"Marcan protestas sociales el año de las 'reformas'"
MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Atiborradas. Cercadas. Estranguladas. Las calles del Distrito Federal mantuvieron esas características durante el primer año de gestión del Presidente Enrique Peña Nieto; sobre todo a causa de dos de las cinco reformas estructurales que envió al Congreso de la Unión, la Educativa y Energética.
Los cambios constitucionales fueron resultado de las negociaciones del Pacto por México, un convenio político sin precedentes, que a Enrique Peña Nieto le ayudó a construir la imagen de reformista. Pero el rechazo a sus enmiendas en una parte de los ciudadanos generó la movilización social más grande y prolongada de la historia reciente con la que el Presidente deberá lidiar en los meses por venir. "Este camino nunca estuvo trazado a cabalidad.
Ello da a entender que el diálogo para sacar enmiendas empantanadas fue armado con pinzas, se desbarató muy pronto y ocasionó esta inconformidad que sólo refleja ingobernabilidad", piensa Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El indicador de que la crisis continúa es diciembre de 2013. Ya no se trata de un movimiento unitario. Al cóctel de motivos para protestar se agregó el aumento al boleto del Metro, principal transporte público de la capital del país, anunciado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
El año concluye con cientos, quizá miles de personas, en las calles de la capital del país, que ya sea por un motivo o por otro, caminan y levantan la voz bajo un solo lema: "En defensa de México". YA NO QUEDÓ NADA DE PAZ La paz se escapó. Estudiantes detenidos después de ser golpeados con macanas, así como policías quemados, apedreados y humillados constituyeron la estampa de las miles de marchas que sucedieron en el Distrito Federal durante 2013.
La presencia del grupo identificado como "anarquista" logró llevar a cabo su táctica más conocida: generar batallas a piedras y palos a las que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal respondió con gases, chorros de agua y corretizas. Ello fue así desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, cuando el Centro Histórico capitalino quedó destruido tras el paso de cientos de manifestantes embozados en su contra. Tampoco hubo descanso.
Las manifestaciones crecieron con una bitácora cuya conclusión aún no logra verse. El 10 de mayo, un grupo de maestros, integrantes de la CNTE, ocupó una esquina de la Plaza de la Constitución para protestar por la Ley General de Servicio Profesional Docente que implica la evaluación para los maestros del país y es una de las tres leyes secundarias de la reforma educativa.
Para el 14 de mayo, el campamento se había extendido a la mitad de la plaza. Para el 19 de agosto, 40 mil maestros y maestras se encontraban en el Zócalo capitalino en un campamento de casas de campaña multicolor y sólo podía transitarse por los extremos.
Fue en agosto cuando a la manifestación de la CNTE se agregó la protesta en contra de la Reforma Energética, la que permitirá la apertura al capital privado nacional y extranjero a la exploración y explotación de los hidrocarburos.
La protagonizaron los líderes de la izquierda mexicana, pero la causa no los unió en una oposición monolítica. Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del ex Presidente que nacionalizó los hidrocarburos, y Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, así como el Partido de la Revolución Democrática, organizaron las caminatas, cada uno, por su parte.
Pese a días, semanas, meses de movilizaciones, las manifestaciones callejeras no detuvieron el ritmo de aprobación de las reformas.
La Ley General del Servicio Profesional Docente clave en la reforma educativa- fue promulgada el 11 de septiembre y la Energética, el 20 de diciembre.
Después de cerrar filas en torno a la reforma energética, la alianza del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional apuntó en diciembre al bastión del de la Revolución Democrática: el Distrito Federal. Las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos aprobaron en lo general un dictamen que expidió la Ley de Manifestaciones Públicas en la ciudad de México y acordaron presentar las reservas en lo particular ante el Pleno.
La propuesta planteó la obligación de que los manifestantes informen a la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. su intención de marchar con 48 horas de antelación. La izquierda quedó trastocada. El PRD respondió con el anuncio de que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si la Cámara de Diputados confirma la ley.
El proyecto duerme los días de Navidad y Año Nuevo en el Congreso. Pero más de 70 organizaciones de todo el país, además de Amnistía Internacional y legisladores del PRD, PT y MC, mantienen su exigencia a la Cámara de Diputados para que no sea avalada. Coinciden en que viola la Constitución.
