Aunque del dicho al hecho faltaría el visto bueno de los tres sindicatos para la cancelación unilateral de su Contrato Colectivo de Trabajo, el sí del gobierno a la propuesta de PC Capital para asumir el control de Mexicana de Aviación plantea una buena para Interjet y una mala para Volaris.
En el primer caso la línea aérea propiedad de la familia Alemán no tendrá frente a sí la competencia de Click y Link, las filiales de bajo costo de la compañía en caída libre.
En el segundo, la intención de la nueva tenedora de las acciones de privilegiar los vuelos internacionales de la línea aérea más antigua del país le coloca un jaque a la empresa encabezada por Pedro Aspe, quien había ocupado las rutas que mantenía ésta en los Estados Unidos.
Estamos hablando de los vuelos estelares de la compañía, es decir México-Los Ángeles, Oakland, San José, Sacramento y Las Vegas, por más que Volaris tendrá el plus de una conexión desde la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, vía la línea aérea de bajo costo Southwest Airlines.
Más aún, en una maniobra de último minuto, cuya legalidad se cuestiona, Mexicana logró que el juez de la Corte de Bancarrotas del Sur de Nueva York, Martín Gleen, reconociera su status de empresa en concurso mercantil, lo que le permitió no sólo mantener sus rutas y sus horarios, sino los slots
a los que aspiraba Volaris.
Lo delicado del asunto es que para garantizar los espacios se le obligó a la firma aérea a cubrir adeudos pendientes por 9.5 millones de dólares, lo que pudo lograr vía un convenio con Banorte, su principal acreedor, para liberar bouchers de tarjetas de crédito con que la clientela local cubrió vuelos del país del norte a México.
El monto global embargado en garantía de pago del adeudo era de 23.4 millones de dólares.
El problema es que ni el administrador de la empresa, Javier Christlieb, ni el conciliador, Gerardo Badin, más aún ni el juez que lleva el concurso mercantil estaban autorizados para permitir la salida de un solo peso de la caja de la compañía.
Ahora que Banorte se la jugó en defensa de su propia causa, dado que de haber llegado la declaratoria de quiebra de Mexicana, debió haberse formado en una cola que alcanza a 13 mil 781 acreedores entre personas físicas y morales.
La paradoja del caso es que el juez de la causa sí había ubicado como acreedor preferencial a la firma fabricante de turbinas IAE International Aero Engines, a quien se le debe sólo 53 millones de pesos.
La prioridad mayor, naturalmente, era para los trabajadores, siguiéndole en línea el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria y el Servicio para la Navegación del Espacio Aéreo.
Por lo pronto, la nueva administración que encabezaría el ex director de Aeroméxico, Arturo Barahona Oyervides, plantea una ruta diametralmente distinta a la seguida por el Grupo Posadas, reconcentrándose en el nicho que le había permitido sobrevivir, es decir Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
Se cancelan, pues, las absurdas rutas a la Unión Europea , con énfasis en Madrid y Londres; se recula frente a la penetración de Aeroméxico en Sudamérica, y se repliega la firma a sus orígenes, al prescindir de sus filiales de bajo costo.
De los 67 aviones con que ofrecía sus servicios, sólo se mantendrán 30, todos ellos de tipo Airbus.
La gran pregunta, naturalmente, es si la adquisición de las deudas de Mexicana por parte de PC Capital implicará el carpetazo a las denuncias contra la gestión empresarial de Gastón Azcárraga Andrade, empezando por la misteriosa desaparición de los cinco mil millones de pesos que constituían el fondo laboral.
La catarata es inmensa: La salida, seis meses antes de la cancelación total de sus vuelos, del Grupo Posadas de los paquetes todo incluido que vendía la firma, en contraste con la venta de vuelos anticipados que sabía no iba a cubrir.
Y si le seguimos, el ocultamiento doloso de información financiera de la compañía en la fase de negociación del préstamo otorgado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, en paralelo a la frustrada intentona de colocar bonos de deuda por 250 millones de dólares
con aval del gobierno federal.
¿Borrón y cuenta nueva para no molestar a un favorito del rey?
Balance general
La noticia es que el Senado aprobó un punto de acuerdo planteado por el legislador priísta Francisco Arroyo Vieyra para exhortar a las Secretarías de Economía y Comunicaciones y Transportes a frenar la venta del 80 por ciento de las acciones del Servicio Panamericano de Protección a la empresa estadounidense Brink's, por ser violatoria de la Ley de Inversiones Extranjeras.
Concretamente, el texto dirigido a Bruno Ferrari y Juan Francisco Molinar Horcasitas habla de violar el artículo sexto del ordenamiento que plantea una cláusula de exclusión para extranjeros en el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga.
Además, se advierte que de concretarse la operación la Secretaría de la Defensa Nacional deberá retirarle a la firma transportista de valores los permisos para el uso de armas, en tanto la de Comunicaciones y Transportes el que le permite transitar por carreteras federales.
La compañía es propiedad mayoritaria de los bancos Santander, BBVA Bancomer, Banamex, HSBC, Scotiabank, Banorte y Banobras.
Brink's mantiene un 20 por ciento en un fideicomiso neutro establecido en Nacional Financiera.
Como cuates
Lo que no pudo lograr en su desastrosa gestión como dirigente del Partido Acción Nacional lo está alcanzando Germán Martínez en su nueva tarea como gestor de empresas en problemas con el gobierno. Estamos hablando de aglutinar voluntades.
Naturalmente, la varita mágica apunta al tráfico de influencias.
Hete aquí que de pronto resultó que Petróleos Mexicanos está levantando de la mesa más de 50 litigios que enfrentaba con Mexicana de Lubricantes, la firma productora de aceites y lubricantes de la que es socio minoritario.
Colocados los actores en un pleito de una década ante la falta de transparencia de la firma propiedad mayoritaria de la Impulsora Jalisciense sobre sus estados financieros, en afán de ocultar sus pérdidas que en el papel le quitarían sus derechos o, del otro lado de la moneda, ocultar ganancias que debía compartir con Pemex, ahora resulta que llegó el borrón y cuenta nueva.
Tan amigos como antes.
De hecho, el viernes pasado se celebró una asamblea de socios en la que Pemex convalidó los resultados de varias gestiones atrasadas.
Más aún, previamente se aceptó que saliera del Consejo de Administración de la empresa de capital mixto el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, en afán de librarlo de responsabilidades en la convalidación de acuerdos lesivos para ésta.
A su privatización parcial, en 1993, las plantas productoras de aceites y lubricantes de Pemex que permitieron la creación de Mexicana de Lubricantes, facturaban 260 millones de dólares.
albertobach@yahoo.com.mx
