"Revelan PGR pistas de que Silvia fue asesinada"

MÉXICO (APRO)._ Después de casi 15 meses de tener conocimiento del secuestro de Silvia Vargas Escalera, hija del ex presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Nelson Vargas, la Procuraduría General de la República informó que tiene testimonios de que la joven "fue privada de la vida".
En tres párrafos, la dependencia federal señaló que de acuerdo con los testimonios recabados, tiene "datos" de que la joven Silvia Vargas Escalera fue asesinada en un domicilio de la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.
En el comunicado, la PGR informó que solicitó y obtuvo una orden de cateo, la 42/08, del juez octavo de Procedimientos Federales, para realizar un cateo en la casa marcada con el número 51 de la calle Bellavista, en la colonia San Miguel Xicalco, en Tlalpan.
La Procuraduría añadió que en cuanto culminen los estudios de Servicios Periciales, se harán del conocimiento de la opinión pública sus resultados.
Silvia Vargas Escalera, de 18 años de edad, fue secuestrada en 10 de septiembre de 2007. Sin embargo, la familia del ex director de la Conade no denunció el plagio por temor a que los secuestradores atentaran contra la vida de la joven.
De acuerdo con información del personal allegado a las investigaciones, la PGR recibió una llamada anónima denunciando que el domicilio antes citado había sido utilizado como casa de seguridad de secuestradores, por lo que la dependencia solicitó la orden de cateo.
La mañana de ayer, al revisar el inmueble se localizó un cuerpo en estado de descomposición, que está siendo sometido a pruebas periciales para su identificación.
La respuesta de la PGR se dio una semana después de que Nelson Vargas denunciara las irregularidades en que había incurrido la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones en la indagación del caso.
En una conferencia de prensa, el 26 de noviembre, en la que acusó a los encargados de las indagatorias de "no tener madre", Vargas señaló que 10 días después del secuestro de su hija entregó información al director general de Secuestros de la PFP, Benito Roa, así como a Vicente Ibarra, suboficial de la Coordinación de Inteligencia de la misma corporación.
De acuerdo con el ex funcionario, a las autoridades federales les confió sus sospechas de que en el plagio estaría involucrado Óscar Ortiz González, quien era su chofer. Además, reveló que el pasado 8 de octubre, la familia Vargas Escalera confirmó que su ex empleado era hermano de Raúl Ortiz González, miembro de la banda de secuestradores "Los Rojos".
Raúl Ortiz González, originario de Guerrero, estado en el que fue procesado por secuestro; fue encarcelado y se fugó del penal de Chilpancingo el 8 de octubre de 1999; en septiembre de 2008 fue detenido por el mismo delito, y se escapó el 28 de ese mes cuando era atendido en el hospital Xoco de la Ciudad de México.
Vargas reprochó la falta de resultados de las autoridades federales.
"Hubo muchas omisiones, muchos errores, la telefonía, la camioneta; no investigar a quienes ellos mismos nos pidieron sus datos personales… Les dimos todas las posibles evidencias", acusó.
Después de señalar que hubo errores, "falta de profesionalismo y negligencia", Vargas consideró que los motivos para no abundar en las investigaciones del secuestro de su hija es que los funcionarios temen que resulten involucradas autoridades de alto rango, de la PFP, SIEDO o la AFI, como ha pasado en otras ocasiones de secuestro y narcotráfico.
El ex funcionario federal denunció la policía no investigó el número celular desde el cual la familia recibió la primera llamada de negociación; no practicó pruebas periciales a la camioneta donde fue secuestrada su hija y que fue abandonada en la colonia Guerrero de la capital; así como tampoco se tomaron huellas dactilares de las dos bolsas que contenían las pertenencias de su hija, enviadas por los secuestradores seis días después de los hechos.
En una entrevista concedida al diario Reforma, Nelson Vargas acusó que los agentes de la SIEDO encargados del caso hicieron "una investigación de primaria" en Guerrero, a donde se trasladaron a petición suya para investigar a la familia de su exchofer.
Señaló que a pesar de que existen 40 cámaras en el trayecto de la casa a la escuela de su hija, los funcionarios de la PGR le dijeron que no había ninguna, y que la indagatoria se ha mantenido abierta gracias a la información que ha recabado la familia.