En un insólito más de la justicia a la mexicana, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Guadalajara acaba de ratificar un amparo a la firma Argent Trading International frente a una denuncia de fraude planteada por la empresa fabricante de textiles Interlink.
El punto fino de la querella que hace dos años provocara el libramiento de órdenes de aprehensión contra cuatro directivos de la compañía, apunta a la expedición de papeles de pago en especie a empresas en apuros financieros, a título de Certificados para la Compra de Activos, APC's por sus siglas en inglés: Asset Purchase Credits o Asset Purchase Certificates.
El gancho era la exhibición de una larga lista de firmas en opción de redimir los papeles, entre ellas Pinturas
Comex, Grupo Herdez, Jugos Del Valle, Cementos Cruz Azul, Ford Motors Company
además de posibilidades
internacionales como la de adquirir un departamento de lujo en Florida, un automóvil sofisticado Made in USA o alguna mercancía exclusiva.
De lo perdido, pues, lo que aparezca, con la novedad de que en la inmensa mayoría de los casos los papeles cuyo "valor" es de un dólar, se reciben como parte del pago.
El resto hay que cubrirlo en efectivo. Dinero bueno al malo, frente al clásico "Lo tomas o lo dejas"; con la novedad de que los papeles tienen una vigencia de sólo tres años, transcurridos los cuales pierden su supuesto valor.
Naturalmente, los bienes canjeables se ofrecen a un sobreprecio.
Aunque la empresa en el banquillo con sede central en Nueva York, pero con oficinas
en el país, concretamente
en Séneca 61, colonia Polanco, ha logrado en cinco años meter a la ratonera a infinidad
de firmas constructoras,
la denunciante constituye
un ejemplo clásico del "modus operandi".
Hete aquí que Interlink, productora, entre otras mercancías,
de medias y calcetines
de las marcas Cibolain y Periquita, debió cerrar sus puertas entre el 2004 y el 2005 ante la imposibilidad de competir con el contrabando
procedente de China; la proliferación de la economía
informal; el cierre parcial
de sus mercados de exportación,
y una sobreoferta mundial.
La firma con mil 200 trabajadores
y cuatro mil clientes
en su mejor momento, se liquidaría sin pasivos ni deudas
laborales.
El problema, ahora, era vender la maquinaria y equipos,
en un escenario en que hacerlo en el país implicaba presiones a la baja en el costo de sus inventarios.
La mayoría de sus aparatos,
así, se fueron a Egipto, quedando sólo un lote, aunque
con capacidad de arrancar
una planta completa. En ese momento fue cuando apareció en escena Argent Trading International con una oferta que parecía imposible
de soslayar: colocar la mercancía en el extranjero, justo en países asiáticos, a un precio que parecía equilibrado.
El problema era que el pago se haría vía los APC's de la discordia, cuyo valor, decíamos, sólo lo reivindicaba
la posibilidad de canje en especie.
Aún así, la firma encabezada
por Pablo Horn Galindo aceptó pactar cinco contratos
por 6.1 millones de dólares,
recibiendo diversos certificados que en el papel avalaban la cantidad.
El problema llegó al intentarse
la redención.
Cuando no se topó la empresa
con descuentos sobre el supuesto costo avalado, resultó
que el canje sólo era factible por el monto de una parte de las mercancías, o de plano las firmas no lo aceptaban.
La paciencia estalló cuando se intentó adquirir un departamento de lujo en Miami.
Así, en el 2006 Horn Galindo
decidió demandar a Argent tanto en Nueva York como en México, bajo cargos
de fraude genérico, expidiendo
un juez de Jalisco órdenes
de aprehensión contra funcionarios de la firma que presume de ramificaciones en Argentina, Bélgica, Brasil,
China, Francia, Alemania,
Grecia, Italia, República Dominicana, India, España y el Reino Unido de la Gran Bretaña, quienes se ampararon
de inmediato.
La exigencia de captura alcanzaba al español José Juan Canín Díaz, a quien se ubicaba como número uno de la organización; al también
hispano Alberto Corral López Dóriga, a quien se señala
como número dos; al estadounidense
Greg Young, radicado en Nueva York quien firma los contratos en su calidad de abogado, y otro español, Jorge Antonio Cortés
Felguerez De Santiago, quien había fungido como Country Manager de la firma
en México.
Justamente la resolución del Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal reivindica
el amparo obtenido por éstos, lo que en el papel representa su exoneración.
Ahora que, inconforme con ésta, el empresario defraudado
presentó el 13 de junio una queja ante el Consejo
de la Judicatura Federal contra los magistrados José Félix Dávalos Dávalos, Luis Lara Martínez y Rosalía Isabel
Moreno Ruiz de Rivas, a quienes acusa "de notorio descuido en la función jurisdiccional
que deben realizar,
sin haber observado la imparcialidad y el profesionalismo
propios de la función
que desempeñan".
La solicitud, más de un mes después, no tiene aún respuesta.
Se avalan certificados balines.
Balance general
Rebelados contra lo que se calificó de entreguismo de parte de su dirigente, Salomón
Presburguer, un grupo compacto de presidentes de Cámaras Industriales, Asociaciones
y comités gremiales,
se reunió en el Club de Industriales el lunes pasado para diseñar una estrategia para oponerse a la vigencia del Impuesto Empresarial de Tasa Única.
Como usted sabe, hace unos días se celebró una reunión
entre los presidentes no sólo de Concamin sino de todos los organismos integrados
al Consejo Coordinador
Empresarial con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien los convenció de no hacer olas.
El funcionario señaló, tajante,
que el tributo, pese a que este año se debe revisar su viabilidad de cara a las acusaciones
de confundirse con el Impuesto Sobre la Renta, se mantendrá intacto, dada su capacidad recaudatoria.
Los cúpulos aceptaron dócilmente la argumentación
del funcionario.
Sin embargo, las bases no están convencidas, y por lo pronto le están coqueteando al PRI para que suprima el gravamen vía el Congreso.
Arreglos Bachoco-Tyson
En afán de evitar un escenario
de enfrentamiento con la Casa Blanca, dado el poderío
de las firmas en proceso de afectación, la Secretaría de Economía se ha reunido con los representantes de Tyson
y Pilgrim's, además de la organización que representa a los exportadores de pollo en Estados Unidos, en intento de "negociar" el monto de un impuesto compensatorio que se les aplicaría por afectar la viabilidad de los productores nacionales.
Como usted sabe, la denuncia
que le dio pauta al proceso la presentó la empresa
Bachoco
con quien también se han planteado acercamientos.
El problema es que el pacto
cupular está dejando fuera
no sólo a los productores independientes, sino a los propios consumidores.
Naturalmente, de implantarse
la medida bajo la figura de salvaguardas, el costo al público del ave de corral se incrementaría en la misma o mayor proporción.
De hecho, la sospecha es que Bachoco jugó esa apuesta.
Ahora que el problema, además, es que se podría crear un mercado paralelo al margen de la ley, como ha sucedido
en el pasado, importándose
el producto sin las normas sanitarias mínimas.
albertobach@yahoo.com.mx
