"Empresa"

Colocado en el centro del debate como un punto a favor de Telcel, la admisión de su recurso de reconsideración a la megamulta que le aplicó la Comisión Federal de Competencia, por más que la posibilidad está implícita para cualquier firma en su condición, su suerte se la juega en un volado.
Estamos hablando de la exigencia, colocada al calce de su solicitud de revisión, de que sea recusado el presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta, es decir que no participe en la discusión para ratificar o rectificar la sanción pecuniaria de casi 12 mil millones de pesos impuesta a la firma hegemónica.
La exposición de motivos de Radiomóvil Dipsa, la empresa que opera a la firma del magnate Carlos Slim Helú, habla de parcialidad del funcionario, apoyándose el aserto en algunas declaraciones de éste a los medios de comunicación en que reconoce la urgencia de guardar equilibrio en materia de interconexión.
La solicitud se había planteado en la fase previa a la reunión del 7 de abril pasado del pleno del organismo, en que se resolvió la aplicación de la madre de todas las multas en la materia, con la novedad de que ésta llegó cuando el asunto estaba agendado, lo que de acuerdo con la Ley resultaba extemporánea.
Como recordará usted, Pérez Motta resultaría el fiel de la balanza en el castigo por reincidencia aplicado a la principal operadora de telefonía inalámbrica del País.
Empatada la votación por la opinión en contra de dos de los comisionados (Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra Pardo) y a favor de otros dos, entre ellos Pérez Motta, la decisión final la inclinaría el voto de calidad de éste.
La posibilidad de empate surgió cuando el quinto comisionado, Agustín Navarro Gergely, se excusó de participar en la reunión, argumentando un impedimento de Ley, dado que un primo carnal trabaja en una de las firmas que había planteado la denuncia contra Telcel, concretamente el director de Relaciones Gubernamentales de Axtel-Avantel.
De acuerdo a la Ley, se plantea conflicto de interés cuando existe parentesco directo hasta en cuarto grado de algún comisionado, sea con una firma denunciante o una denunciada.
Lo curioso del caso es que en su momento Radiomóvil Dipsa exigió investigar a fondo si el causal esgrimido por Navarro era correcto, lo que lo marcó como parcial a su causa, al presumir un voto negativo a la megamulta.
Naturalmente, de proceder la recusación de Pérez Motta, Telcel libraría el castigo, dado que habría tres votos en la mesa, de los cuales dos se habían opuesto a la sanción.
Por lo pronto, colocado de espaldas al callejón por la argucia jurídica, Pérez Motta debe plantear por escrito ante el pleno sus razones por las que no debería ser recusado, y abandonar la sesión una vez entregado el documento.
En votación secreta los comisionados decidirán si éstos son o no válidos, es decir si participa o no en la segunda vuelta.
La presión, como podrá imaginarse, está en punto de ebullición tras hacer pública Telcel, la encrucijada.
Ahora que, desde el ángulo técnico, los argumentos esgrimidos por Radiomóvil Dipsa para derribar la megamulta hablan de que la CFE aplicó una reforma al ordenamiento que la sustentaba en forma retroactiva.
Dicho con todas las letras, las violaciones que se le atribuyen se cometieron en el 2004, en tanto el marco jurídico en que se basó el castigo por reincidencia fue modificado en el 2006.
Más aún, se alega que la resolución llega con cinco años de retraso, dado que, aceptada la denuncia en el 2006, la ley le daba un plazo de 120 días a la dependencia antimonopolios para emitir la resolución correspondiente.
Lo curioso del caso es que Telcel haya planteado ya tres solicitudes de amparo contra la resolución, dos de las cuales se admitieron aunque sin suspenderse el acto reclamado, es decir colocarle un paréntesis a la megamulta, sin haberse esperado al desahogo de su recurso de reconsideración.
En paralelo, colocada la etiqueta de villano de la película en la solapa del presidente de la Comisión Federal de Competencia, se habla de una denuncia penal en su contra, de la que hasta ayer no había sido notificado.
Del tamaño de los intereses en juego, pues, es el calibre de los obuses.
Telcel se juega a un solo volado 12 mil millones de pesos.

Balance general
Las señales apuntan a que, descartada finalmente la amenaza de declararla en quiebra, mañana será el día D para Mexicana de Aviación, al anunciar el administrador y conciliador del concurso mercantil en que se ubica, Gerardo Badín, el nombre de la empresa que entrará al relevo para el rescate.
Aunque en el papel existen cuatro postores, la decisión se baraja sin el TG Group, quien navegaba con etiqueta de favorito.
La pelea, pues, será entre Avanza Capital, Altus Prot e Iván Barona, con ligera ventaja para este último, por más que todas han exhibido documentos que acreditan la posibilidad de contar con los 250 millones de dólares reclamados.
En el currícula del empresario se anota su relación con uno de los grupos mineros más prominentes del país.
La segunda empresa, última en llegar a la pelea, la representa la familia Lanz Duret.
La razón de adelantar el nombre del vencedor de la contienda obedece a la necesidad de darle espacio para hacer efectivos los créditos bancarios solicitados.
Mexicana regresaría a las pistas en julio.

Interjet al desnudo
Anunciada a vuelo de fanfarrias su llegada a la Bolsa Mexicana de Valores con una colocación accionaria inicial equivalente al 10 por ciento de su capital, ahora resulta que Interjet, a contrapelo de la ortodoxia, no emplearía los recursos en la compra de nuevos aviones, sino en capital de trabajo.
La firma encabezada por Miguel Alemán Velasco tiene problemas de liquidez, tras integrar a su causa a una arrendadora de aviones con sede central en Irlanda, que mantenía un elevado débito.
La situación deberá transparentarse en el prospecto de colocación que convertiría a la línea aérea en empresa pública.
Como usted sabe, Aeroméxico colocó una emisión inicial por el 7 por ciento de su capital, especificando que los recursos se emplearían para ampliar su flota.
Gol a Grupo México
Por segundo día consecutivo las acciones del Grupo México de Germán Larrea bajaron su precio en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, acumulando una caída de 10 por ciento.
La razón se inscribe en la votación mayoritaria recibida por el nacionalista Ollanta Humala, que lo convierte en virtual presidente de Perú, país en el que concentra sus principales inversiones.
El temor de los inversionistas es que éste haga efectiva su promesa de campaña de elevar los derechos a las firmas extractivas.
En paralelo, se prevé que pudiera cancelarse, alegándose razones ambientales, la posibilidad que representa el proyecto para explotar la mina Tres Marías, en cuya apuesta el conglomerado mexicano arriesgaría 2 mil millones de dólares.

albertobach@yahoo.com.mx