MÉXICO (UNIV)._ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra de la Procuraduría General de la República, después de que concluir que ésta acusó a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con base en testigos falsos y en testimonios "de oídas".
Eso, sin contar con que los tres agentes federales que señalaron haber sido retenidos por las indígenas son los mismos que fueron comisionados para investigar el caso, lo que, en opinión de la CNDH, impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de los hechos.
Sin embargo, la CNDH omitió pronunciarse en torno a las sentencias condenatorias que emitió el juez que lleva el caso, porque, explicó, no forma parte del ámbito de su competencia el supervisar las actuaciones de los impartidores de justicia.
En el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, la CNDH considera que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de la que fuera Agencia Federal de Investigación de la PGR.
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