"Prevén un ajuste radical a casinos"
MÉXICO (UNIV)._ La Comisión Especial de Casinos de la Cámara de Diputados tiene lista la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables, que cambiará radicalmente la regulación y el funcionamiento de esta industria en el País.
La iniciativa estipula nuevas reglas y sanciones para los permisionarios y operadores de casas de juego; amplía las especificaciones para obtener un permiso; homologa y controla la operación de las máquinas, instrumentos y software que usa la industria y crea, como órgano regulador, al Instituto Nacional de Juegos y Sorteos.
El documento, que sustituirá la vieja ley en la materia que data de 1947, contiene 220 artículos, 10 transitorios y siete títulos, y será aplicable a las más de 500 salas de juegos y sorteos reconocidas por la autoridad competente.
Entre las novedades de esta nueva ley que fue elaborada por legisladores de todas las bancadas y por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, destaca que ahora los permisos tendrán una vigencia de 10 años, aunque podrán ser prorrogados siempre que el permisionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones. Actualmente los permisos duran hasta 25 años.
Contempla que para combatir la "corrupción, la falta de transparencia e infiltración de la delincuencia organizada" el permiso para la instalación y operación de casinos, hipódromos, canódromos y frontones será válido para un único establecimiento, por lo que no podrá amparar a otros aunque pertenezcan al mismo grupo empresarial, como sucede hoy que en algunos casos es ilimitado el total de sitios que pueden abrir.
La nueva ley también reconoce que han existido "conflictos" entre la autoridad y las empresas operadoras que prestan servicios a los permisionarios o con los mismos dueños de las casas de apuestas.
Admite que se han otorgado permisos irregulares, que se han falsificado documentos y que se ha difundido información sobre "la protección" que empresarios casineros tienen a través de funcionarios judiciales, lo que ha provocado que el crimen organizado vea en este sector empresarial un nicho de oportunidad para delinquir, por lo que ahora se ponen candados al otorgamientos de estos permisos y se da un seguimiento pormenorizado de todos los involucrados en la actividad, como son los permisionarios, socios, beneficiarios y accionistas.
"(Con esta nueva ley) se hacen explícitos los datos que deberá contener el permiso otorgado por la autoridad y que éstos son intransferibles y no podrán ser objeto de cesión, comercialización, comodato, enajenación, gravamen o transferencia alguna", detalla el documento.
En ese sentido, la nueva legislación ve a esta industria millonaria como una "actividad empresarial" que debe ser llevada con responsabilidad", frente a los daños a la salud que conlleva, es decir, la ludopatía (afición al juego).
Las prohibiciones
Según la nueva ley, ya no podrán entrar a estos establecimientos los menores de 21 años y las personas con discapacidad sólo podrán ingresar si van acompañados de personas adultas, pero no podrán apostar. También se prevé la prohibición expresa para que los centros de apuestas (inmuebles) se encuentren a un distancia máxima de 500 metros de instituciones de educación básica, media superior o universidades; tampoco podrán estar cerca de lugares de culto público, zonas arqueológicas, patrimonio cultural, centros hospitalarios, refugios, albergues parques nacionales o reservas naturales.
Expresamente, la nueva ley prohíbe a los permisionarios y operadores utilizar los establecimientos como centros de vicio, trata de personas, acciones contra el libre desarrollo de las personas o que atenten contra la dignidad humana.
Las obligaciones
La iniciativa obliga a los permisionarios y operados a celebrar procesos de certificaciones tanto del personal como de los servicios que bridan al usuario y todo aquel que pretenda obtener un permiso, deberá entregar a la autoridad competente además de los documentos acostumbrados "los nexos patrimoniales o profesionales con otras sociedades permisionarias, sus socios, accionistas, consejeros, beneficiarios o funcionarios".
También deberá presentar un estudio de viabilidad financiera, de impacto urbano, así como la documentación que acredite que el solicitante del permiso cuenta con la licencia municipal de uso de suelo, referida al domicilio exacto donde se instalará el negocio.
Nueva autoridad
La nueva norma crea al Instituto Nacional de Juegos y Sorteos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), con autonomía técnica y operativa. Regulará al sector y resolverá las controversias; aplicará e interpretará la ley y su reglamento.
Punto a destacar
Entre las novedades de esta nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables destaca que ahora los permisos tendrán una vigencia de 10 años, aunque podrán ser prorrogados siempre que el permisionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones. Actualmente los permisos duran hasta 25 años.
Regulador
Se crea un instituto cuyo director será designado por el titular de la Secretaría de Gobernación y contará con un Consejo Consultivo, que ayude a las tareas de la nueva autoridad
Propondrá políticas públicas relacionadas a los juegos y sorteos, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, salud y atención a grupos vulnerables
Atenderá daños a la salud, como la ludopatía
*Fuente: Proyecto de Ley Federal de Juegos y Sorteos
