"Empresa"

Aplazada una y otra vez en espera de una coyuntura que jamás logró abrirse, la propuesta de reforma energética del Presidente Felipe Calderón derivó en un Frankestein, en cuyo escenario tirios y troyanos contribuyeron con piezas al rompecabezas.
Se diría que el engendro se fue eslabonando al fragor de las circunstancias, en afán desde un ángulo de consolidar el apoyo priista, y desde otro de intentar quitar banderas a la resistencia encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Así, la posibilidad de una Comisión del Petróleo nació de una idea del ex Secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, a quien difícilmente se le podría vincular con la corriente privatizadora.
La propuesta de éste, integrada en un amplio análisis denominado “El desmantelamiento de Pemex”, planteaba transformar a la Secretaría de Energía en un Consejo Nacional de Política Energética con participación, pero con independencia del gobierno, “para debatir en un espacio genéricamente público las vertientes estratégicas, las opciones y los problemas de la reconstrucción aplazada del sector energético”.
La iniciativa entregada el martes en el Senado habla de integrar al órgano a cinco comisionados que serán designados por el Ejecutivo Federal a propuesta de la Secretaría de Energía.
Así, más allá, la propuesta de “bonos ciudadanos” para permitir la participación privada en el capital de Petróleos Mexicanos sin derechos patrimoniales ni corporativos, parte de una idea del ex director general de la paraestatal, Francisco Rojas Gutiérrez, a quien tampoco podría etiquetársele de antinacionalista.
La intención de éste, planteada en un texto denominado “La reforma energética factible”, hablaba de crear un Fondo Nacional para la Transición Energética, como vehículo para financiar las actividades del sector energético de una manera armónica.
El instrumento, de acuerdo a lo planteado, no sería paraestatal ni estaría sujeto a un régimen fiscal confiscatorio o a un pasivo laboral oneroso, ni interferiría con la vida interna de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y demás organismos y empresas del sector.
El esquema hablaba de establecer límites para la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros, excluyendo a estos últimos de derechos corporativos.
La recaudación podría llegar a 30 mil millones de dólares.
La propuesta del gobierno es colocar en una primera etapa 5 mil millones de pesos, equivalentes al 3 por ciento de la deuda total de Petróleos Mexicanos.
Ahora que si nos vamos más lejos, la propuesta la había colocado en la mesa hace cuatro años el ex Senador priista Genaro Borrego, bajo un esquema que planteaba la emisión de Certificados de Participación Ordinaria sin derechos patrimoniales por un global equivalente al 20 por ciento del capital de la paraestatal… en una serie B a constituirse.
Los papeles serían adquiridos por el gran público en vía indirecta, es decir bajo el cobijo de las Sociedades de Inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro.
Ahora que la posibilidad de los contratos de servicios ampliados para exploración en aguas profundas la había colocado originalmente en la mesa el Diputado priista Raúl Martínez Andrade, en una iniciativa presentada el 26 de abril del año pasado.
“Se parte, decía letra por letra la exposición de motivos, de la necesidad de permitir la celebración de contratos para explorar y desarrollar hidrocarburos, o sea para reconocer y determinar la existencia de recursos en el subsuelo, así como habilitar los mismos a fin de que una vez hallados sean aptos para su explotación”.
Exploración y preparación para la explotación por el mismo boleto.
Según el legislador, “con base en el texto y en el espíritu del artículo 27 de la Constitución, las actividades de exploración y desarrollo sí están permitidas a los particulares, ya que la prohibición se refiere únicamente a la explotación”.
El reclamo, en tal caso, habla de modificar sólo la ley reglamentaria del artículo 27 de la Carta Magna.
Ahora que la posibilidad de que Pemex pueda contratar a terceros para servicios de refinación de petróleo, “aunque sin transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista”, había surgido del Consejo Coordinador Empresarial, vía sus propuestas para mejorar la competitividad del país planteadas el año pasado.
La exposición de motivos hablaba de evitar simulaciones como en el caso de la refinería, situada en Houston, Texas, operada en asociación entre Shell y Pemex.
De aquí y de allá en un rompecabezas que, en la paradoja, polarizó más las posturas de privatizadores y nacionalistas.

Balance General

De cumplirse a la letra la ruta crítica planteada por los “estrategas” oficiales, la propuesta de reforma energética tendría luz verde del Congreso antes del último día del mes que corre en que termina el periodo de sesiones.
La idea es calcar el mecanismo que permitió el fast track o vía rápida en la reforma a la Ley del ISSSTE, es decir una vez planchada la aceptación del PRI, acelerar la presentación en comisiones del Senado del dictamen, para llevarlo al pleno de volada… y remitir la minuta sin más a la Cámara Baja.
El vértigo dificultaría instrumentar medidas de resistencia de la oposición.
La operación, sin embargo, nació con dos grietas: la desaparición del coordinador de la bancada panista, Santiago Creel, a la hora de la verdad, y la descoordinación del presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, al señalar la imposibilidad de cubrir la carrera de punta a punta en unos cuantos días.

Puerta trasera

Como no queriendo, en el paquete entregado la noche del martes en el Senado se coló una propuesta para reformar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, cuyo objeto, en el papel, sería subsanar un colosal hueco legal en materia de generación privada de energía eléctrica.
Concretamente se plantea adicionar el artículo 33 del ordenamiento, a fin de que el órgano “pueda promover la participación de los particulares en las actividades del sector”.
El caso es que lo viene haciendo desde hace más de 10 años.
Más aún, su actividad apunta al otorgamiento de los permisos correspondientes, según ello con base en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1992.
El problema es que la Suprema Corte de Justicia declaró al ordenamiento contrario al artículo 27 de la Constitución.
Se diría, pues, que se quiere legalizar el escenario por la puerta de atrás.

Casi el paraíso

Aunque la encuesta que realiza año con año el Great Place to Work Institute reconoce a Starbucks Coffee como el mejor lugar para trabajar en México, en el horizonte están también las firmas farmacéuticas Jansen-Cilag y la de servicios Atento México.
Esta última, integrada al Grupo Atento que encabeza Pedro Villar, recibió el señalamiento por tercer año consecutivo, extendiéndose en esta ocasión a sus filiales en Guatemala y El Salvador.
La empresa maneja el Call Center más importante de la región, ofreciendo 18 mil plazas de empleo.
Otra contra Cemex
En lo que podría constituir un nuevo dolor de cabeza para Cementos Mexicanos, hete aquí que el gobierno de Puerto Rico le está cuestionando los permisos obtenidos para quemar llantas en una de sus plantas.
Según ello la firma se fue por la libre al amparo de una enmienda administrativa que no suple el trámite… por más que está comprobado que el procedimiento es inocuo para el medio ambiente.
La intención de Cemex era sustituir el 25 por ciento de las 115 mil toneladas de carbón que emplea como combustible.

albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx