"Empresa"

Siempre sí 
Vaticinado originalmente su pase a la congeladora ante el feo que le hizo la Secretaría de Hacienda, ahora resulta que las Comisiones Unidas que analizan la propuesta de una Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, están agilizando su dictamen.
El cambio de señales, lo adivinó usted, responde a la coyuntura de encarecimiento de los productos que integran la canasta básica obrera, ya por escasez o por especulación.
Planteada el año pasado por un grupo de senadores priístas, en reivindicación de sus banderas tradicionales, la iniciativa plantea darle la vuelta a la reforma fiscal que, en el marco del Impuesto Empresarial de Tasa Única, canceló la posibilidad de deducción de prestaciones en la materia.
Estamos hablando desde la instalación de comedores hasta la entrega de despensas o vales para productos alimenticios.
Lo inaudito del caso es que a la simple lectura del anteproyecto se adhirieron a él un grupo numeroso de legisladores perredistas.
La exposición de motivos señala que el derecho humano a la alimentación se establece en innumerables instrumentos internacionales que México ha signado, lo que coloca al país en obligación de respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos.
Desde el plano práctico, la iniciativa hace referencia a estudios de la Organización Internacional del Trabajo que demuestran que una nutrición deficiente está estrechamente ligada al ausentismo, a las enfermedades y aún a los accidentes laborales, además de reducir hasta en 20 por ciento la productividad.
De hecho, el propio organismo documenta una serie de beneficios obtenidos por países que han adoptado el esquema... bajo prerrogativas de carácter fiscal.
En América Latina el caso más significativo es el de Brasil, quien mantiene desde hace tres décadas un Programa de Alimentación para los Trabajadores.
Y aunque en nuestro país el escenario se abrió hace un lapso similar, vía el otorgamiento de vales de comida, instalación de comedores y entrega de despensas, no existe ninguna disposición legislativa que permita la permanencia y continuidad de los programas.
Peor aún, hete aquí que la reforma fiscal aprobada por el Congreso le cortó las alas a la posibilidad, por más que el 30 por ciento de los ingresos familiares se destina a la comida, alcanzando en las familias pobres hasta el 40.
El principal obstáculo que se planteó tras la presentación de la iniciativa fue el que se exigía no sólo reinstalar la posibilidad de deducción de los gastos de las empresas en la materia, sino descontarlos del Impuesto Sobre la Renta, lo que provocó un grito en el cielo de la Secretaría de Hacienda.
Dicho con todas las letras, que por cada peso que se ponga literalmente en la mesa en materia de comedores, restaurantes u otros centros de consumo contratados por el patrón; por cada vale electrónico, o por cada despensa otorgada al trabajador, el fisco deduzca dos.
Ahora que la posibilidad de un hipotético ni-tú-ni-yo la abrió la carestía de alimentos que amenaza con provocar una espiral incontenible de peticiones de incremento salarial de emergencia, presionando, por lo pronto, los montos solicitados en las revisiones contractuales.
Planteada originalmente por los senadores priístas María de los Ángeles Moreno, Carlos Aceves del Olmo y Heladio Ramírez López, la alternativa apunta a todos los trabajadores del país, es decir no discriminar si laboran en el ámbito público o privado... por más que no tendrá carácter obligatorio, o si lo prefiere el esquema sería voluntario.
Un volado, pues, por la salud ocupacional.

Balance general
Los vientos de guerra soplan otra vez en la industria azucarera, ante la morosidad de los propietarios de ingenios en cubrir adeudos con los cañeros. Estamos hablando del incremento de 6 por ciento que se concedió al precio por tonelada de la zafra 2006-2007, además de las preliquidaciones y liquidaciones de la actual.
El monto alcanza mil 100 millones de pesos.
El reclamo más urgente apunta hacia la caña que se entregó hace ocho meses, habiendo sido procesado y, en su caso comercializado el dulce producido.
Los afectados exigen una requisa de los ingenios en mora, o al menos el embargo de los inventarios, lo que augura un jaloneo de antología.
Por lo pronto, los dueños de los ingenios le ganaron un round a éstos al aceptar la Secretaría de Agricultura un nuevo precio para la próxima zafra de 380 pesos por tonelada.

Bostezos a granel
Invitado por el Club de Industriales que encabeza José Carral a plantear la plataforma de su partido con miras a la elección intermedia del año próximo, "En Acción, generamos progreso. La visión del PAN sobre el desarrollo de México", el dirigente panista Germán Martínez Cázares provocó una oleada... de bostezos.
El fiasco fue de película.
De acuerdo a los asistentes, el ex Secretario de la Función Pública no había leído el texto que le prepararon, lo que provocó una lectura plana, por más que el contenido no daba tampoco para mucho.
La semana previa el coordinador priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, había provocado ovaciones.
De hecho, el único chispazo que se planteó fue cuando el dirigente regañó al coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, presente, por cierto en el evento, al recriminar que hayan pasado modificaciones legislativas por falta de quórum de los panistas.
Lo demás fue lo de menos.

Veladora a Chávez
Colocada de espaldas al callejón, la filial de FEMSA en Venezuela aceptó la intermediación del Ministerio del Trabajo del país sudamericano para intentar dar fin al conflicto que paraliza la distribución de sus productos desde el seis de junio.
Como usted, sabe, las instalaciones de las factorías están cercadas por camiones cuyos choferes reclaman una indemnización justa, tras ser desplazados por personal propio a la llegada de la firma mexicana.
La distribución en la fase previa se realizaba con intermediarios a los que se les pagaba por flete, sin ningún vínculo laboral.
Las plantas de FEMSA se localizan en los estados de Zulia, Carabobo, Angostura y en la propia capital de la nación del cono sur.

Modelo mexicano
La novedad en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno integrados al Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla que se inicia esta mañana, es la puesta en marcha de un Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica, bajo la ruta del modelo mexicano.
El esquema será financiado por el Acuerdo de San José.
La experiencia del país ha despertado, además, el interés de España, Colombia, Turquía, Egipto y Chile.

albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx