Colocada en el ojo de la polémica la inacción del gobierno en los 14 años previos a la apertura total de la frontera prevista en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el balance, a ocho años de la segunda gran apuesta del país, es aún más desolador.
Estamos hablando, naturalmente, del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), cuyo arranque surgió en el año 2000 bajo el calificativo de la contraparte, vía el hoy director general de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, de "el primero, el más rápido y el mejor".
A diferencia del acuerdo mercantil con Estados Unidos y Canadá en que el país logró remontar un déficit de 5 mil millones de dólares para trocarlo en un superávit permanente en la balanza comercial, con los países del viejo continente el desequilibrio ha crecido en 80 por ciento.
Si en el año 2000 éste era de 9 mil 439 millones de dólares, en 2006 llegó a 16 mil 947 millones.
Ahora que en el aspecto cualitativo no nos ha ido mejor. Reputado el pacto como una oportunidad para diversificar nuestras exportaciones y atraer inversiones productivas para la generación de empleos, hete aquí que nuestra ofensiva se reduce a tres grandes capítulos: petróleo, vehículos y maquinaria, en tanto la inversión europea no ha generado nuevas empresas sino comprado existentes.
Y aunque el 20 por ciento de las apuestas productivas en el país las genera la Unión Europea, sólo cuatro naciones concentran el 90 por ciento. Estamos hablando de España, con el 37.4; Holanda, con el 35.6; el Reino Unido, con el 10.6, y Alemania con el 6.8.
Ahora que, por sectores, tres cuartas partes de la inversión se concentran en dos de ellos: manufacturero y servicios. El primero alcanza el 49.5, y el segundo el 24.2.
Y si le escarbamos otro poquito, el 91.5 por ciento de la inversión europea se concentra sólo en cinco entidades federativas, incluido el Distrito Federal, lo que contradice el compromiso plasmado en el papel de generar un mayor desarrollo regional.
Si en la capital del país se concentra el 58.1 por ciento, en el Estado de México se alcanza el 14.5; en Nuevo León el 12; en Jalisco el 3.6, y en Puebla el 3.2.
El caso es que para la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, las inversiones europeas en el sector financiero han generado una alta concentración, lo que explica las altas comisiones y el lento descenso de las tasas de interés... lo que permite los márgenes de intermediación más generosos del mundo.
En términos de generación eléctrica, la participación de tres grandes empresas: Unión Fenosa e Iberdrola de España, así como Electricité de France; ha sido más que redituable para su causa, al punto de convertirse en la tercera en el segundo mayor productor privado en el país, generándole sólo en el primer semestre de 2006 ingresos por 362 millones de euros.
La primera, a su vez, tiene a México como el generador del 25 por ciento de sus ingresos globales, en tanto a la segunda nuestro país y Guatemala le generan el 58.8 por ciento de sus utilidades.
El hecho es que los permisos con que operan están en entredicho frente a una confrontación con la Constitución.
En el caso de los proyectos eólicos, la acusación habla de negocios privados a partir de bienes comunes, con la novedad de que firmas como EAL de Francia, y las españolas Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Eoliste, llegaron al país con el anzuelo de contratos de largo plazo e incentivos fiscales.
El problema es que de acuerdo a un estudio sobre el impacto social y medio ambiental de las inversiones europeas en México patrocinado por la fundación Heinrich Böll, no existen criterios sociales que prioricen uso y destino de las tierras en que se desarrollan los proyectos.
Más allá, no hay información respecto de los efectos ambientales de este tipo de infraestructura, ni se han calculado los posibles impactos y alteraciones en la tierra y en las aves.
Desde otro ángulo, la participación de empresas europeas en el servicio de agua potable y alcantarillado se realiza en medio de prácticas irregulares que atentan contra el erario público y los derechos de los consumidores.
El caso más significativo lo representa la firma Aguas de Barcelona, quien recibió un contrato para operar en Saltillo, cuyo Ayuntamiento detectó en una auditoría una serie de violaciones que hablan desde obras no reportadas al Consejo de Administración, hasta adquisiciones de vehículos que no se ajustaron al procedimiento legal, pasando por incrementos en las tarifas de agua potable y alcantarillado superiores a la inflación.
Por lo demás, la propia Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio señala que ninguna de las promesas que le dieron sentido al acuerdo mercantil se ha cumplido.
La larga lista habla, entre otras, de haberse vuelto letra muerta la llamada "cláusula democrática" que en el papel impulsaría la defensa y promoción de los derechos humanos; de no apoyarse hasta hoy el crecimiento económico y la creación de empleos en el país, ni el incremento y la diversificación de las exportaciones mexicanas.
¿Abrimos más TLCs?
Balance General
Asumida desde el primer día del año la operación de la cadena de tiendas de autoservicio Gigante por su similar Soriana, sin embargo los establecimientos mantendrán no sólo el nombre sino la responsabilidad del manejo de las mercancías por parte del vendedor, hasta el último día del mes que corre.
El pago de los inventarios en curso, cuyo monto se calcula en 350 millones de dólares, se realizará en marzo.
Hasta hoy Soriana no ha pagado un centavo por el concepto.
Por lo pronto, la cadena que encabeza Ángel Lozada ha logrado ya un acuerdo con la mayoría de sus 3 mil 500 proveedores sobre el monto de las facturas, tras un largo estira y afloja que se prolongó hasta finales del año pasado.
De hecho, se dice que el propio director general de la cadena, Jaime Alverde Goya, habló con los presidentes de la totalidad de las Cámaras industriales para explicarles el procedimiento, ante la amenaza de demandas.
Ahora que algunas de las empresas se mantendrán como proveedores de las tiendas de productos electrónicos y los hoteles y restaurantes que mantendrá por un lado la cadena y por otro la familia propietaria.
Después del agarrón, pues, quedan como cuates.
Téngan su rebaja
De acuerdo a la percepción de los industriales, a final de cuentas el gobierno, es decir la Comisión Federal de Electricidad, saldrá ganando con el nuevo escenario para el cálculo de las tarifas, que en el papel se planteó como regalo de reyes para el sector.
El galimatías habla de una reducción de 30 por ciento para la tarifa en hora pico; de un descenso de 50 por ciento en la demanda facturable, y de cinco por ciento en la tarifa industrial.
El caso es que de entrada la tarifa general se incrementa en 8 por ciento, la cual implica que las empresas productivas pagarán un 3 por ciento más.
Y el caso, además, es que la "tarifa pico" equivale a cuatro tantos de la industrial, lo que reduce al mínimo la caída.
Atole con el dedo, pues.
Quintilla de reyes
Pues ahora resulta que el grueso de los contratos otorgados por Pemex Refinación en los últimos tres años apuntan a sólo cinco empresas nacionales que operan en alianza con extranjeras.
El dedo con alcance transexenal apunta a las firmas Oceanografía, a la que se liga insistentemente con los hermanitos Bribiesca Sahún; Constructora e Instaladora Demar, Cendux, Diavaz y Mexsub.
En conjunto las compañías han obtenido contratos por 14 mil 356 millones de pesos.
La derrama mayor alcanzó a la última de ellas, con 14 contratos.
albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
