La pobreza que los programas sociales no pueden resolver solos

Hay un número que debería incomodarnos a todos: 38.5 millones. Esa es la cantidad de personas que viven en situación de pobreza multidimensional en México, según la medición oficial del Inegi. Es decir, casi tres de cada 10 mexicanos. No son una estadística abstracta: son vecinos, compañeros de trabajo, familias completas que enfrentan cada día la escasez de lo esencial.

Y sin embargo, el debate público sobre la pobreza en México suele reducirse a una discusión entre dos posturas que, curiosamente, comparten el mismo defecto: ambas son incompletas. Una celebra los avances en el salario mínimo y los programas de transferencias como si el problema estuviera prácticamente resuelto. La otra los rechaza de plano sin reconocer que sí han tenido efectos reales en el ingreso de millones de hogares. La verdad, como casi siempre, es más incómoda que cualquiera de las dos versiones.

Sí, la pobreza por ingresos se redujo. Los ajustes al salario mínimo de los últimos años han tenido un impacto positivo y medible en el bolsillo de quienes trabajan en el sector formal. Eso es real y hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo, el deterioro en el acceso a los derechos sociales básicos revela una paradoja que no podemos ignorar: las personas tienen algo más de dinero, pero menos acceso a salud, seguridad social y educación de calidad. Y eso, a la larga, es una bomba de tiempo.

Los números son contundentes. La carencia por acceso a servicios de salud afecta hoy a 44.5 millones de personas, el 34.2 por ciento de la población. En 2016, esa cifra era de 18.8 millones. En menos de una década, el número prácticamente se duplicó. ¿Cómo es posible hablar de progreso social cuando más del doble de personas se quedaron sin acceso a la salud? La falta de acceso a la seguridad social es aún más extendida: afecta al 48.2 por ciento de la población. Y el rezago educativo impacta a 24.2 millones de personas. Tres carencias masivas, estructurales, que ningún programa de transferencias directas resuelve por sí solo.

A esto se suma una disparidad regional que debería avergonzarnos como nación. Nuevo León registra una pobreza multidimensional del 10.6 por ciento. Chiapas y Guerrero superan el 58 por ciento. Estamos hablando del mismo país, de ciudadanos con los mismos derechos constitucionales, separados por una brecha de casi cincuenta puntos porcentuales. ¿Qué clase de pacto social sostenemos cuando nacer en un estado u otro determina tan decisivamente las oportunidades de toda una vida?

Fernando Sánchez Argomedo, presidente de la Comisión de Innovación de Coparmex nacional, ha planteado lo siguiente: el asistencialismo alivia la coyuntura inmediata, pero resulta insuficiente para generar movilidad social intergeneracional. Y tiene razón. Las transferencias monetarias compensan la pérdida de ingresos en el corto plazo, pero sólo el empleo formal, la educación de calidad y el acceso efectivo a la salud generan condiciones duraderas de equidad. Un subsidio puede sacarte de la pobreza este mes. Un empleo formal con seguridad social puede sacarte de la pobreza para siempre.

El problema es que el empleo formal sigue siendo la excepción, no la regla. Cerca del 54 por ciento de la fuerza de trabajo en México opera en la informalidad. Más de la mitad. Millones de familias que trabajan duro, que producen, que empujan la economía desde abajo, pero que lo hacen sin acceso a pensiones, sin seguro médico, sin protecciones laborales, sin la posibilidad de acumular derechos que les den certeza en la vejez o ante una enfermedad. La informalidad no es sólo un problema estadístico: es una condena silenciosa que se hereda de generación en generación.

¿Qué hacer entonces? Coparmex propone tres frentes estratégicos que parten de una premisa fundamental: el sector empresarial no es un espectador del desarrollo social, es uno de sus principales motores. Primero, consolidar una Nueva Cultura Salarial basada en un ingreso que no sólo supere la línea de pobreza individual, sino que permita el bienestar integral de las familias. Segundo, acelerar la coinversión en capital humano mediante alianzas público-privadas que vinculen la formación técnica con la demanda real del mercado laboral. No capacitar por capacitar, sino formar para los empleos que realmente existen y los que están por venir. Tercero, diseñar una estrategia nacional de formalización que reduzca las cargas regulatorias para las micro, pequeñas y medianas empresas y facilite su transición hacia esquemas productivos con acceso pleno a la seguridad social.

Sin un ecosistema institucional que favorezca la inversión privada, el Estado de derecho y la capacitación técnica, las transferencias gubernamentales corren el riesgo de convertirse en un paliativo permanente. Y un paliativo permanente no es una solución: es la administración indefinida de un problema que nadie se atreve a resolver de raíz.

La inclusión social no es una agenda secundaria ni un gesto filantrópico. Es un imperativo de competitividad y de estabilidad nacional. Un país donde casi cuatro de cada 10 personas no pueden ejercer plenamente sus derechos sociales básicos no puede aspirar a ser una potencia económica de largo plazo.

Tenemos 38.5 millones de razones para hacerlo mejor.