"Recurren cárteles a 'narcoacarreados'"

MÉXICO (UNIV)._ Los cárteles de la droga también han optado por la utilización de "acarreados" "lo mismo indigentes que comerciantes ambulantes", sólo que en su caso pagan por la organización de movilizaciones contra la presencia del Ejército mexicano, como parte de una campaña para obligar al retiro de las tropas en estados como Tamaulipas y Sinaloa, según confirma un documento elaborado por las áreas de inteligencia del Gobierno federal.
El informe detalla que como parte de esta estrategia empleada por los cárteles del Golfo y Sinaloa, en la que se utiliza como "fachada" el presunto descontento de la población civil, los narcotraficantes han recurrido a ciudadanos dispuestos incluso a denunciar públicamente supuestos actos de abuso y violaciones a sus derechos por parte de militares, para exigir el repliegue de los soldados de sus centros de operación.
A partir de labores de inteligencia efectuadas en Tamaulipas, donde el 3 y 10 de septiembre de 2007 se realizaron marchas y plantones contra la presencia del Ejército en la región "ante una supuesta ola de abusos por parte del personal de la octava región militar", las autoridades federales concluyeron que "durante las marchas de protesta que supuestamente han surgido de diversos sectores sociales, los órganos de búsqueda han detectado 'acarreados'". Se detalla que los narcotraficantes han reclutado a los "inconformes", entre los que lo mismo hay comerciantes ambulantes que indigentes o vagos, dispuestos a participar en las movilizaciones, "mismos de los que se cuenta con información de que son pagados por la delincuencia", mientras que otro porcentaje de los asistentes a estas manifestaciones son curiosos.
En el análisis de esta situación, el documento incluso presenta un seguimiento de las notas periodísticas publicadas entre mayo y septiembre de 2007 por periódicos locales de Tamaulipas, en las que se dan a conocer los supuestos excesos de los militares contra la población civil, que incluyen detenciones ilegales, privaciones ilegales de la libertad y presuntos actos de tortura.
La difusión de las presuntas violaciones por parte de militares, desde la perspectiva de las autoridades federales, también forma parte de una campaña de contra información para desprestigiar a las fuerzas castrenses, ya que los supuestos incidentes se registraron en zonas consideradas como puntos de operación del cártel del Golfo, como Matamoros y Reynosa, que precisamente fueron el escenario de las protestas ciudadanas de septiembre, contra la presencia del Ejército mexicano en esa entidad.
Como parte de esta estrategia, señala el informe, también se ha detectado denuncias públicas "que no se encuentran sustentadas de manera formal ante la autoridad competente"; además de que en el caso de Tamaulipas se han interpuesto quejas ante organismos locales como "el Centro de Estudios Fronterizos de Promoción de los Derechos Humanos, AC".
"Al haberse realizado investigaciones internas sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte del personal militar, el mando territorio no ha descubierto responsabilidades", señala el documento.

Las protestas


Tamaulipas
--De hecho, el 13 de octubre de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que el cártel del Golfo paga una campaña de desprestigio contra sus elementos desplegados en el estado de Tamaulipas, que es el bastión del poder de esa organización.
La dependencia aseguró que ante el éxito de sus tropas en el combate al narcotráfico en la zona, éstas "han sido sujetas a constantes campañas de desprestigio de carácter mediático por medio de movilizaciones sociales, pagadas por narcotraficantes del grupo del cártel del Golfo, basándose en argumentos falsos de supuestos maltratos y abusos por parte de personal militar".

Sinaloa
--Días después de esta declaración, el 31 de octubre y el 12 de noviembre, se registraron nuevas movilizaciones antimilitares en Culiacán, Sinaloa, presuntamente pagadas por el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, para obligar al repliegue de las tropas.
No obstante, las investigaciones para ubicar a los presuntos responsables del financiamiento siguen en el ámbito militar, pues de acuerdo con autoridades de la Procuraduría General de la República el área encargada de indagar las actividades del narcotráfico, incluyendo sus operaciones financieras, no ha recibido denuncia alguna.