La trampa fiscal que México debe evitar
Hay una tentación recurrente en los gobiernos que enfrentan déficit fiscal: la de buscar más ingresos subiendo impuestos o creando nuevos. Es una solución que parece lógica en la superficie, pero que en la práctica puede agravar exactamente el problema que pretende resolver. Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex nacional, lo plantea con una claridad que merece atención pública: responsabilidad fiscal sí, pero sin nuevos impuestos ni mayores cargas para quienes ya cumplen.
¿Por qué importa tanto esa distinción? Porque México tiene un problema fiscal real, pero su naturaleza es diferente a lo que suele presentarse en el debate público.
Según el Revenue Statistics 2025 de la OCDE, en 2024 los ingresos tributarios de México representaron el 18.3 por ciento del PIB, frente a un promedio de 34.1 por ciento entre los países miembros de esa organización. La brecha es enorme y exige actuar. Pero esa cifra no conduce automáticamente a la conclusión de que hay que crear impuestos o elevar tasas. Obliga a hacerse preguntas más incómodas: ¿quién contribuye y quién no? ¿Cuánto cuesta cumplir? ¿Qué tan amplia es la base de contribuyentes? ¿Qué recibe la sociedad por cada peso recaudado? ¿Cómo se gasta ese dinero?
La comparación del ISR empresarial añade una paradoja que pocos mencionan. La tasa corporativa estatutaria en México es del 30 por ciento, mientras el promedio de los países de la OCDE en 2024 fue de 23.9 por ciento. Es decir: México recauda menos como proporción de su economía, pero grava la utilidad empresarial con una tasa superior al promedio internacional. ¿Cómo se explica eso? Por la informalidad. Y ahí está el corazón del problema.
La ENOE del Inegi registró en julio de 2026 a 34.1 millones de personas en ocupación informal, el 56.2 por ciento de la población ocupada. Más de la mitad de los trabajadores del País opera fuera de la protección social y del cumplimiento fiscal. Para la empresa formal, eso significa competir contra actividades que no absorben los mismos impuestos, cuotas y obligaciones. Es una competencia desigual, sistémica y profundamente injusta. Y el resultado es devastador para las finanzas públicas: una base de contribuyentes estrecha que carga con una proporción desproporcionada del costo del Estado.
¿Cuál es la tentación en ese escenario? Cobrarle más a quienes ya pagan. Y ahí es donde la lógica falla. Ruiz López señala lo que la evidencia académica confirma: el impuesto corporativo es, entre los principales tributos, el más adverso al crecimiento de largo plazo. Cuando se cargan más obligaciones sobre quien ya cumple, se pueden reducir las inversiones, desplazar proyectos hacia economías más competitivas o hacer menos atractiva la entrada a la legalidad para quienes todavía están en la informalidad. El efecto neto puede ser menor recaudación, no mayor.
Santiago Levy documentó en su trabajo para el BID que las políticas fiscales, laborales y sociales mal alineadas generan una asignación ineficiente de recursos, sostienen empresas poco productivas y limitan la expansión de las más productivas. La arquitectura fiscal importa tanto como los niveles de recaudación. No es sólo cuánto se cobra: es cómo, a quién y con qué consecuencias sobre la economía real.
La propuesta de Ruiz López tiene una lógica diferente y más fecunda: formalizar no debe ser sinónimo de fiscalizar más. Debe significar acceso a seguridad social, financiamiento, capacitación y mercados. Una transición gradual para micro y pequeñas empresas, con trámites digitales integrados, reglas proporcionales y costos decrecientes, puede ampliar la base de contribuyentes de manera sostenible. El cumplimiento voluntario aumenta cuando las obligaciones son comprensibles, cuando la autoridad distingue el error de la evasión y cuando el contribuyente percibe beneficios concretos por pertenecer al sistema. Nadie se formaliza por amor a la burocracia: lo hace cuando la formalidad vale la pena.
En paralelo, hay espacio para estímulos temporales, transparentes y evaluables: deducción inmediata o acelerada de inversión productiva, incentivos a la innovación y digitalización, apoyos ligados a la creación de nuevos empleos formales. No es una práctica excepcional ni un privilegio para unos cuantos. La OCDE reporta que 33 de sus 38 países miembros ofrecían alivios fiscales a la investigación y el desarrollo en 2022. El objetivo es premiar decisiones que eleven productividad, salarios y recaudación futura, con metas y plazos definidos y verificables.
Pero antes de pedir más a los contribuyentes, dice Ruiz López, la disciplina debe comenzar por el gasto público. Evaluar programas, eliminar duplicidades, transparentar contrataciones y priorizar infraestructura con rentabilidad social demostrable. Cada peso público debe tener un propósito medible. Al mismo tiempo, la autoridad debe combatir con firmeza la evasión, el contrabando y las operaciones simuladas, respetando el debido proceso, agilizando las devoluciones legítimas y brindando certeza jurídica. Porque la confianza también es un activo fiscal. Y cuando el contribuyente siente que el sistema es arbitrario o que el cumplimiento no le reporta nada, el incentivo para evadir crece.
El Paquete Económico 2027 es una oportunidad para convertir este debate en un acuerdo nacional con contenido real: gastar mejor, ampliar la base de contribuyentes, facilitar la formalidad y dar certidumbre a quienes invierten y generan empleo. Un Estado responsable no elige entre recaudar y crecer. Construye las condiciones para que el crecimiento ensanche, de forma justa y duradera, la capacidad de recaudar.
Recaudar más no significa cobrar más. Significa que más personas y empresas participen en la economía formal, que el gasto público genere valor real y que la confianza entre ciudadanos e instituciones se reconstruya sobre bases sólidas. Ese es el camino. Y no tiene atajos.
