MÉXICO (UNIV).- Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación informaron que el Estado mexicano firmó el miércoles
los acuerdos para la solución
de dos casos que se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el ánimo de privilegiar el diálogo y la concertación con las víctimas.
El primero de ellos es el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma, quien en 2002, con 16 años de edad, desapareció y fue encontrada
sin vida en una carretera cercana a la ciudad de Chihuahua.
Casi siete años después de iniciado el trámite del caso,
la CIDH encontró acreditada
la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El segundo, es el caso de los señores Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián,
indígenas purépechas que alegaron faltas al debido proceso por no haber sido asistidos por intérpretes durante un juicio
seguido en su contra en el que fueron encontrados responsables penalmente y condenados a penas privativas
de libertad.
La CIDH, después de 14 años de trámite, admitió el caso para iniciar su análisis sobre el fondo del caso.
"Por primera vez, como ocurrirá en el caso de los señores Martínez Torres y Martínez Damián, la reparación
del daño comprenderá medidas que beneficiarán a toda la comunidad purépecha
michoacana", se aseguró en un comunicado.
El Gobierno de México, dijo la Cancillería en un comunicado, agradece el acompañamiento de la Comisión
Interamericana para la solución de estos asuntos, particularmente el brindado por su Secretario Ejecutivo, Doctor Santiago Cantón, y ratifica su pleno compromiso
con la promoción y protección de los derechos humanos ante el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.
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