"Empresa"

"Jorge Álvarez Hoth finalmente se decide a devolver los intereses cobrados al pago del 80 por ciento de la contraprestación exigida a Operadora Unefon por la concesión de 18 frecuencias de telefonía celular"

    Siempre sí

    Acorralado por la posibilidad de ser acusado de desacato, es decir machetazo a caballo de espadas al Gobierno foxista, tras condenársele a una sanción pecuniaria equivalente a 30 días de su salario, el Subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, se rendiría un día antes del fin del sexenio.
    En oficio dirigido sin destinatario específico a Operadora Unefon, el funcionario ofrecía, finalmente, acatar la sentencia del 6 de abril de 2004 de la Primera Sala Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, devolver los intereses cobrados al pago del 80 por ciento de la contraprestación exigida a la firma por la concesión de 18 frecuencias de  telefonía celular, luego de dos prórrogas de 180 días cada una.
    La promesa hablaba de un anticipo de 550 millones de pesos, cubriéndose el remanente, es decir, 46 millones 385 mil pesos, vía el mecanismo conocido como Adefis (Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores).
    El remitente aludía al oficio 278-06 de la Oficialía Mayor, en el que se anotaba a la letra que "derivado de las economías que se han generado, a la fecha puede cubrirse un monto de 550 millones de pesos a la empresa, amén de que existiría la posibilidad que durante el mes de diciembre se obtuvieran nuevas economías y pagarse como Adefis".
    El caso es que al día siguiente, es decir el último del sexenio, la propia Oficialía Mayor le comunicaba al director general de Políticas de Telecomunicaciones, Leonel López Celaya, la liberación se seis partidas por los 550 millones de pesos, la mayor de las cuales alcanzaba 295, y la menor 3 millones 854 mil...
    Los recursos se transfirieron por vía electrónica a la reclamante el 7 de diciembre de 2006, lo que explica el extrañamiento de la Auditoría Superior de la Federación sobre la inexistencia de constancia documental.
    Ahora que en la fase previa la opinión de la dependencia sobre la procedencia de la devolución había escalado del negro al blanco.
    El 7 de septiembre de 2005, así, el jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes opinaba que aún cuando la sentencia del 6 de abril de 2004 había quedado en firme, "no obliga a la empresa a devolver cantidad alguna".
    La opinión la avalaba, a nombre de los abogados de la dependencia, Diego Tenorio Ariza Montiel, en oficio dirigido al Subsecretario Álvarez Hoth, señalando a la letra que de la sentencia no se desprende que se haya condenado a la autoridad "a la restitución de un derecho subjetivo violado o la devolución de una cantidad".
    En el mismo tenor se emitiría 19 días después otro oficio, firmado éste por Genaro A. Jiménez Montúfar, en el que se aludía a una queja presentada por el representante de la Operadora Unefon, Moisés Saba Mansri, urgiendo a la devolución.
    Textualmente, el documento reiteraba que la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa "no ordena que se devuelva cantidad alguna como lo regula el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación".
    Sin embargo, el 10 de octubre de 2006 el criterio había girado 180 grados.
    En oficio de la Unidad de Asuntos Jurídicos enviado a la Oficial Mayor de la SCT, María de la Luz Ruiz Mariscal, se planteaba la  urgencia de cumplir con la devolución de recursos, aconsejando que, "como previsión se efectúen los trámites administrativos y presupuestales necesarios".
    Firmado por el propio Genaro P. Jiménez Montúfar, el texto aludía a una sentencia emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa  del Distrito Federal en un juicio de amparo promovido por Unefon, que ordenaba al titular de la dependencia "proceder jerárquicamente y ordenar a sus subordinados que tramiten o realicen lo necesario para que se devuelva a los quejosos las cantidades pagadas indebidamente, como lo ordena la sentencia de abril de 2004..."
    De hecho, en calidad de apremio el togado le había impuesto una multa equivalente a 30 días de su salario normal al Subsecretario de Comunicaciones, al considerarlo responsable de incumplir la sentencia.
    Más aún, le fijaba al titular de la dependencia, Pedro Cerisola y Weber, un plazo de 20 días "para que de cumplimiento a la sentencia referida en los términos presentados en el presente fallo".
    Adicionalmente, se señalaba que "al imponérsele el monto mínimo de la sanción a su subordinado, no resulta indispensable el señalar la motivación de elementos tales como el nivel jerárquico, la reincidencia  y la importancia del daño causado con el incumplimiento..."
    Siempre sí.

    Balance General
    ¿Se acuerda usted de las ocho auditorías que ordenó la Cámara de Diputados en relación a las obras de construcción de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, ante el inaudito desfase presupuestal que elevó al doble su costo?
    Bien, pues el ejercicio realizado por la Auditoría Superior de la Federación derivó en un simple coscorrón para Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dada la magnitud del escándalo desatado.
    Las observaciones hablan de un posible quebranto al erario público de 775 millones 496 mil pesos.
    En la catarata se habla de 621 millones 584 mil pesos por pagos improcedentes y en exceso, además de falta de documentación comprobatoria en respaldo de erogaciones efectuadas por 30 millones 922 mil.
    Lo curioso del caso es que a la inauguración de las instalaciones, cuyas primeras absurdos están documentándose ya en los medios, se vertieron elogios oficiales a los artífices de la obra, calificándose en el exceso de "visionario" al ex Presidente Vicente Fox.

    ¡Duro!
    En lo que constituye un golpe más, acaso el más severo, contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, se acaban de emitir sendas órdenes de aprehensión contra el tesorero de éste, Héctor Félix Estrella, y el secretario de Asuntos Internacionales, Juan Linares Montúfar.
    A uno y otro se les acusa de administración fraudulenta agravada, en relación, lo adivinó usted, con los 55 millones de dólares otorgados por el grupo industrial Minera México para prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
    Los reclamos fueron girados en el primer caso por la juez 18 de lo penal, Margarita Bastida, el lunes pasado, y en el segundo por el juez  51 de lo penal, Jorge Tomás Rodríguez Arvizu, el viernes previo.
    Los acusados habían obtenido frente a sendas órdenes similares amparos "para efectos", lo que obligó a reponer el procedimiento.
    Naturalmente, el escenario coloca de espaldas al callejón a Gómez Urrutia, quien había externado su decisión de regresar al país... cuando el expediente quedara limpio.
    De hecho, las tres huelgas que mantienen paralizadas las plantas de Fresnillo y Taxco del grupo Minera México, y semiparalizada a Minera de Cananea, se ubicaban como moneda de cambio para transar la exoneración... y de pasadita obtener recursos para cubrir los 55 millones de la discordia.

    Soldar eslabones
    La filial en México y Centroamérica de Siemens que encabeza Hans Joachim Kohlsderp acaba de firmar un acuerdo con la Corporación Interamericana de Inversión, que permitirá facilitar iniciativas en apoyo de pequeñas y medianas empresas en opción de eslabonarse con las gigantes.
    Por parte del organismo firmó el documento su gerente general, Jacques Rogoginski, quien fuera funcionario de la Secretaría de Hacienda en la época en que la encabezaba Pedro Aspe Armella.

    Viva México
    La noticias es que Sergio Duplas acaba de convertirse en el primer mexicano en alcanzar la presidencia y dirección general de la filial en nuestro país de la empresa farmacéutica suiza Novartis.
    La compañía opera en cuatro divisiones: Farmacéutica, Santes, Salud del Consumidor y Salud Animal.
    Novartis México facturó el año pasado cinco mil 926 millones de pesos.
    albertobach@yahoo.com.mx

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