Relaciones y roces con departamentos de comunicación oficial

Ser periodista de profesión nos va habituando a cierta relación de cercanía con la comunidad, con las fuentes, con las víctimas, con los denunciantes, en fin, con todo aquel que de una u otra forma es parte del círculo de la información, ya sea como generador de ella o como receptor.

A todo eso, la experiencia nos va acostumbrando y nos deja un aprendizaje constante, pero hay algo a lo que no nos acostumbramos ni queremos hacerlo, y es al roce que de una manera u otra enfrentamos con algunas fuentes, sobre todo políticas y/o gubernamentales, y principalmente con sus áreas de prensa o comunicación oficial.

La razón principal es que a la mayoría de dichas fuentes les gustaría que sólo dijéramos cosas buenas de ellos, y algunos llegan a querer imponer lo que de sus actividades se publica en nuestras páginas y plataformas.

Esto es normal y lo toleramos, la fuente quiere imponer su narrativa, y hasta cierto punto se entiende, pero el problema es cuando esto se convierte en dos cosas: en querer obstaculizar nuestro trabajo, es decir, nuestras coberturas, y en insistir en que la información sólo fluya a través de sus comunicados o boletines, sin darnos acceso a eventos, a agendas o a entrevistas.

Ese es nuestro día a día, pero a veces arrecia con una fuente u otra.

Por ejemplo, cuando como medio de comunicación señalamos que la agenda pública de una autoridad omite recorridos o reuniones relevantes, la respuesta institucional debería comenzar por explicar esas ausencias, pero si en lugar de eso, desde las áreas de comunicación insisten en preguntar quién escribió las notas o quién decidió su enfoque, esto deja pendiente lo esencial, el saber por qué ciertas actividades oficiales no se informan oportunamente para poder darles cobertura.

Esto es lo que ha estado pasando estos últimos días en Mazatlán, donde los señalamientos de Noroeste sobre la información que se proporciona de las actividades de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez han derivado en cuestionamientos de trabajadores del área de Comunicación acerca de la autoría de las notas y las decisiones editoriales de esas publicaciones, reacción que merece atención porque desplaza la conversación desde el desempeño del Gobierno hacia quienes lo observan.

La agenda de una Presidenta o Presidente Municipal tiene una función que va más allá de organizar coberturas periodísticas, pues permite conocer qué asuntos atiende, con qué autoridades se reúne, qué recorridos en el municipio realiza y sobre todo, cuáles son las prioridades de su administración.

Es por eso que cuando los recorridos se conocen hasta después de realizados o los encuentros con autoridades estatales y federales aparecen bajo la clasificación genérica de “reuniones privadas”, disminuyen las posibilidades de los medios de preguntar, contrastar y dar seguimiento.

Desde luego, hay encuentros oficiales que requieren discreción, pues una reunión de trabajo puede celebrarse sin acceso a la prensa, y determinadas circunstancias pueden justificar que sus detalles se comuniquen posteriormente a través de un comunicado, pero a su vez, una reunión a puerta cerrada puede tratar asuntos de evidente interés público.

Por ello, resulta razonable esperar una explicación sobre los criterios utilizados para elaborar y difundir la agenda, por lo que cuestionamientos como ¿qué actividades se incluyen?, ¿por qué otras se omiten?, ¿cómo se comunican los cambios de última hora?, ¿qué información se ofrece sobre los acuerdos alcanzados en reuniones sin acceso a medios?, son preguntas concretas que una oficina de Comunicación debería estar en condiciones de responder.

Sin embargo, en lugar de eso, lo que nos responden es indagar quién decidió el enfoque de una nota sobre estas cuestiones, y esto puede generar un ambiente de presión, especialmente cuando la pregunta proviene de funcionarios cuya tarea es facilitar el acceso a la información.

Preguntar por una autoría no constituye, por sí solo, una amenaza, pero el contexto, la insistencia y el propósito del cuestionamiento importan, porque cuando el interés se concentra en identificar al responsable de una crítica, el mensaje puede interpretarse como una advertencia, aunque no se formule abiertamente.

Tampoco corresponde afirmar, sin elementos que lo acrediten, que estas intervenciones obedecen a una instrucción de la Alcaldesa o a su molestia personal, por lo que esa posibilidad debe mantenerse como tal.

Lo que sí puede examinarse es la actuación del personal de la Dirección de Comunicación y su disposición para atender observaciones sobre el trabajo institucional.

Los medios también deben responder por la precisión de lo que publican. Si una nota contiene un error, el Ayuntamiento puede señalarlo, aportar documentos y solicitar su corrección, incluso, si discrepa del enfoque, puede presentar sus argumentos, ya que ese intercambio es parte de una relación profesional y permite que la ciudadanía disponga de más elementos para formarse una opinión.

La independencia editorial supone que las decisiones sobre qué investigar y cómo presentar información de interés público corresponden al medio, sujetas al rigor y a la responsabilidad periodística, por lo que la comodidad de los funcionarios no puede convertirse en el criterio para definir una cobertura.

Ante esto, el Ayuntamiento de Mazatlán tiene una salida práctica, el difundir una agenda más completa, informar sus modificaciones y explicar el contenido institucional de los encuentros y recorridos que deban celebrarse sin prensa; atender esas deficiencias contribuiría mucho más a la confianza pública que presionar para averiguar quién decidió señalarles en las notas las omisiones.