Violencia, de Sinaloa para México
La narcoguerra traspasa fronteras
Por los hechos de trabajadores de la compañía minera Vizsla Silver privados ilegalmente de la libertad en Concordia y algunos ya confirmados como víctimas letales, y los cuatro jóvenes del Estado de México desaparecidos en Mazatlán sin que las autoridades estatales tengan rastros de ellos, las afectaciones de la narcoguerra desbordan el territorio sinaloense y trascienden a otros estados del País, igual que rompe fronteras la exigencia de justicia y mayor efectividad del Gobierno de México en el combate al crimen.
Además de la resonancia global por el feroz conflicto entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y los de Ismael “El Mayo” Zambada García, las repercusiones dejan de ser sólo para la tierra de los once ríos al diseminarse por el suelo azteca los daños de la pugna en la cuna del Cártel de Sinaloa. La extraterritorialidad a manera de tentáculos del hampa que abarcan cada vez más con la devastación parece ser el natural avance de un problema atendido en lo local con estrategias insuficientes.
Es principalmente el sur de Sinaloa donde ese efecto de olla de presión de la violencia no dispone de válvula que resista y hace que desde ese territorio caliente la indignación por víctimas inocentes e impunidad dada la delincuencia desborde hacia entidades como Estado de México, de donde son los turistas desaparecidos, y Zacatecas, Guerrero y Sonora, lugares de origen de los cinco mineros asesinados y ya identificados que laboraban en el yacimiento de Pánuco.
Se trata de la expansión de la triste circunstancia de una tierra que a duras penas se aferra a sus rasgos esenciales de esfuerzos lícitos y sostenidos. De fiscalías generales de la República y del estado a las que se les complica nutrir la narrativa contraria a los estigmas, aquella de la Ley imperando contra la atroz acción de las facciones del narcotráfico que chocan aquí sin tregua durante 17 meses ininterrumpidos cumplidos ayer.
La mayor culpa recae en las instituciones de la Nación que se juegan el todo por el todo, sin éxito, trasladando a Sinaloa más de 10 mil elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, aeronaves de guerra y brigadas de Inteligencia, y el resultado en contrasentido de casi año y medio con la sociedad entera siendo cada vez más rehén de los sicarios y sus métodos semejantes al terrorismo.
Sí, al Gobierno federal le corresponde la gran responsabilidad de ofrecer protección al tratarse de violencia que predomina en Sinaloa y desde aquí toca a regiones que sienten el estremecimiento por las muertes que las alcanzan. El tema de la mina de Concordia, del cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nacional tomó el control el 1 de febrero, ocho días después de la desaparición de los obreros de Pánuco, patentiza la nulidad institucional frente a la eficacia criminal.
Lo mismo ha sucedido con las desapariciones de turistas en Mazatlán y el caso emblemático del joven Carlos Emilio, procedente de Durango, que el 5 de octubre de 2025 entró al baño de un restaurante y desde entonces la FGR y SSyPC se pusieron al frente de la indagatoria sin lograr encontrarlo hasta la fecha. La impericia en la búsqueda y la sostenida exigencia de justicia por parte de los padres de la víctima hacen eco en los ámbitos estatal y nacional.
Indigna y lacera la exacerbada violencia, pero quizá preocupa más la incapacidad del Gobierno mexicano para contener en Sinaloa la jornada extensa por el tiempo de duración y el número de homicidios y desapariciones con origen en delitos cuya atención es de competencia federal. Eso sí, siempre que la situación escala al rojo vivo hay contingentes de militares y policías listos para ser enviados como única apuesta que no se traduce en pacificación.
Es decir, sin el reconocimiento de la Fiscalía y Secretaría de Seguridad federales respecto a la malograda estrategia que es la misma desde que el 9 de septiembre de 2024 estalló la narcoguerra, a Sinaloa le resultará difícil, por no decir imposible, levantar la confianza en el Gobierno hoy decaída por la secuencia de bastante fuerza pública y poca paz conseguida. Nada más con el recuento de muertes y desapariciones causadas por la violencia en Culiacán, Mazatlán y Concordia, hace que fenezca también la esperanza de volver a vivir tranquilos.
No es Sinaloa, en verdad,
El que exporta la violencia;
Es la maldita impunidad,
El origen y consecuencia.
En el otro terreno diametralmente distinto, donde se intenta la reunificación del tejido social en torno a principios éticos, sueños y tenacidades a favor del Sinaloa esplendoroso, la organización ciudadana Construyendo Paz publicó el libro “El Faro de la Paz” que Othón Herrera y Cairo Yarahuán presenta como algo inspirado en las ideas del sociólogo Johan Galtung quien “nos enseñó a distinguir entre la paz negativa, la mera ausencia de violencia, y la paz positiva que es la construcción activa de relaciones justas, equitativas y armónicas”. Se trata de la adaptación de cuentos clásicos y creación de nuevas historias ambientadas en el contexto de Culiacán para que niñas y niños puedan comprender conceptos clave como la violencia directa y estructural, la cultura de paz y la importancia de valores como la empatía, honestidad y cooperación.
