Nadie esperaba que cumpliéramos un año desde que se cerraron las escuelas en todo el país y tuviéramos que cambiar las aulas por modelos de aprendizaje a distancia. En su momento, esas medidas respondieron a la necesidad de mitigar la pandemia, sin embargo, actualmente mantenernos como estamos es insostenible. Las afectaciones que enfrentan las niñas, niños y jóvenes requieren urgentemente que el regreso gradual a la presencialidad sea una verdadera prioridad gubernamental.
Socialmente no se alcanza a visibilizar que los costos por mantener las escuelas cerradas serán mucho más altos que abrirlas. Debemos tener claro que la escuela no es sólo un espacio de conocimiento académico. Para muchos estudiantes es el lugar donde reciben la única comida nutritiva al día, un salvavidas contra el maltrato, la violencia y el trabajo infantil, un lugar para la convivencia con sus compañeros que favorece sus vínculos afectivos, emocionales y de aprendizaje. Aunado a lo anterior, existe numerosa evidencia acerca de la desmotivación, la tristeza y el cansancio de los alumnos al tener que trabajar a distancia o el estrés y dificultades que han tenido que enfrentar los docentes y familias.
Desde Mexicanos Primero Sinaloa hemos señalado en numerosas ocasiones que si no se toman medidas oportunas, el abandono escolar, la pérdida de los aprendizajes y las afectaciones a la salud mental y emocional de los estudiantes serán la causa de una crisis educativa.
Regresar a la presencialidad debe ser una prioridad, por lo tanto, es imprescindible que las autoridades educativas tomen decisiones y trabajen en definir un protocolo con enfoque de derechos, que permita asegurar las condiciones materiales y humanas para la salud y aprendizaje en las escuelas. No todos los centros escolares podrán estar abiertos, pero tampoco todos estar cerrados. Necesitamos criterios para que exista la presencialidad en todos aquellos espacios en los que sea posible.
El regreso presencial debe basarse en un diálogo constante, en el que cada escuela con el apoyo de las familias y estudiantes, tomen decisiones con base en sus contextos y necesidades. Este proceso de ninguna manera debe ser improvisado, y es responsabilidad de las autoridades actuar lo antes posible para dar claridad sobre los lineamientos de actividades presenciales tal como otros países de América Latina ya lo han hecho.
No olvidemos que la responsabilidad educativa corresponde al Estado, pero lograr que el derecho a aprender se vuelva realidad depende de todos. Espacios como los consejos de participación escolar estatales y municipales son instancias legalmente establecidas, conformadas por múltiples actores educativos y sociales que pueden participar para impulsar que la apertura presencial sea posible.
La autoridad educativa debe asumir el compromiso de brindar los espacios de atención y apoyo que a muchas niñas, niños y jóvenes les han arrebatado. Ya no podemos esperar. Trabajemos de forma inteligente y comprometida en lineamientos para el regreso presencial que permitan recuperar nuestras comunidades de aprendizaje. Sólo así podremos regresarle a toda esta generación la oportunidad de salvarse de una catástrofe educativa.
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