"Crece Fuerza Rural en Michoacán"
MÉXICO (UNIV)._ A un año de la creación de la Fuerza Rural en Michoacán, especialistas en temas de seguridad afirman que este cuerpo de seguridad sirvió para evitar el surgimiento de nuevos grupos de autodefensa a través de su institucionalización, sin embargo, consideran que carece de esquemas operativos, de regulación e información que permita conocer su impacto en la zona de Tierra Caliente.
Creada el 10 de mayo de 2014, la Fuerza Rural fue presentada por el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo, en el municipio de Tepalcatepec.
"Hoy los que representan el Estado son ustedes y de ustedes depende que en un futuro, llámese uno o 15 meses, no tengamos otras personas solicitando la presencia del Estado, porque consideren que ustedes no están representando a las comunidades y familias", dijo Castillo.
Al institucionalizarse a los grupos de autodefensa, la Fuerza Rural se integraba por 459 elementos. El gobierno federal les entregó uniformes, chamarras, calzado y fornituras, así como dos armas de fuego: una carabina calibre .223 y un arma corta, calibre .9 milímetros.
Doce meses después, este cuerpo de seguridad está integrado por 814 elementos, con presencia en 24 municipios, principalmente de la zona de Tierra Caliente, donde tenía mayor presencia el cártel de Los Caballeros Templarios.
Los especialistas consultados explicaron que a un año de la creación de este cuerpo de seguridad se carece de información que permita conocer su impacto en la zona, así como los beneficios para los habitantes.
"No tiene un presupuesto bien definido. Se han tenido que utilizar transferencias del gobierno federal. Hay una información anecdótica de que la Fuerza Rural pide contribuciones a sus comunidades. Se rompió el principio establecido de la ley, de que los policías deben de tener recursos, como mínimo. Además no hubo controles de confianza.
Era necesario darle una salida institucional a las autodefensas, el problema es que ese tránsito no tuvo un anclaje institucional real. Tan sólo revisemos los uniformes o armas, no hay reglas para ascenso, no hay mecanismo de control interno. Se quedó a la mitad del proceso", dijo Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, quien también trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Añadió que "fue una alternativa creativa para institucionalizar a los grupos de autodefensa para que dejaran su condición de grupo armado irregular. Conceptualmente era una buena idea, pero en la práctica sí hay un déficit de institucionalidad, porque todavía no tienen un reglamento orgánico que los ampare, no hay protocolos bien definidos de inclusión, ascensos, no está asegurado su futuro, se encuentra en entredicho su existencia".
Para Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), "el país dio un paso atrás al legitimar a grupos armados civiles".
Señaló que "no hay nada bueno en estos grupos, se les dejaron las armas, no sabemos si algunos pudieran estar infiltrados por la delincuencia. Hay mucha opacidad y poca claridad y transparencia sobre las acciones que realizan estos cuerpos. No sabemos si están capacitados y si están teniendo un impacto positivo para la entidad".
Jorge Chabat, del Centro de Investigación y docencia Económicas, indicó que sí se mejoró la seguridad, "pero en realidad estos grupos no deben de existir, para ello se deben de crear cuerpos con un marco legal y con una capacitación. Lo ideal sería que estos grupos rurales sean absorbidos por los cuerpos estatales. Pero por lo pronto, seguiremos con una situación no muy clara en términos de seguridad, en la que no sabemos si algunos de estos grupos cuentan con vínculos con el crimen organizado".
