"Empresa"

Danza de millones

La punta de la madeja en la danza de millones en que se ha convertido el caso Unefon se ubica en una grave omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le abrió la puerta a un litigio que ha trascendido ya a tres sexenios.
Estamos hablando de la tardanza de la dependencia, encabezada entonces por Carlos Ruiz Sacristán, en responder a un recurso de inconformidad planteado por la firma frente a la exigencia de cubrir intereses por las dos prórrogas de 180 días cada una para el pago del 80 por ciento de la contraprestación por 18 concesiones que amparaban 27 bandas de frecuencia para operar en telefonía celular.
El procedimiento se planteó el seis de octubre de 1999 en reacción a un oficio en el que la instancia de gobierno simple y llanamente justificaba los réditos bajo el cobijo de una resolución notificada el 30 de septiembre de 1998.
El caso es que el sexenio se agotó en un espeso silencio.
De hecho, fue el siguiente gobierno, colocado ahora como titular de la SCT a Pedro Cerisola y Weber, quien daría la cara al asunto.
El problema es que el oficio se firmó el 11 de febrero de 2000, es decir más de cuatro meses después, con la novedad de que se excedía cinco días del plazo máximo previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos para responder frente a casos similares.
La lentitud de reflejos, pues, le abría la puerta a una solicitud para operar la llamada alternativa ficta, es decir el derecho de los particulares a considerar favorable a su causa una solicitud a la autoridad cuando se rebase un plazo de respuesta.
De hecho, Unefon había iniciado la querella ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un día antes de recibir el oficio.
El juicio se promovió ante la Primera Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación.
El reclamo apuntaba, además, a que la SCT, o en su caso la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no señaló precepto alguno para justificar el cobro de intereses.
El litigio, como usted sabe, lo ganó Unefon en dos instancias, tras interponer la SCT un recurso contra un primer fallo desfavorable a su causa.
El procedimiento se agotó en siete largos años de jaloneos.
Colocada, pues, en firme el primero de agosto de 2006 una sentencia que obligaba a devolver el pago de intereses cobrados, cuyo monto se calculó en 596 millones 385 mil pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tardaría, sin embargo, varios meses más en cumplirla, en una búsqueda febril para que la Secretaría de Hacienda pagara los platos rotos.
La dependencia escurriría el bulto, escudándose en que la ley obliga a las dependencias que pierdan litigios similares a cubrirlos con su propio presupuesto.
De hecho, un día antes del final del sexenio foxista el subsecretario de Comunicaciones de la dependencia, Jorge Álvarez Hoth, le comunicó a Unefon que estaba en opción de cubrir la devolución? sólo que incompleta.
La dependencia sólo había arañado de sus ahorritos derivados de economías un monto de 550 millones de pesos, es decir quedaría en el aire un remanente de 46 millones 385 mil.
La promesa, empero, hablaba de que ?existiría la posibilidad que durante el mes de diciembre se obtuvieron mayores economías para pagarse como Adefis (Adeudos fiscales de ejercicios anteriores)?.
El remanente, 18 meses después, no se ha cubierto, lo que provocó un nuevo reclamo de Unefon, exigiendo el pago de actualizaciones, intereses y recargos previstos en el Código Fiscal de la Federación por los 46 millones pendientes y los 550 pagados.
El monto correría a partir del 15 de junio de 1999 en que se cubrió el 80 por ciento de la suma exigida por las frecuencias, cuyo monto era de dos mil 18 millones 97 mil pesos.
La suma total pagada, incluido el 20 por ciento inicial, fue de dos mil 620 millones 900 mil pesos.
De acuerdo al cálculo de la Auditoría Superior de la Federación el monto a cubrirse hasta el 20 de diciembre de 2006 ascendía a 329 millones 907 mil pesos, de un total de 879 mil 997.9, a los que se restaron los 550 millones devueltos.
Sin embargo, hay quienes hablan de un cálculo erróneo, en un horizonte en que el reclamo arañaría los tres mil millones de pesos, considerando los casi dos años adicionales transcurridos.
De ser así, la devolución de réditos que según la Auditoría Superior de la Federación fueron cobrados indebidamente, alcanzaría un monto mayor al de la contraprestación pagada por las frecuencias.
Como lee usted, pues, en el epicentro de la catarata están lo mismo Secretarios que ex Secretarios de Estado, a la par de Subsecretarios, Oficiales Mayores o integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia.
Por lo pronto, el litigio está más caliente que nunca ante el desconocimiento del adeudo por parte de la actual administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Danza de millones.

Balance General

Aunque los últimos ajustes, incluida la opción de los Bonos Ciudadanos que le darían el toque populista, corrieron a cargo de los asesores de Los Pinos, el peso de la propuesta de reforma energética se recargó en el secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
De hecho, por abajo del agua el cabildeo con los legisladores panistas y priistas que empujarían la opción lo realiza el funcionario, incluyendo en alguno casos a los subsecretarios de Ingresos, José Antonio Meade, y de Hacienda, Alejandro Werner.
Las reuniones se realizan en la oficina alterna del funcionario, ubicada en la sede de Nacional Financiera.

Ni frío ni calor

Fracasada la intentona del presidente de la Concamín, Ismael Plascencia, de involucrar en la decisión final del caso León Halkin al Consejo Consultivo del organismo, integrado por sus ex presidentes, el asunto se mantiene en el limbo.
Como usted sabe, el actual dirigente de la cúpula industrial acusó a su antecesor de un supuesto desvío de recursos que le había otorgado a ésta el Instituto Mexicano del Seguro Social en apoyo a la sensibilización entre las empresas productivas sobre la necesidad de una reforma a la Ley del Seguro Social, que finalmente aprobó el Congreso.
El caso es que en una auditoría externa realizada a petición de la actual directiva no se encontró evidencia que sustentara el señalamiento.
El problema es que mientras se decide si se consigna al ex presidente o se le exonera en lo interno, éste se ha visto en graves problemas para realizar negocios ante el entredicho a su honorabilidad.
Por lo pronto, los ex presidentes de sacaron la vuelta a la posibilidad de involucrarse en un asunto de orden administrativo.

Apretar la pinza

Detrás de las tronantes declaraciones contra Teléfonos de México del ex secretario de Hacienda y presidente actual de las filiales de la Telefónica de España en México y Centroamérica, Francisco Gil Díaz, señalando que su privatización fue un fracaso y que la firma de Carlos Slim se ha convertido en un Estado dentro de otro, está la intención de apretar la pinza de cara a la denuncia planteada hace algunas semanas contra la compañía hegemónica por supuestas prácticas monopólicas.
El asunto está a punto de ser debatido por el pleno de la Comisión Federal de Competencia.
La acusación concreta contra Telmex apunta a su negativa de interconectar a su red a una filial de la denunciante, a pretexto de que incumple las leyes en materia de inversión extranjera.

Valenzuela va

Aunque el nombramiento llegó con carácter de interino, las señales apuntan a que Alejandro Valenzuela se quedara finalmente como director general del Grupo Financiero Banorte, dada su amplia experiencia en el sector público y privado.
Del temple del funcionario habla su actuación como vocero gubernamental en el dramático escenario del país tras la macrodevaluación de 1994.
albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx