De acuerdo con datos de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, presentados el martes, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Sinaloa se ubica en la novena posición con un total de 12 mil 811 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.
Por parte de la Fiscalía General del Estado se destaca que entre los años 2006 y 2022 se han registrado 10 mil 570 denuncias por desaparición forzada de personas.
En este contexto, el jueves Sinaloa se convirtió en el tercer estado en instalar el Mecanismo estatal de seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin duda un paso adelante en los esfuerzos gubernamentales para atender la grave crisis de desaparición forzada que aqueja al estado y que en el contexto nacional lo ubica en el primer tercio de la lista.
De acuerdo también con la Fiscalía estatal, el 74 por ciento de la incidencia por desaparición forzada de personas se concentra en Culiacán, Mazatlán y Ahome, las ciudades con mayor población.
Igualmente, la Fiscalía informa que durante los últimos seis años, Sinaloa ha tenido el mayor número de denuncias por este delito. El año 2019 con mil 089 denuncias ha sido el de mayor incidencia.
Sin embargo, en la instalación del Comité contra la Desaparición Forzada, el representante Adjunto y Oficial a Cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, advirtió que podría haber fallas en este mecanismo.
“Si el mecanismo no logra los resultados deseados, pues los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas se verán afectados”, precisó Peña Palacios.
Aunque las autoridades, representadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya, ofrecieron garantías que las funciones a las que se refirió el representante de la ONU serán vinculantes en la tarea a realizar por parte de este mecanismo estatal de seguimiento.
Una tarea ardua y difícil, dado el contexto de violencia soterrada y amenazas puntuales a los esfuerzos por atender, detener y evitar la desaparición forzada de personas en Sinaloa.
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