El pasado 30 de octubre, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó la Consulta Nacional para la Construcción del Nuevo Sistema de las Maestras y los Maestros. El ejercicio responde al compromiso del Gobierno federal de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una instancia cuestionada durante años debido a inconformidades relacionadas con los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento profesional.
Esta consulta representaba para muchos maestros una oportunidad para abrir una discusión más amplia sobre la carrera profesional de los docentes. También significaba abordar el reconocimiento de su trabajo, sus oportunidades de desarrollo y sus condiciones laborales. Era el momento de recuperar sus experiencias, identificar los problemas del sistema y plantear alternativas para una verdadera revalorización del magisterio. Sin embargo, el cuestionario de solamente siete preguntas recibió críticas por considerarse decepcionante, sesgado y tendencioso, y fue visto más bien como un instrumento para legitimar una decisión ya tomada.
La consulta no resultó pertinente para profundizar en diversos problemas que enfrenta el magisterio en su carrera profesional. Por ejemplo, desde hace años se exigen a las autoridades educativas mecanismos de ingreso al servicio docente justos y transparentes. Esto implica publicar oportunamente todas las vacantes disponibles, hacer públicos los listados de ordenamiento y respetar los resultados sin excepciones arbitrarias. Además, se requiere que los procesos sean confiables y que existan sanciones efectivas para quienes oculten vacantes o las asignen irregularmente, así como mecanismos para corregir errores administrativos que afecten a los participantes.
En materia de formación y desarrollo profesional, la discusión debería ir más allá de los títulos, cursos y constancias que permiten acumular puntos. La actualización docente tendría que representar una oportunidad efectiva para mejorar las habilidades docentes, atender las necesidades de los estudiantes y fortalecer la práctica pedagógica, considerando las diferencias entre contextos escolares. Esto supone identificar las necesidades de formación en las escuelas y generar espacios de acompañamiento e intercambio de experiencias entre docentes.
Respecto a las promociones e incentivos, persiste el problema de que algunos docentes cumplen los requisitos y obtienen resultados favorables, pero no reciben los beneficios debido a restricciones presupuestarias. Por ello, también es necesario asignar mayores recursos, transparentarlos y verificar la eficacia de los mecanismos de control para prevenir irregularidades en las evaluaciones y la asignación de incentivos.
Estos son algunos de los desafíos que se viven; sin embargo, no hubo oportunidad ni siquiera de expresarlos. El nuevo sistema debe construirse mediante una participación efectiva del magisterio, pero también con criterios técnicos sustentados en la experiencia docente y la evidencia nacional e internacional. Corresponde a las autoridades educativas definir y justificar esos criterios, así como explicar cómo sistematizarán las aportaciones del magisterio y cuáles incorporarán al nuevo sistema. Es necesario preservar el mérito profesional y revisar la pertinencia y ponderación de los elementos que actualmente se valoran, tales como la experiencia, conocimientos y aptitudes, así como mejorar los instrumentos de promoción y reconocimiento para que sean pertinentes, justos e imparciales.
No podemos regresar a mecanismos discrecionales y clientelares que tanto daño le hicieron al sistema educativo. México mantiene una deuda con la revalorización del magisterio. Reconocer la importancia de los docentes no puede limitarse al discurso. Las escuelas necesitan maestras y maestros bien formados, reconocidos y con certidumbre para ejercer su profesión.
La desaparición de la USICAMM debe acabar con las prácticas de favoritismo, discrecionalidad y corrupción, así como con las cargas burocráticas y la intervención política en la carrera docente. Si estos problemas permanecen, estaremos frente a un cambio de nombre y no ante una transformación sustantiva. La discusión de fondo es qué sistema queremos construir en su lugar y si realmente contribuirá a fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, porque de poco servirá sustituir una institución si ello no se traduce en mejores condiciones para el magisterio y en mayores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.
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El autor es director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa.