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Una muestra clara de las consecuencias de políticas ideológicamente abusivas de un gobierno como el de Venezuela, que, al destruir las fuentes de empleos e ingresos de las empresas nacionales y extranjeras en el país, han ocasionado un retroceso en el desarrollo, lo que se prueba con el desempleo, la inflación desbocada y la constante emigración de miles, tal vez millones de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, Brasil, Panamá, México y Estados Unidos.
Venezuela enfrenta en los tribunales internacionales de arbitraje múltiples juicios por empresas estatizadas, intervenidas o expulsadas por el gobierno, como Lufthansa de Alemania, Agroinsumos de España, SGU Corporation de Inglaterra, Koch Industries de Estados Unidos (ante quien Venezuela acaba de perder el juicio), y varias más, incluyendo también a Smurfit Holdings BV, filial holandesa de Smurfit Kappa de Irlanda; esta compañía fue confiscada por el gobierno venezolano acusándola de “abusos de posición dominante”.
Smurfit Kappa Carton (SKC) que daba trabajo a 1,600 empleados en Venezuela, inició juicio internacional de arbitraje por la pérdida de 60 millones de euros, según noticias de CIAR Global.
Un mal día, el 28 de agosto de 2018, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) de Venezuela, ordenó la “ocupación temporal de la empresa porque se han recibido denuncias recurrentes de la clase obrera por su práctica especulativa, incurriendo en el delito de boicot a la producción nacional, elevando los costos de múltiples productos”, y en la planta de Maracay, una “comisión” de la Guardia Nacional Bolivariana tomó las instalaciones.
Ante esa interferencia del Gobierno, la empresa declaró que “ya no sería responsable del uso de sus instalaciones, maquinaria y equipo, la seguridad de sus empleados, impacto ambiental o la calidad del papel y del cartón que se produjera fuera de su dirección empresarial”. Nueve de los diez sindicatos de las cinco plantas en Yaracuy, Carabobo, Portuguesa, Aragua y Caracas, apoyaron a Smurfit Kappa declarando que la empresa “se ha mantenido apegada a la Ley y con mejoras constante en las contrataciones colectivas...”.
El 17 de octubre de 2018, el diario El Carabobeño publicó que el Ministro del Poder Popular para el Proceso del Trabajo, Eduardo Piñate, declaró que “la intervención no es expropiación, ni mucho menos nacionalización, simplemente los patronos la abandonaron”.
“Debemos garantizar que Smurfit vuelva a revitalizarse, no para servir a un patrón o capitalista o a una casa matriz en otro país, sino que sirva para la felicidad y atención del pueblo”, se dijo en la planta de SK en la Zona Industrial Sur del municipio de Valencia.
SKV llevaba 65 años operando en Venezuela, era el principal proveedor de empaques de cartón para productos frescos y de alimentos, bebidas, salud, electrónica, automotriz y otras, y daba empleo a 2,600 venezolanos.
Ante la galopante inflación de hasta un mil por ciento, provocada por el gobierno, el Presidente Nicolás Maduro había amenazado con encarcelar a empresarios y gerentes de compañías y comercios que aumentaran los precios, encarcelando a casi 30 trabajadores y gerentes de supermercados y farmacias; de Smurfit seguían encarcelados dos de sus directivos, los señores Luis Lugo y Cipriano Betancourt.
Finalmente, SK fue expropiada y se creó la empresa estatal Mocarpel el 21 de abril de 2022, empresa que, de lejos, no ha podido recuperar el ritmo de producción anterior. Smurfit producía 9 mil toneladas de papel mensuales, hoy apenas se producen 500 toneladas al mes.
No tienen madera para producir papel y cartón, pues la empresa SK contaba con terrenos arborizados que constantemente se resembraban y nunca faltó la materia prima. Hoy nadie se preocupa por el mantenimiento de los bosques y hasta los cortan y venden la madera en otra parte.
Las plantas con un mínimo de empleados no tienen recursos ni para pagar a los trabajadores y quienes protestan son removidos.
El mantenimiento en las plantas no existe; “el refractario del horno colapsó, sin lo cual la planta de Yaracuy no puede operar”, según declaran los trabajadores.
Ahora hay escasez de embalajes y empaques en el mercado, provocando que muchas empresas no puedan entregar su producción para su venta, la inflación sigue y los trabajadores pierden empleos y salarios.
Este es el resultado de un gobierno que no ve las consecuencias de decisiones políticas mal pensadas y mal ejecutadas... ¿Para allá vamos?
