"Pura estadística..."

Patricia Dávila/APRO

MÉXICO (APRO)._ Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico varios miles de cuerpos no identificados o no reclamados –algunas fuentes citan 10 mil– han acabado en fosas comunes después de haber rebasado con creces la capacidad de los anfiteatros de casi todo el país, donde además, igual que ocurre en otras instancias oficiales, se incumplen los protocolos sobre manejo de cadáveres.
Reporteros de Proceso recorrieron
los servicios forenses,
procuradurías o fiscalías y panteones municipales en 11 estados del país. La conclusión:
no hay datos oficiales,
ni siquiera aproximados, acerca de las fosas comunes, ni mucho menos del número de cadáveres que contienen.
En mayo de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación sobre la cifra de fosas comunes en el país, la cantidad de cuerpos no identificados ni reclamados
que albergan y sobre el protocolo que se siguió desde la localización de los cadáveres hasta su sepultura.
Tomás Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos y encargado de esta labor, envió oficios a las 32 entidades federativas requiriendo esos datos.
Todas las entidades solicitaron
prórrogas para responder.
La CNDH ya había reunido
la información periodística
publicada en torno al tema y llegó a la conclusión de que "conservadoramente" hay cerca de 10 mil cuerpos en tumbas sin nombre, la mayoría
de ellos víctimas del crimen organizado.
Según esa instancia, desde
que se detectan los cadáveres
las autoridades deben seguir una "cadena de custodia",
una serie de pasos que garanticen la integridad del cuerpo y de la escena del crimen. Cuando se trata de lo que se ha dado en llamar narcofosas, por ejemplo, los cuerpos deben exhumarse con "técnicas antropológicas"
para garantizar la preservación
de las evidencias.
"A los gobiernos de los estados les pedimos que nos proporcionen información sobre los exámenes de criminalística
y de campo. Los servicios
periciales que están interviniendo serán los que nos informen cómo se están dando las cosas en materia de los peritajes, la identificación
de cadáveres, su clasificación,
la toma de pruebas genéticas para los comparativos
correspondientes. Y más aún, el cuidado que están teniendo
con las ropas y los objetos
encontrados, pues son piezas clave para identificar a una persona y más cuando se encuentra en estado de putrefacción", dice Serrano a Proceso.
"A Durango, donde cerca
de 300 cadáveres fueron extraídos con excavadoras, solicitamos que explique por qué las utilizaron. Desde el momento en que una pala mecánica está perforando la tierra y exhumando los cadáveres, mucho material significativo se altera. Por eso queremos escuchar a las autoridades y una vez concluida la investigación, podremos emitir un pronunciamiento
sobre alguna posible
responsabilidad de violación
a derechos fundamentales.
Lamentablemente, en el caso de Durango está más que acreditado", finaliza.
A su vez el doctor Israel Alvarado Martínez, consejero
de la Judicatura del Distrito Federal y autor del libro Tratado sobre el cadáver,
comenta a Proceso que levantar un cuerpo de manera cuidadosa tiene como
finalidad encontrar a los responsables del homicidio.
"Hay fosas clandestinas
que por la cantidad de cuerpos resultan muy impactantes. Entonces se presenta otro problema: Semefos como los de Durango
o Tamaulipas tienen instalaciones muy pequeñas donde deben acondicionar refrigeradores; o como el de Quintana Roo, que no cubre las necesidades mínimas en el aspecto sanitario, que garanticen
al perito que lleva reclamarcabo la necropsia que no se va a contagiar".
Afiteatros:
un submundo
En Durango son mil 150 los cuerpos llevados a fosas comunes de 2008 a la fecha: 750 en el panteón municipal de Gómez Palacio y el resto en los cementerios Valle de los Sabinos y Getsemaní, en la capital del estado. A estos dos últimos fueron enviados los casi 300 cuerpos de las narcofosas descubiertas en mayo último.
Esa vez los muertos superaron
la capacidad del servicio
forense, para 60 cuerpos, y la autoridad debió alquilar dos grandes tráileres refrigerantes.
En Zacatecas sólo el panteón
Jardín del Recuerdo tiene fosas comunes, pero la entidad carece de información
sobre ellas. El único
registro oficial es que en 10 meses han enterrado 34 cuerpos. El 1 de abril fueron sepultados en dicho cementerio
seis presuntos zetas muertos en un enfrentamiento
con militares en el municipio de Tabasco. Y el viernes 15, con un nutrido operativo de seguridad, la Procuraduría trasladó a 11 de los 18 fallecidos en una refriega entre dos grupos del crimen organizado en el municipio de Florencia, ocurrida el 21 de mayo.
