"Piden justicia civil para los militares"

MÉXICO (UNIV).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por las violaciones sexuales que realizaron militares en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
En las sentencias se exige al Estado mexicano castigar a los responsables ante la justicia civil, reparar el daño y garantizar la seguridad de Inés Fernández y Valentina Rosendo. En 2002, las indígenas me´phaa, originarias del estado de Guerrero, fueron violadas por elementos del Ejército mexicano.
Durante la tarde de ayer, la CIDH notificó las sentencias al Estado mexicano, así como al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organizaciones que brindaron asesoría legal a Inés y Valentina.
En entrevista, Alejandra Nuño, abogada de Cejil, destacó que con la sentencia se reconoce que Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército en 2002. Hechos que el Estado mexicano había negado.

Reparación del daño
Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, explicó en entrevista que las sentencias establecen que el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos humanos de Inés y Valentina, por permitir la impunidad de los responsables, quienes actualmente están siendo investigados por el fuero militar.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humamos de la Montaña Tlachinollan, destacó que la sentencia obliga al Estado mexicano a vigilar que los militares responsables sean procesados ante una autoridad civil, que "se les sancione, se castigue y sentencie".
Nuño y Aguirre explicaron que las medidas ordenadas por la Corte son la investigación eficaz de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares responsables en la justicia civil.
También se ordena realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios que obstaculizaron el avance de las investigaciones.
Las sentencias señalan que el Estado debe reparar el daño hacia Inés y Valentina, con atención médica y psicológica para ellas y sus familiares.
La CIDH pide al Estado mexicano que tome medidas para que hechos similares no vuelvan a suceder a otras mujeres. Para ello, se le exige contar con servicios médicos adecuados para mujeres víctimas de violencia sexual y la capacitación de funcionarios. 

Acepta Segob fallo

El Gobierno de México reconoció responsabilidades en agravio de dos indígenas que fueron violadas por soldados en Guerrero en 2002 y aceptó la sentencia que emitió ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en protección de las dos mujeres que fueron víctimas de agresión.
La Secretaría de Gobernación informó que al ser notificado del fallo de la CIDH, el Gobierno mexicano reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas.
"El Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos, así como por la falta de atención médica oportuna y especializada al momento de la presentación de su denuncia penal", por parte de las mujeres indígenas agraviadas.
La Segob dio cuenta de que en este proceso, el gobierno mexicano expresó ante la Corte su firme compromiso de seguir trabajando en la promoción y protección de los derechos de las mujeres, niñas e indígenas.
De igual forma, ante la CIDH, México se comprometió a mejorar los sistemas de salud y de procuración y de administración de justicia.