Vivir en ciudades que ignoran la edad

¿Cómo se vive el envejecimiento en las ciudades? Hoy en día, de acuerdo con el Banco Mundial, más de la mitad de la población mundial, más de 4000 millones de personas, vive en ciudades. Se prevé que esta tendencia continúe y que la población urbana se duplique para 2050. En el caso de México, realidad que se reproduce en la mayor parte del mundo, 77 por ciento de la población de adultos mayores vive en zonas urbanas, frente a un 22 por ciento en zonas rurales.

La realidad frente a esta situación es que la planeación urbana continúa respondiendo a un ideal de cuerpo joven, móvil y productivo, mientras millones de personas envejecen en entornos que no fueron pensados para acompañar esa etapa de la vida. Esto hace necesario impulsar con mayor compromiso la propuesta de una planeación urbana con perspectiva de edad.

Las ciudades concentran oportunidades, servicios y redes, pero también desigualdades profundas. Banquetas irregulares, cruces peatonales inseguros, transporte público inaccesible, falta de iluminación y ausencia de espacios de descanso no son fallas menores: son decisiones de diseño que excluyen. La Organización Mundial de la Salud señala la necesidad de crear ciudades con políticas integrales y evaluadas para atender el envejecimiento urbano y para favorecer un envejecimiento sano e incluyente, cosa que no sucede hoy en día. La exclusión no es accidental, es estructural.

Para las mujeres mayores, esta exclusión se multiplica. Viven en promedio entre cinco y siete años más que los hombres, pero llegan a la vejez con menos ingresos, menor acceso a propiedad, trayectorias laborales fragmentadas y mayor dependencia física, hecho que se ve potenciado en el espacio público. Las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida se profundizan en la vejez, y el impacto es muy alto en contextos urbanos donde el costo de la vivienda, la movilidad y la seguridad determinan la autonomía. Una ciudad hostil para la vejez es todavía más hostil para las mujeres mayores.

La movilidad urbana es uno de los puntos críticos. En América Latina, el transporte público sigue siendo la columna vertebral de la movilidad cotidiana, pero no se reparte igual: se usa más entre quienes tienen menos alternativas -personas de menores ingresos, mujeres, y también personas mayores- lo que hace de la accesibilidad un tema de derechos, no de comodidad. Lo documenta CAF al analizar los patrones de movilidad urbana y su desigualdad: cuando el sistema no es accesible, confiable y seguro, la ciudad se vuelve más pequeña para quienes ya enfrentan barreras físicas o económicas.

La vivienda es otro punto ciego, no solo por su costo sino por su diseño. Una parte importante del parque habitacional urbano en el mundo está mal preparado para el envejecimiento, incluso en economías avanzadas. La OCDE advierte que menos de 20 por ciento de las viviendas cuentan con características mínimas para considerarse “ageing-ready” (por ejemplo: acceso sin escalones y recámara y baño completo en el mismo nivel de entrada), lo que anticipa caídas, accidentes domésticos y una pérdida acelerada de autonomía cuando la vivienda se vuelve una trampa cotidiana. En otras palabras: la crisis de vivienda también es una crisis de vejez.

A todo ello se suma el conocido tema de la inseguridad. El espacio público urbano es percibido como riesgoso por millones de mujeres, lo que restringe horarios, recorridos y participación comunitaria. ONU Mujeres ha insistido, a partir de su programa global Safe Cities and Safe Public Spaces, en que el acoso y la violencia en espacios públicos no son un tema “de sensación”, sino un obstáculo estructural a la ciudadanía y al derecho a la ciudad. En el caso de mujeres mayores, ese efecto suele intensificarse por vulnerabilidades acumuladas (menos fuerza física, mayor dependencia de traslados seguros, trayectorias de desigualdad). Hay que decir que muchos indicadores no desagregan por edad con la precisión necesaria y lo que no se mide con precisión no se puede cambiar.

El hogar, además, no siempre es un espacio seguro. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 6 personas de 60 años o más sufrió algún tipo de maltrato en el último año en entornos familiares o comunitarios y subraya que estos abusos ocurren con frecuencia en relaciones de confianza: familia, redes cercanas, personas cuidadoras. Para mujeres mayores, el riesgo se agrava cuando hay dependencia económica, aislamiento o control patrimonial. La idea del hogar como refugio automático oculta realidades de abuso y control que rara vez se abordan desde la política urbana y social.

La soledad urbana completa este panorama. No es un tema emocional: es un factor de riesgo con impactos medibles en salud. Expertas como Julianne Holt-Lunstad señalan que la soledad se asocia con un 26 por ciento de incremento en la probabilidad de mortalidad y el aislamiento social con un 29 por ciento. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo urbano? Una ciudad que dificulta el encuentro, por movilidad hostil, inseguridad o falta de espacios de descanso y convivencia, convierte la soledad en un problema de salud pública, con efectos especialmente duros en mujeres mayores que viven solas o con redes debilitadas.

En este contexto se escucha últimamente el concepto de “ciudades amigables con las personas mayores”. El punto crítico es la capacidad real de convertir principios en rediseño y planeación urbana con indicadores, presupuesto y rendición de cuentas.

Diseñar ciudades que envejecen no es un reto técnico ni un asunto de buena voluntad. Es una decisión política que define quién puede habitar el espacio urbano con autonomía y quién queda confinado a la dependencia y el aislamiento. En un mundo que envejece aceleradamente, seguir construyendo ciudades para cuerpos que no envejecen es una forma de exclusión estructural. La longevidad urbana exige repensar movilidad, vivienda, seguridad y espacio público con enfoque de género y derechos. No hacerlo implica aceptar que vivir más años no garantice vivir mejor, especialmente para las mujeres.