La responsabilidad de Yoseline Hoffman, famosa en las redes sociales como YosStop, en el delito de pornografía infantil -que deberá probar la Fiscalía de Justicia de la CDMX en juicio- no es ni debe ser, evidentemente, dimensionada al mismo nivel que la de los cuatro jóvenes que habrían cometido violación equiparada contra la entonces menor de edad Ainara.
La diferencia en la gravedad originaria de la afectación y la secuencia de eventos que mediatizaron el incidente pone en evidencia la conjunción de elementos educativos, de socialización de la sexualidad y de la hegemónica presencia de las redes sociales para conferir sentido popular a sucesos controvertidos.
Un juez determinó que hay elementos probatorios para llevar a juicio a la youtuber por el delito pornografía infantil, basado en la presunta posesión, almacenamiento y distribución de un video de la agresión sexual ocurrida en 2018.
Ainara denunció la violación de la que fue víctima -y que fue videograbada-, cuya investigación e integración del expediente está en curso y podría generar órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables.
La supuesta difusión de comentarios sobre el contenido del video es lo que ahora tiene a Yoseline sujeta a juicio y en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla, por ser la pornografía infantil un delito grave. Eso y que habría evitado disculparse con Ainara quien, por otro lado, parecía interesada en ser referida directamente por la YouTuber en una lógica de construcción de identidades por redes sociales que es inseparable del caso.
La defensa mediática en favor de la influencer tiene en contrapartida una defensa de algunos organismos feministas y abogados que tendrán una oportunidad de responder al dilema de hacer justicia o que se gane su caso, que no necesariamente es lo mismo.
La justicia es la voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, apegado a principios de ética, equidad y honestidad. Y atiende al grado de responsabilidad de cada involucrado.
La realidad y la verdad son preceptos que pueden llegar fragmentados y a los que no se puede acceder en su totalidad. Conocemos una parte de ellos, juzgamos con base en aquello que llegamos a saber y conlleva planos objetivos y subjetivos.
La ley -conceptualizada como el conjunto de reglas que rigen las relaciones entre los integrantes de una comunidad- da coherencia a la vida en paz y sentido al comportamiento en sociedad.
Sin duda, el proceso contra la youtuber sentará precedentes porque se comenzarán a establecer parámetros a partir de los cuales puede detonarse la acción de los organismos de procuración de justicia frente a redes sociales.
Es cierto, en caso de que así fuera probado, que la difusión o posesión que la influencer tuvo del video de la agresión sexual no es equiparable al acto cometido por los agresores.
Sin embargo, pone en la mesa también la necesidad de significar nuestros actos en función del beneficio común y el propio y llama la atención sobre la necesidad de realizar las detenciones más graves de casos diversos al mismo tiempo que se atienden los de valor viral, como se ha hecho desde la FGJ.
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