En entrevista con Proceso
el procurador de Zacatecas,
Arturo Nahle García, reconoció que las actuales instalaciones del Departamento
de Medicina Legal son "indignas", una "vergüenza": Tienen pocos frigoríficos y los que hay a veces se averían;
periódicamente hay que cambiar de refrigerador los cuerpos para que no se descompongan tan rápido.
En Guanajuato una estadística
de la procuraduría estatal indica que entre diciembre
de 2006 y marzo de 2011 se sumaron 159 cuerpos sin identificar. Igual que en Zacatecas, de estos cadáveres
sólo quedan las fichas de la averiguación previa con fotografías, huellas dactilares,
perfil genético y dictamen
de la necropsia.
Según Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General
de Justicia Zona Norte de Chihuahua, con base en Ciudad Juárez, de 2008 a la fecha se han inhumado 398 cuerpos de desconocidos, todos en el panteón San Rafael
de esa ciudad.
Las cifras del municipio juarense son otras: dicen que del 3 de octubre de 2006 al 20 de junio de 2011 han sepultado
a 848 adultos, 324 fetos y 273 cuerpos incompletos.
En Nuevo León los muertos
no identificados ni reclamados
salen de las salas del anfiteatro del Hospital Universitario rumbo a las tumbas colectivas. A cada cuerpo le dan un número y le abren un expediente con fotografías
de la cara, tatuajes, lunares o cicatrices.
Antes de 2006 los cadáveres
no reclamados eran inhumados en el panteón municipal de Valle Verde, en Monterrey. Ese año ahí fueron
sepultados 65 en fosas comunes.
Ahora, con el incremento
de muertes violentas la norma es buscar predios fuera del área metropolitana,
como en Benito Juárez o Cerralvo. En este último sitio ocurrió la más reciente inhumación
colectiva el 25 de junio pasado: 35 cadáveres, 11 de ellos relacionados con la delincuencia organizada.
Este tipo de entierros tienen
lugar cada tres meses. Se da ese tiempo para que los cuerpos eventualmente sean identificados por familiares...
lo que rara vez ocurre. La capacidad del anfiteatro local fue rebasada una vez y hubo necesidad de alquilar camiones refrigerantes: fue el 22 de julio de 2010, cuando
en la Hacienda Calderón, en Benito Juárez, hallaron 51 cadáveres en una narcofosa.
Por su parte el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
tiene registro de 474 cadáveres no reclamados a partir de 2007. Ese año, de 284 cuerpos que llegaron al Semefo, 73 no fueron reclamados.
En 2008 quedaron 109. Para 2009, 101 y en 2010, 110. En lo que va de 2011 hay 81 cuerpos sin identificar.

El director de Comunicación
Social del IJCF, Andrés Zúñiga, asegura que los cadáveres
no identificados son sometidos a análisis para facilitar su posterior identificación.
Los cuerpos no reclamados son enviados al crematorio una vez que lo autoriza el Ministerio Público.
Otros son entregados para estudio y prácticas a universidades del estado.
La información del Semefo
de Tabasco indica que de 2008 a la fecha 92 cadáveres
han sido sepultados en la fosa común de la capital; sólo 17 habían sido identificados,
aunque no reclamados.
Se ignora cuántos de esos fueron ejecutados por el crimen organizado: por ser información "delicada" y "reservada", la procuraduría
local niega información sobre las averiguaciones previas.
Pero Martín García Cruz, sepulturero del panteón Sabina,
de Villahermosa, narra a Proceso: "Muchos cadáveres han llegado como coladeras, con decenas de balazos, desmembrados,
descabezados, quemados o estrangulados. Personal del Semefo los trae envueltos en sábanas, los tira en la fosa común y nosotros los enterramos".
Los Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia
de Michoacán informan que sólo 15 por ciento de los ejecutados en la entidad permanece
sin identificar y acaba
en las fosas comunes de los panteones Santa María y Vergel-Renacimiento, el civil de Morelia y en los 113 cementerios municipales de la entidad.
Octavio Ferriz Rojas, integrante del área de inteligencia
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, señala: "Las cifras no son exactas pues a muchos levantados,
secuestrados, desaparecidos
no se les vuele a ver; algunos llegan a la morgue
pero no los reclaman y se van a la fosa común. Además
hay fosas clandestinas en Uruapan, Zamora, Lázaro
Cárdenas, Zitácuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo…"
El panteón Vergel-Renacimiento,
frente a la Procuraduría
de Michoacán, tiene
al fondo una zona llena de baches y hoyos, siempre anegada y pantanosa, donde están las fosas comunes.
Uno de los sepultureros informa que los entierran en grupos de tres o cuatro: "Se sepulta uno y se le deja un espacio como de un metro de tierra y sobre ese se pone el otro, así hasta que se llena la fosa y se abre una nueva. Traen número, vea en las cruces y así se identifican", dice.
