"Promueve amparo militar acusado de vínculos con 'El Chapo'"
México, D.F., (UNIV).- José Manuel Reyes Flores, uno de los diez militares acusados de colaborar con Joaquín "El Chapo" Guzmán, promovió un amparo por haber sido entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), pese a estar sujeto a proceso ante un tribunal militar acusado de abandono del servicio y estar, por tanto, a disposición del juez militar a cargo del caso.
En su demanda, interpuesta ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, su abogado acusó también a la Procuraduría General de la República (PGR) y a sus unidades especializadas de privación ilegítima de la libertad de su cliente y de tortura física y psicológica.
El abogado asegura en el escrito que la Secretaría de la Defensa Nacional "en una actitud irresponsable y haciendo a un lado el criterio sostenido por su titular" en defensa del fuero de guerra, durante la celebración del Día del Ejército, el 19 de febrero pasado, "ha entregado a la Procuraduría General de la República a diez Oficiales del Ejército".
Detalla que los oficiales fueron puestos a disposición de la dependencia "supuestamente en carácter de sospechosos, de favorecer con información de valor militar al Cártel que Dirige Guzmán Loera", públicamente conocido como "El Chapo Guzmán", y que ese acto es violatorio de diversas disposiciones de la legislación castrense.
"Dicha Institución Militar contraviniendo a lo regulado por el Código de Justicia Militar en sus Artículos 1/o., 46, 57 Fracción II, 59, así como tomó la decisión de que dichos militares, de manera pues por demás deliberada e irresponsable, entregó al hoy quejoso a la citada Procuraduría General de la República".
Reyes Flores, capitán segundo de infantería del Ejército mexicano, estaba siendo procesado por abandono del servicio, dentro de la causa penal 202/2009 del Juzgado Militar Adscrito a la Tercera Región Militar, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y se encontraba en libertad bajo fianza al momento de ser detenido, el 12 de junio pasado.
Ese día, junto con otros nueve militares fue presentado ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que ordenó su detención y dos días después obtuvo el arraigo de nueve de los acusados, argumentando que ayudaban a la organización de Ismael "El Mayo Zambada", a evadir a las autoridades y operar con impunidad.
Su defensa sostuvo que la detención por la PGR viola las garantías de su cliente previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues "ha sido privado de su libertad personal sin que previamente se haya seguido en su contra un juicio justo en donde se le permitiera ofrecer pruebas
