A 12 años de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se mantiene como uno de los símbolos más desgarradores y complejos de la historia contemporánea de México. Más allá del paso de los días y de las alternancias políticas, el clamor sigue intacto: ¿dónde están?
Los años transcurridos no han traído el consuelo de la verdad absoluta ni la serenidad de una justicia plena para las familias. La investigación, fragmentada a lo largo de tres administraciones gubernamentales distintas, ha navegado entre versiones oficiales colapsadas, como la desmantelada “Verdad Histórica”,, avances a cuentagotas, resistencias institucionales y tensiones constantes entre los investigadores independientes y los mandos del Estado.
Ayotzinapa expuso de manera irreversible las entrañas de una crisis estructural. No se trató solo de un episodio de violencia criminal aislado, sino del reflejo de la colusión entre autoridades locales, fuerzas de seguridad y el crimen organizado.
Hoy, la reflexión no sólo apela al dolor de las familias que no han dejado de marchar, sino al estado general de las garantías en el País. El caso Ayotzinapa se ha convertido en el espejo donde se miran las más de 100 mil personas desaparecidas en México. La falta de un cierre definitivo y transparente envía un mensaje peligroso: cuando la impunidad se arraiga en un expediente emblemático, la desprotección se democratiza para el resto de la sociedad.
A 12 años de distancia, recordar Ayotzinapa ya no es sólo una exigencia de resolución judicial; es un acto de resistencia cívica contra la desmemoria.
