En memoria de Rossana Reguillo, quien siempre estuvo cercana a la causa de las familias que buscan a un ser querido.
Durante la semana del 19 al 22 de abril de 2026, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó México. Esta no es la primera visita de este tipo -ni la única controvertida-, sin embargo, llegó en el marco de la discusión sobre la crisis de desaparición y violencia en el País, lo que desencadenó debates sobre el papel actual de los organismos internacionales para abordar las problemáticas de los Estados, el reconocimiento de avances en ciertos derechos, así como la importancia de poner al centro la voz de las víctimas y de evaluar políticas públicas basadas en principios de derechos humanos y en sus impactos.
La visita fue conocida inicialmente por algunos trascendidos y columnas de opinión, que desde un inicio alertaron que fuera utilizada por el Gobierno para confrontar la reciente decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) de remitir la urgente situación de México a la Asamblea General de la ONU. Sólo unos días más tarde la Oficina de Naciones Unidas dio a conocer detalles de la visita, destacando una reunión con la Presidenta de la República. La agenda, amplia y diversa como en otras visitas similares, incluyó de última hora una reunión con un grupo de colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo que sumado a la usual limitación del espacio y tiempo, generó descontento en algunas familias, reflejando en una escena concreta, la urgencia de escucha que tienen las víctimas en el país, a pesar de los múltiples discursos de supuestos espacios de diálogo por parte del Estado.
El resultado de la visita quedó resumido en una breve y polémica conferencia de prensa hacia el cierre de la jornada, en la que, sin éxito, se buscó una respuesta clara sobre la posición del funcionario de las Naciones Unidas respecto a la decisión del Comité CED y sobre si se compartía la posición de su Oficina, de hace una década, según la cual en México persiste una crisis de derechos humanos.
Si bien se habló de desafíos -como la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, las preocupaciones sobre el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa y de la impunidad en el País-, el Alto Comisionado dedicó un amplio espacio a reconocer los “esfuerzos” del Estado mexicano en distintas materias, particularmente en el combate a la violencia contra las mujeres y la garantía de derechos sociales para pueblos indígenas y afromexicanos.
Al respecto, como lo hemos expresado en otros espacios, reconocer avances en derechos sociales no tiene porqué implicar guardar silencio ante retrocesos que implican regresión democrática o que tienen impactos en los derechos humanos. Especialmente, respecto de aquéllas políticas públicas sobre las que organismos internacionales y el propio funcionariado de la ONU se han pronunciado en múltiples ocasiones con mayor contundencia y claridad.
Por ejemplo, en abril de 2023, el propio Alto Comisionado emitió un pronunciamiento breve, pero determinante, sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la transferencia por vía de Acuerdo de la Guardia Nacional al control militar. En este indicó que era “fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional” y la “limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”. Durante esta visita evitó hablar del tema y del creciente empoderamiento militar, aún y cuando su antecesora firmó en 2019 un Acuerdo de Cooperación Técnica para la Guardia Nacional –ahora parte de la Fuerza Armada Permanente– con el Gobierno del entonces Presidente López Obrador, destacando la necesidad de cambiar de paradigma en las políticas de seguridad basadas en el uso de las fuerzas armadas.
De igual forma, en diciembre de 2024, el mismo funcionario también expresó su preocupación por la reforma judicial, ya que podría mermar la autonomía de la judicatura y “socavar seriamente la independencia del Poder Judicial, así como su capacidad para defender eficazmente el Estado de derecho”. En esta ocasión, durante su conferencia, destacó “el aumento de la representatividad” y los “importantes esfuerzos para fortalecer la cercanía y la transparencia de la actividad judicial”. A la vez se anunció un nuevo acuerdo de cooperación con la SCJN. Esto ocurrió el mismo día en que un grupo de legisladores del oficialismo alertaba sobre las problemáticas alrededor de la próxima elección y la necesidad de discutir una reforma para revertir la “politización” del Poder Judicial.
Por supuesto, el discurso sobre el tema de desaparición era el más esperado y el más decepcionante para las víctimas y las familias, que habían solicitado expresamente un pronunciamiento en su reunión y con enorme dignidad y contundencia expresaron cómo esta problemática enfrenta un contexto complejo de macrocriminalidad y de colusión con autoridades de los distintos niveles de Gobierno. Esto no fue retomado por el Alto Comisionado durante su conferencia de prensa, a pesar de destacar la problemática del modelo federal en el país con altos niveles de corrupción y fragilidad institucional, después de sostener una inédita reunión con todas las titulares de las fiscalías del país.
El llamado final a tener un compromiso nacional para que pueda darse un proceso de verdad y a que no se politice el tema, fue uno de los mensajes más desalentadores y complejos de comprender en lógica de una evaluación de impacto en los derechos humanos de las políticas públicas. Esto, debido a que ha sido en realidad el Gobierno, desde las tribunas más altas, el que ha polarizado la discusión sobre el tema en múltiples ocasiones.
Como lo mencionó Alicia de los Ríos, que busca a su madre desaparecida del mismo nombre, en un reciente espacio de discusión, desde el Estado “no perdonan que no pensemos como militantes de la Cuarta Transformación y en eso también viene nuestra penitencia”. Por ello, que desde un organismo internacional se plantee que se trata de un problema de polarización, implica que “no están magnificando lo que está pasando”.
Así, al final de la visita, aquello que se había alertado en medios de comunicación se concretó. Tuvimos una visita que contrapunteó a dos entidades de las Naciones Unidas en un tema de lo más sensible y doloroso para la realidad del País, que requiere de esfuerzos conjuntos, lo que fue utilizado por las propias autoridades mexicanas. También ratificó las alarmas respecto a la posición que tendrá el Estado mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora que su situación está frente a este órgano político y los alcances que habrá de una posible discusión.
Más aún ratifica la realidad del cambio de paradigma en la arena multilateral, donde las posiciones críticas y de descalificaciones a organismos internacionales a nivel nacional, son olvidadas a nivel internacional, en particular, ante los cambios que los mismos están enfrentando, como lo es la próxima elección de una titular a la Secretaría General de la ONU.
En ese contexto, lo ocurrido en esta visita tendría que ser analizado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el anuncio de un próximo informe sobre el tema, a luz de la deseable consistencia en las posiciones de estos organismos, dada la relevancia de su voz en México.
Ello, porque no podemos olvidar que toda esta disputa a nivel internacional, tiene efectos concretos en la vida de miles de familias en el País. Familias que han aprendido a buscar con una pala, a enfrentar instituciones y a recurrir a mecanismos internacionales ante el abandono del Estado.
Por ello, en momentos tan críticos, las víctimas y quienes les acompañamos cercanamente, no podemos dejar de esperar contar con estos mecanismos internacionales y con su funcionariado. En los próximos meses, la representación del Alto Comisionado en México tendrá la oportunidad de mostrar su compromiso con las víctimas y en particular con las familias de las personas desaparecidas, abriendo espacios de escucha y las puertas para ellas. No condescender ante el poder en turno es lo que las víctimas merecen.
