XV Foro de Derechos Humanos del SUJ: espacio de incidencia y de tejer esperanza

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    Ninguno de los últimos tres gobiernos ha logrado articular, sumando a todas las entidades federativas, una verdadera Política de Estado de Atención Victimal, como quedó de relieve en el Foro, a partir de análisis académicos, a partir de la perspectiva que compartimos organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, a partir de los propios testimonios de las víctimas que asistieron.

    En días pasados, se llevó a cabo la XV edición del Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), conformado por el Instituto Superior Intercultural Ayuuk de Oaxaca, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, y las Universidades Iberoamericanas de Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana y Torreón.

    El espacio, organizado por los programas e instancias de derechos humanos de estas obras educativas, ha sido un ámbito relevante de articulación entre la academia, la sociedad civil y las personas que luchan por sus derechos, marcado con el sello de la educación jesuita, que en su mejor versión aspira a hacer realidad el propósito de Ignacio Ellacuría SJ, rector mártir de El Salvador, quien alguna vez escribió: “La universidad debe encarnarse entre los pobres para ser ciencia de los que no tienen ciencia, la voz ilustrada de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, pero no cuentan con las razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón”.

    En esta ocasión, el Foro se realizó en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, proyecto de educación superior enclavado en la zona oriente del Estado de México. En esa casa de estudios, durante dos intensas jornadas las y los asistentes escucharon reflexiones, testimonios, propuestas y denuncias surgidas de la realidad de los derechos humanos en el país.

    Particularmente, se reflexionó intensamente sobre la primera década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), creado por la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas (LGV), con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como uno de sus puntales. Como es sabido, esa Ley y ese Sistema fueron arrancados por las víctimas al Estado, tras la digna irrupción del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, con la esperanza de que las instituciones estatales comenzaran a hacerse cargo de los inmensos impactos que estaba dejando la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” en las personas y las familias.

    Lamentablemente, como quedó de relieve en el XV Foro SUJ, a diez años de esto, es claro que las promesas de la LGV quedaron truncas e inconclusas. El presidente Felipe Calderón Hinojosa intentó, en su momento, vetar la Ley y nunca impulsó el SNAV. Después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la CEAV se caracterizó por sus múltiples problemas internos y el SNAV prácticamente no sesionó. Posteriormente, en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el sistema no se reunió en una sola ocasión en presencia del primer mandatario; la CEAV languideció sin titular por largos períodos y, en una regresiva reforma sobre la que pronto se pronunciará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se eliminó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) en la reforma mediante la cual se eliminaron los fideicomisos federales -salvo los del Ejército, por cierto- con el señalamiento genérico e infundado de que todos estos instrumentos eran fuente de corrupción.

    En suma, ninguno de los últimos tres gobiernos ha logrado articular, sumando a todas las entidades federativas, una verdadera Política de Estado de Atención Victimal, como quedó de relieve en el Foro, a partir de análisis académicos, a partir de la perspectiva que compartimos organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, a partir de los propios testimonios de las víctimas que asistieron. Pero, como es propio de la identidad de las obras jesuitas, este triste diagnóstico no desembocó en una perspectiva de inmovilidad o de aceptación del fracaso, sino que en estas mismas jornadas se plantearon propuestas y alternativas para el cambio.

    En el marco de esta edición del Foro, además, se entregó el Premio Tata Vasco -otorgado en cada edición por el SUJ- al Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa, Guerrero, que en ese municipio de la Montaña baja guerrerense realiza una encomiable labor de defensa de las personas y comunidades más desprotegidas, fundamental para visibilizar la tragedia de las personas desplazadas en la entidad.

    En suma, la XV edición del Foro SUJ continúa la tradición iniciada desde 1994: de ser un espacio académico de encuentro, de reflexión, de denuncia e incidencia. La sostenida existencia del Foro a lo largo de ya casi tres décadas es muestra del compromiso con los derechos humanos de las universidades jesuitas. Un compromiso en sí mismo valioso, como es evidente cuando se le contrasta con otras iniciativas universitarias que abordan los derechos humanos en México que, o bien son intermitentes, no dan cabida a voces de denuncia u optan por un perfil más bajo.

    En un país en el que de un sexenio a otro pueden ser sofocadas instancias académicas de excelencia que investigan y promueven los derechos humanos, como tristemente lo hemos constatado en este sexenio con las agresiones contra el CIDE, la persistencia de los programas universitarios sobre derechos humanos de las instituciones jesuitas, por ya casi tres décadas, es una encomiable muestra de resiliencia.

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