Jesús Héctor Muñoz Escobar
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de enfrentar el robo de combustible es de reconocerse, aunque las mafias que se dedican a este ilícito negocio son todopoderosas, son como el monstruo de las mil cabezas, que a más de una semana de que inició el desabasto en varias entidades, han impedido que la situación vuelva a la normalidad. El grueso de la población respalda las acciones del Gobierno y está de acuerdo en que se acabe con esta práctica que sangra a una empresa que es de todos.
No es un secreto que el huachicol ha ido en aumento con el paso de los años, pero nadie tuvo la voluntad de combatirlo con firmeza, a pesar de que se tenían ubicadas tomas clandestinas en varios estados, y no fue precisamente por falta de un marco jurídico que impidiera enfrentar a estos grupos criminales. En abril del 2018, el Senado de la República aprobó un paquete de reformas que fortalecieron las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la supervisión de la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos, para evitar que los gasolineros o distribuidores adquirieran gasolina robada para ponerla a la venta.
Entre otros aspectos, las reformas fortalecieron las funciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que los propietarios de gasolineras emitieran por obligación comprobantes fiscales digitales por medios propios a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas se determine.
Un poco antes, también se aprobó la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, que establece penas de cárcel hasta por 30 años y multas de más de un millón de pesos a quienes roben hidrocarburos ó participen en esta actividad ilícita.
Es decir, las autoridades tenían las herramientas legales para actuar con toda la fuerza de la ley, pero es claro que faltaba voluntad no sólo para enfrentar el problema, sino también para acabar con la impunidad y evitar que este negocio ilícito fuera en aumento. Este naciente Gobierno está decidido a acabar con estas prácticas y por lo pronto la directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, dio a conocer que se detectaron inconsistencias fiscales por 3 mil 217 millones de pesos, en las que están involucrados 194 contribuyentes dedicados a la distribución de hidrocarburos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, rastrea algunos otros casos y hasta el momento ha detectado el blanqueo de 10 mil millones de pesos relacionados con la venta de hidrocarburos, por lo que se congelaron las cuentas bancarias de involucrados con este ilícito, lo que quiere decir que de que se quiere se puede, y si bien el camino no será fácil, va por la ruta indicada, será una larga batalla en la que López Obrador ha recibido el respaldo del pueblo, aún con todo el disgusto que ocasiona la crisis en la distribución de la gasolina, que pega de lleno a la Ciudad de México.
Dr. J. Hector Muñoz Escobar
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