Y agrega: "Cuando es reclamado
un cuerpo que quedó
en medio, se quitan las capas
de tierra y se les entrega; pero si es de mero abajo, ¡ay cabrón, qué apestura!... y así se les entrega a sus familias. En el panteón municipal hay muchos más. No sé cuántos, pero muchos..."
En Baja California son 281 los muertos que enterraron en la fosa común entre 2008 y septiembre de 2010 según el Registro Civil local. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia bajacaliforniana
informa que de 2008 a julio de 2011 han ocurrido 2 mil 774 muertes violentas y calcula en mil 350 el número de cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos. En Mexicali y Ensenada se inhuman tres cadáveres en cada fosa. En Tijuana son 10 en cada una.
Durante 2008 –el año más violento de la guerra entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa– la infraestructura de los anfiteatros fue insuficiente.
En Tijuana llegaron
a amontonarse hasta 115 cadáveres en donde había espacio para 90, mientras que en Mexicali tuvieron 45 muertos y sólo 30 gavetas. Conservaban los cuerpos en planchas, cubiertos con hielo.
De 2009 a la fecha se han entregado cuatro cuerpos a la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y 25 a diversas escuelas superiores
de Tijuana.
También el sur
De acuerdo con el procurador
de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, en la entidad no hay estadísticas
"reales" o "confiables" respecto al número de ejecutados,
desaparecidos, secuestrados,
levantados ni de fosas clandestinas.
Tampoco se tiene un buen laboratorio de servicios
periciales, ni para realizar
las pruebas de ADN ni suficientes cámaras móviles de rayos X; las necropsias se hacen en el panteón de cada municipio y hay un grave déficit
de agentes del Ministerio
Público, peritos y agentes estatales de investigación.
De acuerdo con Alberto Rogelio Ortega, jefe de Servicios
Periciales del Estado de México, a partir del año 2000 se han registrado alrededor
de mil 500 inhumaciones
en fosas comunes. El cadáver que no es reconocido
se lleva al panteón del municipio donde murió. La mayoría de los que llevan a la fosa común, 70 por ciento, han muerto por disparos de arma de fuego; el 30 por ciento
restante son quemados, decapitados, asfixiados... Los municipios donde hay más entierros en fosas comunes
son Chalco, Ixtapaluca
y Ecatepec.
"Cada panteón tiene su fosa. Por lo general tenemos un depósito de ataúdes que nos proporcionan el IMSS o el ISSSTE y en ellos mandamos
los cadáveres no identificados
a la fosa común".
Explica: "Para la identificación
de los cuerpos se cuenta con una cédula donde
se registran los datos que aporta el cadáver: media filiación, estatura y características
de cabello, ojos, nariz o boca. Incluye una fotografía de las ropas que vestía al ingresar al Servicio Médico Forense y se mencionan
sus señas particulares. Sin embargo son pocas las personas que llegan al Semefo
en busca de sus familiares".
Indica que muchos cadáveres
se donan a las universidades:
"Si nos piden un cuerpo y lo tenemos, se los damos. Cuando terminan, ellos mismos se encargan de inhumarlo con el visto bueno
del Ministerio Público".
Otra historia es la que llega
de Veracruz. Fernando Rebolledo, encargado del panteón municipal de Jalapa,
explica que en el tiroteo más reciente, en el Lencero, hubo 11 muertos , de los que sólo dos se enterraron en ese cementerio.
"Los sepultamos en bolsas,
en calidad de no identificados.
Cuando los trajeron ya apestaban, sangraban todavía
las bolsas negras en las que los trajeron. Creo que la carne todavía estaba fresca", narra un sepulturero.
Agrega: "Hace como dos años trajeron unas 13 bolsas, pero cuando hay enfrentamientos nunca dicen en realidad cuántos muertos hay, como en el caso
de Casa Blanca: se habló de 14 muertos pero la gente que vio la balacera dijo que hubo más de 20. Hace unos cuatro años que las autoridades
trajeron seis cubetas con los cuerpos de hombres todos despedazados; arriba de las cubetas estaba la cabeza...
y así los enterramos, también en la fosa común. Nunca ha venido nadie a visitarlos".
El administrador del panteón
municipal del puerto de Veracruz platica a Proceso que hace 15 días el Semefo llevó siete u ocho cadáveres para la fosa común: "Vienen todos cosidos, a veces son los que mueren en los enfrentamientos,
en las balaceras o los que no reclaman sus familiares, indigentes o que mueren en los hospitales y nadie los reclama; los saca el forense y los envía para acá".
Las fuertes lluvias del martes 12 y el miércoles 13 dejaron al descubierto algunos
restos en la fosa común de ese panteón: se puede ver cómo sobresale de la tierra un cráneo todavía con cabello
o plásticos negros mal tapando otros cuerpos.