notoriedad pública no vista en gobiernos anteriores. Mientras por un lado se destacaban en los medios de comunicación y redes sociales las alternativas de la visita a Sinaloa del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, por otra parte se exponía en la conferencia de prensa semanal del Gobernador la existencia de esta red de corrupción en la SEPyC.
Los esfuerzos por abordar esta problemática tienen al menos 15 años. Desde el 2008, la Alianza por la Calidad de la Educación determinó la implementación de concursos de ingreso para acceder a plazas docentes. En 2013 esto sería un elemento central de una reforma constitucional, que obligaría a concursar todas las plazas, temporales y definitivas para el ingreso, promoción y reconocimiento de docentes, junto con la creación del Servicio Profesional Docente.
Estos cambios en la normativa permitieron iniciar ejercicios de transparencia y auditoría social nunca antes vistos, en los que se pudo conocer la profundidad del problema. Ese mismo año, gracias al Censo de Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial se determinó la existencia de 12 mil 028 registros irregulares en Sinaloa, entre los que destacaban comisionados, pensionados, jubilados, personas que habían renunciado y fallecido, así como adscritas en otros centros de trabajo.
Con el objetivo de corregir estas irregularidades -y el efecto negativo de este mal uso de fondos públicos en el bienestar y aprendizaje de los estudiantes- se creó el Sistema de Información y Gestión Educativa, un registro nacional de información para transparentar la nómina educativa, mejorar la gestión y operación escolar.
Este sistema avanzó con muchas dificultades y únicamente pudo actuar para transparentar la nómina de trabajadores financiada con recursos federales más no con los estatales. Como consecuencia, el problema persistió. Para el año 2017 la Auditoría Superior de la Federación encontró que en la nómina federal de trabajadores de la educación en Sinaloa, 607 personas recibían pago pero no fueron ubicadas en su centro de trabajo.
Con la llegada de la Cuarta Transformación al poder, nuevas reformas constitucionales reemplazaron el Servicio Profesional Docente por la Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En ambos casos, los sistemas resuelven la forma en la que los docentes postulan a las oportunidades de nuevo ingreso a plazas temporales y definitivas, así como a promociones verticales y horizontales. Pero no resuelven cómo se maneja la administración interna de las plazas que se van dando de baja en las entidades.
Es en estos espacios internos, altamente especializados, de acceso y manejo de una información poco conocida por el público y en un marco de gran burocratización, donde está la fuente y la oportunidad para la corrupción.
La destitución y renuncia de los funcionarios de la SEPyC muestra que la corrupción puede llegar a alcanzar las más altas esferas. Aún se desconoce si la red ya quedó completamente desarticulada y si el ex Subsecretario Lora es la figura de mayor responsabilidad en verse involucrada. Una investigación en curso en manos de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad podría arrojar nuevas sanciones y debiera dar a conocer los mecanismos que permitieron que estos actos ilícitos ocurrieran. De dichos antecedentes pudieran surgir rutas para que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa proceda contra posibles faltas perseguibles en lo penal.
Este lamentable episodio demuestra que acabar con la corrupción es difícil y trasciende la capacidad del sistema educativo. Hay cuestiones filosóficas y culturales profundamente enquistadas en la cultura y la burocracia de gobierno en sus múltiples niveles. Se requieren mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mucho mejor diseñados e implementados. Hace falta un sistema de información público, actualizado, oportuno y pertinente para conocer la situación del personal educativo en cada escuela. Y se requieren mecanismos de control y auditorías más robustos que incluyan no sólo la nómina federal, sino la transparencia y monitoreo de la nómina estatal. Encima de todo esto, el estado opera siempre a la sombra de la Federación.
¿Qué puede hacer Sinaloa? Para asegurar que este sea el caso, el Gobierno del Estado y el Congreso pueden valorar:
- Destinar recursos para realizar un censo de maestras y maestros que, siguiendo la metodología del CEMABE permita conocer la situación en la que se encuentran las escuelas, docentes y alumnos en el estado.
- Permitir la participación de testigos públicos en procedimientos como los procesos de asignación de plazas.
- Procesos de conciliación de plazas, con el fin de conocer y validar el monto y número de plazas ocupadas y vacantes
- Publicar la nómina estatal de docentes y la información relativa al movimiento de este personal entre escuelas.
- Asignar a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la responsabilidad de implementar un pase de lista para corroborar que las personas en la nómina educativa efectivamente laboran en su centro de trabajo.
- Identificar a la totalidad de responsables e implicados en la red de corrupción, estableciendo las sanciones correspondientes, y resarciendo el daño a las personas afectadas por las irregularidades.
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Los autores son Gustavo Rojas y Ángel Leyva, director general y director de investigación de Mexicanos Primero Sinaloa, respectivamente.
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