Aunque la reforma a la Ley del ISSSTE planteó un respiro frente a la asfixia, el país está aún muy lejos de la salida frente a un problema toral: la deuda contingente, o si lo prefiere subterránea, que representan los faltantes en materia de reservas para el retiro.
De acuerdo a un estudio realizado en el año 2000, el monto de las deudas interna y externa del país se ubicaba en el equivalente al 40.4 por ciento del Producto Interno Bruto de 1999. Sin embargo, contabilizados los pasivos contingentes, el global se elevaba a casi tres tantos más.
Estamos hablando del 119.2 por ciento del PIB, es decir ni destinando el monto total de la producción del país durante un año se podría pagar en su totalidad.
Según ello, los pasivos contingentes por las pensiones que otorga el Seguro Social a sus propios trabajadores y a los afiliados, integrados al apartado A del artículo 123 de la Constitución, ascendían al 45 por ciento del PIB, en tanto los del ISSSTE y de los gobiernos estatales alcanzarían otro 33.8 por ciento.
La suma de uno y otro alcanzaría 78.8 puntos porcentuales.
El caso es que de no colocarse un dique al brutal caudal que crece exponencialmente, el monto de los pasivos contingentes de los fondos para hacer frente a las pensiones seguiría creciendo, hasta ubicarse en el año 2025 en el 168.6 por ciento del PIB.
De acuerdo a Julio Santaella, autor del estudio publicado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ("La viabilidad de la política fiscal 2000-2025. Una agenda para las finanzas públicas de México"), para evitar una eventual quiebra técnica del país ante los déficits pensionarios, se habría requerido un incremento de 1.2 por ciento del PIB en el esfuerzo fiscal a partir de hace ocho años.
Lo dramático del asunto es que pese a lo pesado de la carga que alcanza lo mismo a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, además de bancos de desarrollo, universidades públicas y gobiernos estatales, el país está muy lejos de la cobertura mínima que reclaman los organismos internacionales ya en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo.
Dicho con todas las letras, el 59 por ciento de los trabajadores no tiene acceso a la posibilidad de una jubilación. Más aún, ni siquiera al sistema de seguridad social, por más que pague diversos impuestos federales.
Y aunque el 32 por ciento está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, la única garantía que le otorga éste es que su pensión no sea inferior a un salario mínimo... y eso sólo cuando haya cumplido 65 años.
De hecho, en el mejor de los casos el nivel de la prestación llegaría a un 40 por ciento del último salario devengado, a cambio de cotizar durante un mínimo de 25 años.
La posibilidad, además, exige que tanto los patrones como sus empleadores aporten durante la vida útil del trabajador el equivalente al 11.225 por ciento del pago de nómina, para financiar la prestación.
En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, éstos están en opción de alcanzar una jubilación equivalente al 100 por ciento de su último sueldo, si bien con un tope de 10 salarios mínimos.
De hecho, de acuerdo a la ley los servidores públicos pueden retirarse a los 10 años de servicio con una pensión equivalente al 40 por ciento de su salario.
Y aunque las aportaciones totales sobre nómina son similares a las de los asegurados en el sector privado, la parte patronal corre a cargo del fisco, lo que no las hace comparables.
La contribución individual de cada trabajador es de 3.5 por ciento.
Ahora que, como usted sabe, hay algunos que coleccionan pensiones, ya por haber pasado por el Banco de México, por algún banco de desarrollo o por el propio gobierno... o los tres juntos.
Naturalmente, tanto los bancos de desarrollo como el Banco de México son mucho más generosos que el ISSSTE, en un escenario en que la medalla de oro la tienen los trabajadores del Seguro Social y de Petróleos Mexicanos.
Digamos que mientras unos reciben carretadas de billetes, para otros apenas hay migajas... o nada.
Lo dramático del asunto es que en este último renglón están los trabajadores con menores ingresos.
Dicho con todas las letras, la estructura de los esquemas de retiro del país es altamente regresiva.
México, pues, debe todo... para un segmento que no alcanza ni la mitad de la población.
Balance general
En contraste a la creencia generalizada, el pasado fue un año negro para los distribuidores de automóviles. En diciembre, por ejemplo, tradicionalmente el bueno para la actividad, las ventas se cayeron 10 por ciento, representando el peor mes de los últimos cinco años.
En conjunto la caída de 2007 fue de 3.3 por ciento.
Lo dramático del asunto es que la expectativa más optimista habla de que en este año apenas se logre igualar las ventas de 2006.
Entre las razones que se argumentan, además de la catarata de importaciones de autos usados provenientes de Estados Unidos al amparo de la mano laxa del foxismo, está la inexistencia de políticas públicas que obliguen a una renovación del parque vehicular a la usanza de la mayoría de los países desarrollados.
Más allá, se argumenta la incertidumbre generada por el nuevo escenario fiscal que dejó en el limbo la posibilidad de deducción por parte de las empresas.
Todo por nada
La paradoja del caso es que, pese a la exclusividad de que gozó durante 14 años contra viento y marea para colocar sus aceites y lubricantes Mex Lub y Akron en la red de estaciones de servicio o gasolineras de Petróleos Mexicanos, Mexicana de Lubricantes bajó dramáticamente su facturación a partir del tercer año de la privatización de las plantas de Pemex.
Mientras la filial de la paraestatal que las aglutinaba contabilizaba ventas anuales de 225 millones de dólares en 1992, colocando en el mercado 292 millones de litros de lubricantes, en 1995 el monto global llegó a sólo 2 mil 26 millones de pesos, para caer a un inaudito de mil 86 en 1997.
La sociedad, pues, resultó ruinosa para Pemex.
¡En sus marcas
!
Pendiente aún el cierre de la operación por medio de la cual la cadena de tiendas Soriana se engullirá a su similar Gigante, la primera gran transacción de 2008 la realizará la familia Harp al adquirir al Grupo Martí.
Las señales apuntan a que el pago de los 6 mil 67 millones de pesos previstos se realizará la segunda semana de enero.
La compra incluye las tiendas de artículos deportivos de la cadena, así como los gimnasios que operan como Sport City.
Primer aviso
El primer aviso de cómo pintarán para este año las revisiones contractuales ante el incremento de las tarifas de productos y servicios públicos y la cascada anexa en el renglón de artículos básicos, lo colocó en la mesa el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Su reclamo de incremento salarial alcanza 16 por ciento, es decir más de tres tantos el promedio del año pasado.
Adicionalmente se le reclama a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la revisión de 50 cláusulas del Contrato Colectivo que incluyen prestaciones en materia de transportación, fondo de ahorro, despensa y aguinaldo.
El emplazamiento a huelga se vence el 16 de marzo.
Catarata de amparos
A la callada la llamada Asociación Profesionista Interdisciplinaria de México está promoviendo amparos contra la liberación total del capítulo agropecuario en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La cuenta alcanza ya 800 solicitudes.
albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx
