"Avalan diputados Ley de Transparencia"
APRO / NTX
MÉXICO (APRO / NTX)._ El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy la nueva Ley General de Transparencia, que permite el acceso a la información de cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos.
La nueva ley, que ya había sido avalada por el Senado no sufrió cambios por lo que de inmediato fu enviada al Presidente Enrique Peña Nieto para que la promulgue a través del Diario Oficial de la Federación.
En lo general, la Cámara baja respaldó el dictamen con 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Luego, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y PT, realizaron 58 reservas para su discusión en lo particular y tras ser rechazadas, la ley fue aprobada con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención.
La nueva ley no permitirá conocer información específica de la actual 62 Legislatura de la Cámara de Diputados, como las subvenciones a los grupos parlamentarios, pues las normas entrarán en vigor hasta el 31 de agosto, una vez que concluyan sus cargos.
La reforma obliga a transparentar y permitir el acceso a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Las mismas instancias deberán proteger los datos personales que obren en sus archivos pero quedó fuera la obligación de publicitar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y la protección a informantes.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambiará ese nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia.
El nuevo instituto será cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, que se encargará de coordinar y evaluar las acciones relacionadas con la política pública de transparencia.
Diputados de MC, PT y de la bancada de Morena votaron en contra al señalar que la modificación es "deficiente" e incluye regresiones.
Por ejemplo, Alfonso Durazo, de Morena, afirmó que la ley aumenta las causales de reservas de información pública en materias como seguridad nacional, y pone en riesgo de politización la designación de los comisionados de transparencia a través de "cuotas" partidistas.
Por su parte, Zuleyma Huidobro, Diputada de MC, criticó que la nueva ley dé al Congreso hasta el 30 de agosto como plazo para presentar un "programa de reorganización administrativa contable y financiera", que incluya los recursos que reciben los grupos parlamentarios de los legisladores federales.
"Pretenden que los mexicanos no sepan de sus actos de corrupción (...) Ustedes solo seguirán jugando a ser transparentes", acusó.
Para la Diputada del PT, Lilia Aguilar, la iniciativa es "limitada", por lo que anunció que votaría en contra.
"Podíamos y debíamos ir más adelante, porque la información no le pertenece a los grupos parlamentarios ni al gobierno", consideró.
Sin embargo, la iniciativa fue avalada por la mayoría de los legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza, tras lo cual fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Celebra Ifai
Tras la aprobación de la Ley General de Transparencia, el Ifai afirmó que representa "un logro" de la sociedad que contribuirá al fortalecimiento de la democracia.
"Ampliarán el ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país, en igualdad de condiciones, sin restricciones ni limitantes, y permitirán a las personas contar con una herramienta efectiva que promueva la participación ciudadana", señaló el organismo.
A través de un comunicado, los comisionados destacaron que la nueva Ley "es resultado de un ejercicio plural, incluyente, abierto a la sociedad", en el que el Congreso de la Unión atendió propuestas de organizaciones sociales, instituciones académicas y autoridades en la materia.
"Refrendamos nuestro reconocimiento a todos los grupos parlamentarios representados en las dos cámaras por este gran avance en materia de transparencia, que abona al fortalecimiento de la democracia", señaló.
El Ifai abundó que está preparado para cumplir con las disposiciones de la Ley por lo que afirmó que expedirá los lineamientos para el ejercicio de sus atribuciones dentro de los seis meses siguiente a la entrada en vigor de la norma.
También trabajará en el diseño y operación de una Plataforma Nacional de Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones para los sujetos obligados y organismos garantes, que facilite la accesibilidad a los usuarios.
Además elaborará el Padrón de Nuevos Sujetos Obligados que incluirá a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
Objetivos
El proyecto avalado por el Pleno se compone de ocho títulos, 216 artículos y 13 transitorios, cuyo objetivo es establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Además esta ley reglamenta el Artículo 6 constitucional, busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública y el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna.
La nueva legislación tiene por objeto "establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial".
También de "órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios".
La materia de este cuerpo legal propuesto, define, entre otras cosas, los datos abiertos como la información pública disponible y accesible en formatos reutilizables, que pueda utilizarse para cualquier fin y de manera gratuita para toda persona.
Así como a los formatos abiertos como el conjunto de características técnicas y de presentación de la información que permita su procesamiento y acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios.
De igual forma, se precisa que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir y recabar información; y señala que toda la información generada, obtenida, adquirida, o transformada, en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona, y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos de esta Ley.
Salvo aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, en cuyos supuestos en el cuerpo normativo se determinan los medios y mecanismos para su apertura.
Los legisladores del PAN, PRD, MC, Nueva Alianza y la agrupación de diputados de Morena presentaron en lo particular 36 reservas a diversos artículos del dictamen.
Para argumentar el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación hizo uso de la tribuna el presidente de esta instancia legislativa, Abel Octavio Salgado Peña, quien expuso que la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
También dijo que la transparencia es un prerrequisito para el debate público informado, al fundamentar el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República, al iniciar su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Con este documento, abundó, se está materializando el mayor avance con relación al derecho humano, al acceso a la información, desde la reforma constitucional de 1977, sin pasar por alto los importantes cambios de 2007, 2013 y febrero de 2014, sostuvo.
Esta ley reglamenta el artículo sexto de la Constitución, con el objeto de "establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial".
También de "órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios".
El representante del PRI, expuso que la elaboración de esta propuesta ha implicado meses de trabajo por parte de legisladores de ambas cámaras, quienes han escuchado a la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos) y los órganos garantes de este derecho.
Subrayó que ésta es una oportunidad para empoderar a la ciudadanía, a través de esta ley.
Precisó que todo acto legislativo es perfectible y que, de ser necesario, en otro momento se podrían realizar las correcciones pertinentes, a efecto de pulir la ley.
Salgado Peña resaltó que se termina con cualquier privilegio de personas físicas, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, al ampliar el catálogo de los sujetos obligados.
Se crea un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y la Plataforma Nacional de Transparencia, con el fin de que no haya más opacidad en el uso de los recursos públicos.
Se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado, cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción.
"El derecho a la información pública no es ninguna concesión, es una demanda ciudadana por años. Es de ellos, de los ciudadanos, esta propuesta, y por ello nadie tiene el derecho de usar la transparencia como bandera política", aseveró.
Intervenciones
El resultado se obtuvo después de un intenso debate que se prolongó por más de cinco horas, en el que los legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano reconocieron las ventajas de esa propuesta para combatir la corrupción y la opacidad.
En tanto, los representantes del Partido del Trabajo y de la agrupación de diputados de Morena, desde el principio, fijaron su postura de rechazar ese dictamen, con el argumento de que tiene contradicciones y de que es una iniciativa que no va a fondo para permitir la rendición de cuentas y la transparencia.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano, Morena, Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional presentaron 36 reservas a diversos artículos del dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación.
El decreto avalado por el pleno de la Cámara de Diputados, que reglamenta el Artículo sexto de la Constitución, se turnó al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Al hablar a nombre del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Bonilla Gómez estableció que la expedición de la ley en materia de transparencia fortalece el derecho humano a la información y marca un nuevo rumbo entre el poder y la ciudadanía, al permitir sancionar los excesos y las irregularidades que dañan a la administración pública.
"Promoverá, fomentará y difundirá la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, en el acceso de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas que lo garanticen", dijo.
Señaló que una vez que entre en vigor, con la creación de una plataforma nacional de transparencia, permitirá que sea efectivo el ejercicio de derechos previstos en la Constitución y en tratados internacionales, coadyuvando a que la sociedad recupere la confianza en las instituciones.
El perredista Fernando Belaunzarán Méndez expuso los beneficios de la reforma y en "muchas iniciativas debiera hacerse como se hizo en esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
Explicó que en el diseño de esa legislación "estuvo la sociedad civil con los académicos, que no son improvisados, y desde hace muchos tiempo han trabajado la transparencia, y los grupos parlamentarios del Senado".
Dijo que pese a ello "hay pendientes. Claro, se avanzó, ahora los grupos parlamentarios tendrán que dar a conocer su informe semestral, pero falta que sean sujetos obligados".
Al manifestar la postura del Partido Verde Ecologista de México, la Diputada Ruth Zavaleta Salgado subrayó que esa ley complementa el sistema nacional anticorrupción y "revoluciona el Estado mexicano en su sistema democrático.
Señaló que garantiza el derecho al acceso a la información "porque la información es poder", y permitirá calificar el ejercicio de los recursos y la eficacia que tiene cada uno de los gobiernos. "Se va a acabar la simulación", enfatizó.
En su oportunidad, el panista Fernando Rodríguez Doval señaló que "esta ley es de enorme relevancia para México, tendrá que complementarse con otras leyes y deberá ir de la mano con el nuevo sistema nacional anticorrupción que se discute en el Senado."
Aseguró que la transparencia es una de las conquistas políticas que México puede exhibir a la sociedad y al mundo, precisamente consolidando este derecho a la información.
Por Nueva Alianza intervino la legisladora María Sanjuana Cerda Franco, quien aseguró que la ley general de transparencia y acceso a la información pública tiene un alto significado político, obedece a la necesidad de incrementar la calidad de la democracia y es una respuesta al intenso reclamo ciudadano sobre transparencia, rendición de cuentas y castigo a la corrupción.
Destacó que "esta nueva ley empoderará a la ciudadanía" y reducirá el alejamiento entre ésta y autoridades".
La Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, expresó que toda ley es perfectible.
Al establecer la postura del PT, Lilia Aguilar Gil expresó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es dual, esquizofrénica y contradictoria, por lo que su bancada votaría en contra.
El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara señaló que de nueva cuenta "se legisla para hacer inoperantes los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el caso particular el derecho a la información y la obligación del Estado para garantizar dicho derecho".
