La solicitud de concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada planteado hace unos días por la Metrofinanciera, parecería la primera ficha de un efecto dominó en el ámbito de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado, conocidas como sofoles.
La firma había encendido los focos rojos en mayo pasado, al incumplir con el pago de intereses y capital de dos emisiones de deuda por un global de dos mil millones de pesos.
La alarma la agravó un acto similar de la intermediaria Crédito y Casa, obligando al gobierno a lanzar a bote-pronto un salvavidas, vía un esquema de garantías de la Sociedad Hipotecaria Federal que cubrían hasta de 65 por ciento de colocaciones de deuda realizadas, por un total de 10 mil millones de pesos.
El caso es que ni así.
De hecho, la medicina resultaba tan raquítica, que solamente una de las mil sofoles que operan en el mercado, Hipotecario Su Casita, mantiene colocaciones de deuda bajo el rubro de Certificados Bursátiles, por 19 mil millones de pesos.
Más aún, 10 de las principales intermediarias, justo las que se especializan en hipotecas a la vera del auge inmobiliario, tienen a su vez una cartera de casi 70 mil millones de pesos, que representan el 62 por ciento de su colocación total de préstamos.
Se diría, pues, que el gobierno intentó extirpar un tumor frente a un cáncer generalizado.
Colocadas como panacea frente a la cerrazón de las ventanillas de créditos productivos de los bancos, las sofoles tuvieron un crecimiento tan explosivo, que necesariamente derivó en congestión.
De alguna forma se repitió el fenómeno que entre 1992 y 94 provocó el truene de decenas de uniones de crédito, a las que habilitaba Nacional Financiera con recursos, en un escenario de cero reglas y supervisiones.
De hecho, abierta la coyuntura a partir del 2006, cuando el gobierno cifró la posibilidad de recuperación económica vía un boom inmobiliario, la mayoría de las empresas de factoraje, es decir aquellas que financiaban la compra de bienes muebles con garantía de las propias facturas, se convirtieron en sofoles.
Si entonces existían en el mercado apenas 60 intermediarias, 20 para atender al segmento hipotecario, 18 al empresarial, nueve al de consumo y, entre otras, siete al agroindustrial, hoy, decíamos, alcanzan más de mil con la novedad de que la mitad ni siquiera están registradas.
Ahora que, en el auge, el gobierno, es decir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se preocupó por imponer reglas, en un escenario en que 98 por ciento de las firmas trabajan bajo un esquema suicida de apalancamiento.
Dicho con todas las letras, lanzan emisiones de deuda para financiar sus préstamos, lo que las coloca de frente a una ruleta rusa, dado que los eslabones están sujetos al cumplimiento estricto de las partes.
Si los deudores no pagan, el golpe recae de lleno en los acreedores de los Certificados Bursátiles, lo que vulnera la confianza para futuras colocaciones.
De hecho, el escenario se resquebrajó ante la caída de la demanda de créditos hipotecarios por un lado, y la atonía en el mercado de deuda por el otro.
Se diría, pues, que desbocada la oferta del crédito al calor del crecimiento espectacular de la construcción de casas-habitación, no se calculó el punto prudencial para evitar que el incumplimiento en el pago de los préstamos a las promotoras de vivienda se llevara de corbata a las emisiones de deuda.
Los créditos se lanzaron como confeti para presumir de escenarios sin precedente.
Ahora que la maquinaria empezó a rechinar en octubre del año pasado ante la devaluación del peso, los vaivenes de la Bolsa Mexicana de Valores y el consiguiente encarecimiento del crédito.
El problema, de ahí el efecto-dominó, es que los papeles fueron adquiridos por algunas sociedades de inversión y algunos bancos, que hoy afrontan un escenario de minusvalías.
Estamos hablando de una caída en el precio de adquisición de los papeles ante la baja en los réditos reales, es decir confrontados con la inflación, que en algunos casos se vuelven negativos.
Hasta hoy el contagio alcanza a media docena de bancos, cuyos balances, a querer o no, empiezan a deteriorarse.
Lo que ayer parecía casi el paraíso, hoy se vuelve pesadilla.
Por lo pronto, lanzado el grito de ¡sálvese el que pueda!, algunas de las sofoles están de plano en la fila del concurso mercantil; otras están en línea de fusión múltiple, en tanto las más se preparan a recuperar de lo perdido lo que aparezca, vendiéndole su cartera a los bancos.
El tronido será de antología.
Balance General
Colocada en la mesa de la Comisión para el Desarrollo Ambiental de América del Norte una denuncia por depredación ambiental contra la firma canadiense Minera San Xavier, hete aquí que ésta la exoneró de los cargos.
La querella ante la instancia creada como parte de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte exigidos por la administración Clinton a la entrada en vigor de éste, la había interpuesto el grupo ambientalista Pro San Luis Ecológico.
Como usted sabe, la firma explota una mina de oro y plata ubicada en el Cerro de San Pedro, localizado a unos kilómetros de la capital del Estado, utilizando explosivos para aflorar las vetas, además de diversos químicos para limpiar los metales.
El resolutivo del organismo habla de "no existir tendencia o prueba alguna que permita determinar la existencia de violaciones a las normas ambientales mexicanas que regulen la operación minera".
La solicitud de Pro San Luis Ecológico hablaba de que México habría incurrido en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental.
Castigan a Siemens
¿Se acuerda usted de aquella investigación que se realiza en Estados Unidos contra la empresa Siemens, a quien se acusa de ofrecer sobornos a empresas paraestatales mexicanas, léase Petróleos Mexicanos, para ganar contratos?
Bien, pues la noticia es que el Banco Mundial le está cerrando las puertas a la firma alemana para participar en sus proyectos durante dos años, aduciendo a los "casos de corrupción en que se ha visto involucrada".
Se "picó" la CFC
Engolosinada tras haberle impuesto la primera multa en su historia por prácticas monopólicas absolutas, es decir el sacrilegio previsto por la Ley Federal de Competencia Económica, a la firma Ferrosur del Grupo México y socios que le acompañan, la Comisión Federal de Competencia ya pescó a otra infractora.
El golpe alcanza a 33 firmas y corredores inmobiliarios que hacen negocio en la ribera del Lago de Chapala.
Los agentes se coludieron para cobrar una comisión uniforme por sus servicios, lo que anuló cualquier posibilidad de competencia.
La multa, impuesta, a prorratearse entre los acusados, alcanza 24 millones 373 mil pesos.
¡Pácatelas!
albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx
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