"La 'verdad histórica' se raja: normalistas no iban a evento de los Abarca, dicen expertos"
MÉXICO (Sinembargo.MX)._ El último informe realizado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado a conocer ayer, baja una de las afirmaciones que sustentan la "verdad histórica" de la PGR para responder al por qué se llevaron a los 43 normalistas: que iban a boicotear un acto del matrimonio Abarca.
El informe dice que no es así.
Además, expone ante la opinión pública que los estudiantes estuvieron siempre bajo los ojos de las agencias policiacas del Gobierno mexicano. Y que de allí, mientras eran vigilados, "desaparecieron".
De acuerdo con la información divulgada por los expertos, los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 no iban a "boicotear" el evento político de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. Los estudiantes llegaron tiempo después de concluido el acto público.
En su momento, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseveró que las investigaciones apuntaban a que los muchachos "iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre. Pero se los llevaron directo a Iguala. En el camino les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político".
A la fecha, la Procuraduría ha mantenido esa versión: los normalistas intentaron sabotear a los Abarca. Y según la dependencia, fue el Presidente Municipal quien dio la orden de detener a los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
Sin embargo, la investigación de la CIDH determinó que el desarrollo de los hechos tuvo más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la obtenida por el propio grupo de expertos.
"Del análisis de la información realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de buses para sus actividades", dice el documento.
El análisis, dice la CIDH en el documento, no supone una valoración de la responsabilidad de los Abarca, pero intenta generar un mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas, los miembros de Los Avispones y otras personas, los seis autobuses y otros vehículos, así como las detenciones llevadas a cabo y las circunstancias de las mismas.
Con ello la CIDH señaló que los delitos a investigar "configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, pero subraya que también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos: 1) tortura (por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 2) tentativas de homicidio, 3) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4) uso no adecuado de la fuerza, 5) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados".
El 11 de diciembre de 2014 a Murillo Karam, en entrevista con el periodista Jorge Fernández, se le pidió explicar qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, y dijo: "No puedo entender un acto de estupidez entre gente tan joven de los dos lados. Algo está mal".
"La responsabilidad mayor es del Gobierno", dijo, "pero a final de cuentas es de todos".
"Hay un problema educativo que tiene que ver con las escuelas y el entorno familiar, con la convivencia social. Tenemos que restablecer las reglas", agregó Murillo Karam.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes informaron que fue negada la entrevista que solicitaron hace mes y medio con integrantes del 27 Batallón del Ejército. El argumento, explicaron, es que la reunión con las fuerzas castrenses no se puede gestionar a través de la PGR; también comenzaron a gestionar el encuentro de forma directa pero hasta la fecha no ha habido respuesta.
Los familiares de los 43 han acusado directamente a miembros del Ejército, luego que sobrevivientes denunciaran que los militares los retuvieron y no les brindaron ayuda. A esto se suma que se diera a conocer que la última ubicación que marcó el sistema GPS del teléfono celular de Julio César López, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue el cuartel militar de Iguala.
No obstante el 13 de noviembre, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que la noche del 26, por la distancia, los militares no estuvieron en condiciones ni de escuchar los disparos ni de ver las llamas del incendio "porque era un día lluvioso".
