No somos frágiles, pero nos sabemos vulnerables
Abrumados, enojados, indignados, hartos, tristes y con temor... así llegamos el sábado pasado ya casi en la noche a interponer una denuncia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Mazatlán.
Así concluía un día pesado, difícil y cansado de esos que nos gustaría que no pasaran nunca, pero que por desgracia no nos son desconocidos.
Por la mañana, un solo comentario en una publicación de un red social con una foto de una de nuestras periodistas nos puso en alerta.
El comentario era corto, muy corto, pero no era menor, pues la acusaban de ser “informante” de una persona a quien sólo mencionaron por su apodo pero que se sobreentiende, y se tienen datos extraoficiales, de que pertenece a una facción del crimen organizado.
Para nosotros, ese solo comentario, acompañado de la foto de nuestra periodista, es una señal de alto riesgo que obliga a activar nuestros protocolos de seguridad y protección.
Desde el mediodía que nos enteramos iniciamos una estrategia establecida, decidir con la reportera en cuestión si deseaba interponer denuncia y si autorizaba que se publicara una nota al respecto en nuestras plataformas.
Así lo establecen los protocolos, nos señalan qué se debe hacer en casos de amenazas o ataques, pero nos precisan que debe ser con autorización expresa del periodista en cuestión, y con el respaldo absoluto de la institución.
Una vez acordada la estrategia, pudimos concretar, con apoyo del Colectivo de Periodistas para la Paz y la Libertad de Expresión, que nos recibieran la denuncia en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana y Primer Contacto Región Sur y de la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para entonces, ya habíamos subido a nuestro sitio y nuestras redes sociales la nota bajo el título “Periodista de Noroeste recibe acoso digital”.
Por la noche, luego de estar alrededor de tres horas interponiendo la denuncia publicamos la nota “Noroeste presenta denuncia por acoso digital a periodista”.
Y una edición de ambas notas fue publicada en la primera plana de nuestro ejemplar impreso del domingo.
No es sencillo procesar estos momentos cuando recibimos una amenaza, un ataque o una intimidación, pero al menos aferrarnos a nuestros protocolos de seguridad nos permite tener un respaldo que nos ayuda a continuar operando, pese al desgaste y la frustración que estos hechos nos producen a todos en la Redacción.
Porque de hecho incluso nuestros protocolos están así establecidos, el golpe lo recibimos todos, por eso no especificamos el nombre del periodista o la periodista señalada, porque para nosotros es un ataque a toda el área editorial y a todo Noroeste.
El mismo sábado de la publicación, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa se puso en contacto con nuestra reportera y le ofrecieron apoyo, además que activaron sus protocolos para el caso.
De parte de autoridades, sólo del Gobierno de Mazatlán se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos apoyo, lo cual se agradece.
Dimos vista a la asociación Artículo 19, de la que somos parte activa y que nos ha respaldado en otras ocasiones de agresión o amenaza.
De hecho nuestros lineamientos de protección también marcan hacer ese tipo de reportes con organismos nacionales y/o internacionales de defensa de la libertad de expresión.
Article 19 MX-CA (Artículo 19 México y Centroamérica) se define como “una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia”.
En Noroeste, esta organización nos ha respaldado en todos los casos de agresiones que se han registrado contra nuestros periodistas o nuestras instalaciones.
Luego de haber dado vista del caso actual, Artículo 19 nos informó que emitirán una alerta, con el fin de que sea un documento preventivo donde se expongan los hechos y se haga un llamado a las autoridades para garantizar la protección de nuestra reportera.
Además, este viernes nos reunimos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, y el jefe de la Oficina Regional Zona Sur, Érik Alberto Tiznado Sánchez, quienes amablemente nos convocaron para escuchar sobre esta situación específica.
El organismo se comprometió a dar seguimiento especial a la denuncia y emitir una queja por oficio para apoyar que se le dé atención a la situación.
Nuestra intención como institución es que el caso se visibilice y se proceda legalmente porque estamos convencidos de que callar al respecto nos pone más en riesgo.
Somos periodistas y hacemos periodismo de manera profesional en una empresa seria que nos respalda. Sin embargo, no somos ingenuos, sabemos donde estamos parados y bajo qué condiciones se tiene que trabajar en Sinaloa en el contexto actual. No somos frágiles, pero sí nos sabemos vulnerables.
Ciertamente todos los ciudadanos sinaloenses estamos expuestos y en riesgo en estos momentos, pero como periodistas tenemos claro que nuestra profesión es de alto riesgo en México.
Como bien señala la UNESCO: “Cuando se ataca a un periodista por su trabajo, no sólo se viola el derecho individual del periodista a la libertad de expresión, sino también los derechos colectivos de la sociedad para acceder a la información. Silenciar a un periodista no debería preocupar únicamente a un individuo o sindicato periodístico, es un tema que afecta a la sociedad en su conjunto, su presente y su futuro. Una amenaza contra un periodista es una amenaza contra nuestra libertad”.
