"Una ilusión truncada"

Eduardo Valdez

EL CONCHAL, Eldorado._ El 15 de febrero Martín Rocha Meléndez y su esposa Claudia Elena Cortés López se dirigían a Culiacán a realizar algunas compras. Era un día común en la vida de la familia.
Cuando se encontraban a la altura de del Ejido Navolatillo fueron interceptados por una camioneta Cherokee de donde bajaron tres sujetos armados que se identificaron como elementos de la Agencia Federal de Investigaciones.
Les apuntaron con sus rifles a ellos y a sus cinco hijos, todos menores de edad.
Luego de preguntarles sus nombres, les informaron que estaban detenidos en atención a una orden de aprehensión girada por el Juez Primero de Primera Instancia.
No tuvieron tiempo de tener miedo. La sorpresa los atrapó en el instante.
Los siete integrantes fueron llevados a la delegación de la PGR en Culiacán, de donde, después de cuatro horas, un compadre recogió a los menores y a ellos los trasladaron a la cárcel de Aguaruto. Allí se les dictó auto de formal prisión.
El delito: hacer uso de una zona federal marítima terrestre sin contar con el permiso respectivo.
Con el apoyo de parientes y amigos, cuarenta y ocho horas después consiguieron su libertad bajo caución.
Cada uno debió pagar 17 mil 500 pesos, cuyo dinero fue reunido con préstamos y venta de algunos de sus bienes.
A partir de esa fecha, el matrimonio Rocha Cortés tiene que acudir los días 1 de cada mes a firmar ante el Juzgado, ya que su libertad está condicionada.
"Nos encontramos en la calle, viviendo de prestado y sin poder trabajar, y es posible que nuestros hijos tengan que dejar de estudiar ya que las vueltas a Culiacán para arreglar nuestro caso son constantes.
"Buscamos ayuda para arreglar nuestra situación y tenemos miedo de terminar en prisión los dos", señala esta pareja en una carta enviada a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el 27 de marzo, en la que denuncian su caso y solicitan apoyo de las autoridades federales.

La raíz del conflicto
Desde 2004 Martín Rocha Meléndez y su esposa iniciaron un proyecto para poner en marcha un restaurante de mariscos en el campo pesquero El Conchal, ubicado a diez kilómetros de la sindicatura de Eldorado.
Él, pescador, y ella, ama de casa, decidieron en buscar una opción diferente para sostener a su familia, debido al declive de la pesca.
"En la pesca sacas para mal comer y a veces ni eso, por eso pensamos en empezar a preparar mariscos y tener otros ingresos que no fuera nada más lo que uno saca del agua", comenta Rocha Meléndrez, quien al igual que sus hermanos ha cruzado en varias ocasiones a los Estados Unidos en busca de trabajo.
A un costado de su vivienda, que ocupa un terreno de 820 metros cuadrados, construyeron el anhelado del restaurante con estructuras de concreto y techo de palma.
En un hecho que hasta el momento no se ha esclarecido, el techo de su negocio fue incendiado, por lo que optaron por construirlo de lámina de asbesto.
Tanto Martín como su esposa dicen sospechar de personas de este pueblo, quienes, aseguran, desde que iniciaron con sus planes han intentado boicotearlos, incluso acusándolos de despojo.
El suceso está registrado en la agencia del Ministerio Público de Eldorado, donde se presentó denuncia tras el incendio.
"El terreno nos lo heredó mi mamá en 1991 y contamos con documentos para demostrarlo, pero como por ahí no nos han podido hacer nada, nos denunciaron ante Profepa por la ampliación que estábamos haciendo", señala Claudia Elena Cortés.
Sospechan que por instrucciones del subdelegado Jurídico de Profepa, Moisés Castillo, el inspector Saúl Villanueva les impuso una multa para que detuvieran la construcción, además de colocar sellos de clausura que automáticamente les impedían hacer uso no sólo del terreno, sino de todo el local.
Desde 2004, la delegada de Semarnat, Carmen Torres, les aconsejó que solicitaran una concesión para hacer uso de la zona federal marítimo terrestre, debido a que parte de su construcción está a la orilla de la bahía. Así lo hicieron, según consta en la solicitud Golsf-2500611, pero por la precaria esocnomía por la que atravesaban, los trámites se retrasaron.
"Nos dejaron sin negocio, sin casa y hasta el cuello de deudas porque compramos mobiliario a crédito para el restaurante", recuerda, "por eso me estuve pasando a los Estados Unidos para juntar dinero y mandarle a mi esposa para salir de este problema".
Asegura que pese a los intentos hechos ante el delegado de Profepa, Lorenzo Gómez Leal, para que retirara la denuncia en su contra, debido a que estaban tramitando la concesión ante Semarnat, éste no sólo se portó insensible, sino que ratificó la denuncia ante el Ministerio Público.
El argumento del delegado es que la pareja siguió construyendo a pesar de haber sido apercibidos de que no lo hicieran.
Martín Rocha alega que no estaban construyendo, sino reforzando una pared que había sido derribada por el viento durante las lluvias.

Castigo a unos sí y otros no
Con siete hojas en blanco y una pluma con tinta roja, Martín Rocha Meléndez escribió una larga carta a las autoridades federales. Luego una amiga se la pasó a máquina y la envió a la Presidencia de la República. Más que denuncia, es un llamado urgente de auxilio para salir de este conflicto que lo tiene en la ruina. Él que junto con su esposa ha gestionado la construcción de un malecón para elevar el nivel de vida de este campo pesquero, vive en una casa prestada y ahogado en deudas.
"Lo que han hecho con nosotros es inhumano, puesto que no somos los únicos que vivimos en el campo pesquero y también hay negocios en crecimiento ocupando la playa.
Si se dan cuenta la mitad del pueblo invade la zona de playa, aquí hay tres bodegas que están en zona federal, hay otros dos restaurantes en la misma situación y nada más se van contra nosotros", asegura.

Sólo cumplimos con la ley: Profepa
Para el delegado de la Procuraduría Federa de Protección al Ambiente, Lorenzo Gómez Leal, lo que se hizo fue cumplir con lo que marca la ley.
"Cuando se está construyendo sin permiso en zona federal, levantamos una acta para que suspendan la obra, eso fue lo que se hizo en este caso", señaló.
Explicó que luego de la suspensión se le dio tiempo para la regularización, pero siguió construyendo, por lo que presentó la denuncia penal por desacato y por ocupar la zona federal sin permiso.
"En este caso es lo que se hizo, como hubo desacato y continuaron, simplemente se presenta la denuncia", agregó, "y si el Ministerio Público ve que hay elementos para consignar, pues por eso salió la orden de aprehensión".
Gómez Leal indicó que no se actuó con dolo o con afán de perjudicar a alguien en particular, ya que Profepa ha presentado otras dos denuncias por este tipo de irregularidades (en Navolato y San Ignacio) y una más por relleno de humedales en Escuinapa.